La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (Acnudh) de la Organización de Naciones Unidas (ONU) reafirmó su posición sobre la criminalización de las protestas en Venezuela, donde la semana pasada un tribunal condenó a seis sindicalistas venezolanos a 16 años de cárcel.
En consulta escrita hecha por Efecto Cocuyo, la portavoz de la Acnudh, Marta Hurtado, dijo que “la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos ha tomado nota del veredicto que condena a los seis sindicalistas a 16 años, por los cargos de conspiración para delinquir y asociación para delinquir”.
Hurtado reafirmó “las preocupaciones previamente planteadas en cuanto a la criminalización de los defensores de derechos humanos en Venezuela, incluyendo aquellos comprometidos en demandas por mejores condiciones de trabajo y derechos laborales”.
Estas declaraciones ponen en duda lo dicho por el Fiscal General impuesto por la Asamblea Nacional Constituyente de 2017, Tarek William Saab, quien aseguró que “la delegación de la ONU quedó satisfecha con la información que se les brindó”.
Prestar asistencia a las autoridades
El pasado martes 1 de agosto fueron sentenciados seis dirigentes sindicales venezolanos a 16 años de cárcel. Alcides Bracho, Emilio Negrín, Gabriel Blanco, Reynaldo Cortés, Néstor Astudillo y Alonso Meléndez son los nombres de las personas que fueron sentenciadas por la jueza del Tribunal 2° de terrorismo, Grendy Duque.
Los cargos por los que fueron sentenciados los dirigentes sindicales son delitos de conspiración y asociación para delinquir. Sin embargo, diferentes organizaciones no gubernamentales expresaron que dicha sentencia es “aberrante” y “brutal”.
Mientras tanto, Tarek William Saab afirmó que el caso “se abordó con la oficina del Alto Comisionado DDHH-ONU” y resaltó que “la delegación de la ONU quedó satisfecha con la información que se les brindó”. No obstante, la respuesta de la portavoz de la Oficina es de preocupación en cuanto a la criminalización de los defensores de DD.HH. en el país. Incluyendo a quienes están “comprometidos en demandas por mejores condiciones de trabajo y derechos laborales”.
Marta Hurtado indicó que “la Oficina mantiene su compromiso de prestar asistencia técnica a las autoridades para promover el cumplimiento de las normas internacionales, en un espíritu de genuina cooperación”.