Ha pasado un mes desde que la presidenta de la ONG Control Ciudadano, la abogada y activista Rocío San Miguel, fue detenida por funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, estado Vargas.
La detención registrada el 9 de febrero generó preocupación nacional e internacional debido a las violaciones de derechos humanos y el manejo irregular del proceso judicial en su caso.
A San Miguel la aprehendieron en el área de migración del aeropuerto cuando se disponía a salir de viaje a Estados Unidos junto a su hija. Desde entonces, no ha tenido contacto con sus abogados privados ni con sus familiares, salvo la visita de su hija registrada el domingo 18 de febrero.
Además, también apresaron a parte de su grupo familiar: su hija, su hermano y dos exparejas de la activista. A este grupo los privaron de libertad y posteriormente excarcelaron con medidas cautelares, a excepción de Alejandro González Canales, quien se en encuentra detenido en la sede de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim), en Boleíta, Caracas.
Víctima de desaparición forzada
La defensa de San Miguel y organizaciones de derechos humanos denunciaron que la activista de DDHH fue víctima de desaparición forzada, pero el fiscal general de la República designado en 2017 por la extinta Constituyente, Tarek William Saab, ha negado que San Miguel haya sido víctima de esta práctica.
Desde que la encarcelaron a San Miguel le suspendieron su traslado a la sede de los tribunales tres veces, lo que impide su derecho a tener una defensa privada, pese a que es una garantía constitucional en Venezuela.
Irregularidades en el proceso legal
Una de las principales irregularidades en el proceso ha sido la presentación ante tribunales de control 100 horas después de su detención, cuando el lapso máximo permitido es de 48 horas. Esta dilación vulnera los derechos constitucionales y procesales de San Miguel. Además, se le ha negado el derecho a una defensa adecuada, ya que su equipo de defensa privado no ha podido juramentarse como parte de su equipo legal.
A pesar de las denuncias y presiones internacionales, San Miguel y sus abogados privados enfrentan obstáculos en el proceso legal, con la negación del derecho a la defensa y la falta de comunicación con la activista.
La incertidumbre sobre su situación legal y el acceso a un juicio justo continúa siendo una preocupación y ya los lapsos legales para ejercer un recurso de apelación contra la medida judicial de preventiva de libertad que se le decretó a San Miguel ya han culminado.
Respuesta internacional y expulsión de la ONU
La detención de San Miguel generó una respuesta internacional significativa, con llamados a su liberación inmediata por parte de organizaciones como Amnistía Internacional y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Sin embargo, el gobierno de Maduro respondió con la expulsión del país de los funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para DDHH, al acusarlos de interferir en asuntos internos.
Esta medida se concretó el 17 de febrero, en el plazo de 72 horas que le dio Miraflores a los miembros de este organismo para salir del país.
La comunidad internacional ha instado al gobierno de Maduro a respetar el estado de derecho y garantizar un juicio justo para San Miguel y otros presos políticos en el país. Sin embargo, hasta el momento, estas llamadas no han resultado en cambios significativos en la situación de la abogada y activista ni en la política de detenciones arbitrarias en Venezuela.
La detención de Rocío San Miguel también generado críticas por parte de la sociedad civil venezolana, así como de figuras políticas y organizaciones de derechos humanos.
Se han realizado protestas exigiendo su liberación y se han expresado preocupaciones sobre el estado de la democracia y el respeto a los derechos humanos en Venezuela. Sin embargo, el gobierno de Maduro ha rechazado estas críticas y ha defendido la legalidad de la detención de San Miguel, al reiterar la acusación de participar en actividades conspirativas contra el Estado.
Impacto de la detención
La privación de libertad de Rocío San Miguel ha tenido un impacto significativo en la sociedad venezolana y en la comunidad de defensores de derechos humanos en el país.
Su caso ha generado un debate público sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela y ha puesto en el tablero la importancia de proteger a los defensores de derechos humanos en un contexto de creciente represión por parte del Estado.
Activistas han exigido su liberación inmediata, pero la experta en temas militares continúa encerrada en los barrotes de El Helicoide, un centro de detención administrado por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), que ha sido cuestionado en diversos informes, por ser un centro donde se aplican torturas, tratos crueles y degradantes y otros tipos de graves violaciones de garantías fundamentales.
A medida que continúa el proceso legal de Rocío San Miguel, persisten las preocupaciones sobre su bienestar y la garantía de un juicio justo. La falta de acceso a abogados privados, la negación del derecho a la defensa y la denunciada falta de transparencia en el proceso judicial plantean desafíos significativos para su caso.