La abogada y activista Rocío San Miguel no fue traslada al tribunal por cuarta semana consecutiva, lo que impide que tenga una defensa privada.
Este jueves, 14 de marzo, el abogado Joel García describió que se encuentra en «indefensión» ante la negativa del Tribunal Segundo contra el Terrorismo del Área Metropolitana de Caracas de ordenar su ida al juzgado.
«Desde su aprehensión Rocío San Miguel se encuentra en estado de indefensión. Una vez más, el Juzgado 2 de Control con competencia en Terrorismo no ordenó el traslado para designar defensa de su confianza. El tribunal que debe garantizar sus derechos y el debido proceso, lo viola», escribió en su cuenta de la red social X, antes Twitter.
A San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano, la detuvieron el 9 de febrero cuando pretendía salir del país junto a su hija, Miranda Díaz San Miguel.
Desde entonces y hasta su presentación en tribunales, el 12 de febrero, se mantuvo en desaparición forzada, como denunciaron sus representantes legales, ONG nacionales e internacionales y hasta la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los DDHH. Esto último hizo que el gobierno de Nicolás Maduro lo calificara como una injerencia en asuntos internos y por tanto ordenó su expulsión del país.
Qué pasa con Rocío San Miguel
García ha insistido en la falta de traslado a San Miguel al tribunal, para que los abogados tengan acceso a ella, al expediente y poder asumir su representación legal. Solo cuenta con un defensor público que le puso el Estado desde que la aprehendieron y hasta el momento.
A su expareja, Alejandro González Canales, también lo dejaron preso y después de estar en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), en Boleíta, lo enviaron a la cárcel de El Rodeo I, en el estado Miranda, donde su familia pudo tener contacto con él por 15 minutos, después de un mes sin poder comunicarse con el militar.
A San Miguel y González Canales los imputaron de varios delitos por una supuesta conspiración que buscaba atentar contra el mandatario Nicolás Maduro, que la Fiscalía bautizó como «brazalete blanco».
García dijo la semana pasada que ella envió un mensaje, aunque no especificó como, en el que confiaba en su inocencia y pedía que se le ablandara el corazón a quien ordenó su arresto.
Además, el Ministerio Público también imputó a la hija de San Miguel, el papá de la joven y dos hermanos de la abogada y activista, por supuestamente obstaculizar el caso. Aunque los dejaron libres, tienen medidas como prohibición de salida del país, declarar a los medios de comunicación sobre el caso y presentarse cada ocho días en un tribunal.