Un grupo de 14 civiles armados, conocidos como colectivos, fue detenido durante un procedimiento de la policía del municipio Sucre del estado Miranda el domingo 4 de febrero, cuando presuntamente robaban un galpón en Fila de Mariches, al este de Caracas.
Los hombres fueron llevados a la comisaría policial para luego ser presentados ante los tribunales. Horas más tarde de la detención, un grupo paramilitar denominado corredor Cara Al Río trancó los alrededores de la redoma de Petare y la sede de Polisucre para exigir la liberación de sus compañeros apresados.
Poco después, José Cristóbal Camejo Acosta, Yorman Alexander Delgado Montesinos, Anderson José Brito Vásquez, Jhonny José Yánez Mejías, José Ángel Brea Niño, Ezequiel José Farías Márquez, Kleiber Alexander Rodríguez López, Robert Alexander Reyes Acosta, Ervin Gilberto Tamara, Michael José Farfán Vásquez, Cristofe José Camejo Gómez, Daniel Ramón Pulido Ramírez, Sixto Manuel Quiñones Galderon y Jonathan Javier Ángulo Díaz, fueron liberados como lo exigieron sus compañeros del colectivo.
Un informe policial filtrado a la prensa señala que la orden de liberación fue dada por el mayor general Elio Estrada Paredes, quien también funge como viceministro del Sistema Integrado Policial.
Los detenidos pudieron salir de la sede de la policía municipal de Sucre con sus armas de fuego y con los vehículos y motocicletas incautados al momento de la detención.
Ante lo ocurrido el abogado y exfiscal venezolano Zair Mundaray dijo, en entrevista telefónica con Efecto Cocuyo, que el llamado grupo Corredor Cara Al Río es la punta de un “proyecto” para tomar el control de Petare con grupos paramilitares leales al gobierno.
El exfical señala que el gobierno pretendió tener el control de estas zonas con grupos de delincuencia organizada, pero se les salió de las manos.
“Eso tiene que ver con el ensayo que tuvieron en la Cota 905 que le salió muy mal y en Petare con Wilexis, que son organizaciones criminales que han tenido cierto apoyo estatal, de modo que no se les persigue, no se les hostiga a cambio de mantener cierto control territorial y tener el monopolio de la violencia”, aseguró.
El abogado explica que en la medida en que estas bandas de delincuencia organizada dejan de obedecer al Poder, porque las rentas criminales de estas organizaciones no se vinculan con el objetivo del Estado, comienza una confrontación como la ocurrida en la Cota 905, donde en julio de 2021 la operación policial denominada Gran Cacique Indio Guaicaipuro I acabó con el dominio de la megabanda de alias El Koki.
“La zona de mayor dominio de la población del Área Metropolitana de Caracas es todo el eje Catia y 23 de Enero, que está en mano de colectivos armados altamente ideologizados. Allí no entra ni la policía y a ellos se les delegó de manera integral todas las funciones públicas. En el 23 de Enero estos colectivos entregan el gas, distribuyen el agua cuando llega, hacen labores de seguridad, cobran vacuna a los pocos comerciantes que pueden quedar y gran parte del área comercial es de su propiedad”, afirmó.
Mundaray indica que estos grupos de civiles armados son un Estado dentro del Estado, pero al estar ideologizados le dan garantías al Poder de que ningún ciudadano en ese espacio se va a revelar u organizar políticamente.
“Esa es la pretensión en Petare y esa es la razón por la cual un organismo o un ente como este suplanta a la policía dentro del territorio. Patrulla con hombres armados, tiene capacidad de movilización, vehículos, armas ilegales, balas y mantienen un control territorial importante que garantiza que la gente no se movilice políticamente, garantiza que la gente no se articule a favor de protestas cívicas por falta de servicios públicos”, explicó.
Para este abogado venezolano en el exilio, la creación de estos grupos de civiles armados es un mecanismo de control social que le ha funcionado muy bien al Poder en gran parte del oeste de la ciudad y que ahora están ensayando en el este de la capital venezolana.
“El gran obstáculo son las organizaciones criminales y parte de la sociedad de Petare que no quiere vivir bajo el yugo de los colectivos, porque los colectivos se apropian de las rentas criminales, por esos los criminales no los quieren, pero también controlan gran parte de la sociedad civil y a las organizaciones chavistas”, dijo.
El poder de los colectivos en las comunidades
Luis Izquiel, abogado, criminólogo y profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV), sostiene, en entrevista con Efecto Cocuyo, que en muchas zonas los colectivos (paramilitares) son el verdadero poder dentro de las comunidades.
Izquiel hace referencia al más reciente informe del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), según el cual 7% de la población manifestó que la “seguridad” en su zona la prestaban los colectivos.
“Eso habla de la gobernanza que ejercen estos grupos en buena parte del país”, indica.
Izquiel detalla que la impunidad de miembros de colectivos que andan encapuchados, con armas de fuego ilegales y cometiendo otras fechorías, no es novedosa, ya que en varios episodios de los últimos años han ocurrido situaciones como la del reciente fin de semana en Petare.
“Claramente muchos de ellos gozan del apoyo de gente en el poder en Venezuela”, aseguró.
Izquiel recuerda que estas organizaciones en el pasado se han dado a la tarea de perseguir y amedrentar a miembros de la disidencia política, disolver manifestaciones, sabotear actos políticos, etc. “Quizás por eso son necesarios. Otros regímenes autoritarios en Latinoamérica han contado con grupos similares”, dice.
La respuesta policial
Para Izquiel, la respuesta inicial de funcionarios de la policía de Sucre, de detener a varios de estos paramilitares cuando presuntamente estaban cometiendo delitos flagrantes, fue correcta, pero lo que pasó luego no está claro.
“Los 14 detenidos fueron liberados por la propia policía, antes de ponerlos a la orden de un tribunal penal de Control, que fue lo que debió ocurrir”, dijo.
A Mundaray no le sorprendió esa liberación y recordó lo ocurrido con el exministro de Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres, que, según el exfiscal, calculó mal su fuerza y su capacidad de maniobra y dio luz verde para que arremetieran contra un grupo de colectivos criminales que además estuvieron involucrados en homicidios.
Rodríguez Torres dejó de ser ministro un día después de que grupos de civiles armados pidieron su destitución por la muerte del líder del colectivo Frente 5 de Marzo, José Odremán, en octubre de 2014, tras un presunto enfrentamiento con el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas.
“La respuesta de las autoridades era de esperar porque este tipo de colectivos tiene apoyo oficial, uno los ve cómo patrullan por la ciudad con total impunidad, roban, cobran vacunas y secuestran. Hacen lo que les da la gana y no son objeto de persecución de las autoridades. De hecho, las autoridades trabajan de la mano con ellos. Tuvimos experiencia en 2017, cuando en las protestas contra el gobierno estas personas salían a patrullar y a arremeter contra la población civil conjuntamente con funcionarios policiales y militares. Así que son un brazo armado civil del cual han echado en mano muchos dictadores”, agregó.
Para Mundaray, la función de la policía tiene límites, pero los grupos armados no tiene restricciones y no comprometen, según ellos, la responsabilidad del Estado. Explica que darles las licencias territoriales a estos grupos para el dominio de la población les resulta útil a modelos de gobierno vinculados con la criminalidad organizada.
“Temen que haya resquicio de autonomía y de aplicación de la ley porque todo lo que implica aplicación de la ley es contrario al proyecto chavista, esa es la razón por la cual son suprimidos en determinados territorios y se les entrega a los colectivos que son ideologizados y son leales a cualquier cosa que le digan como ocurrió en el 23 de Enero”, aseguró.