La activista y defensora de derechos humanos Rocío San Miguel fue detenida este viernes en el aeropuerto internacional Simó Bolívar de Maiquetía, del estado Vargas, informó la noche de este sábado 10 de febrero Provea.
En su cuenta en la red social X, la ONG Provea aseguró que la detención de San Miguel “constituye un hecho MUY GRAVE que pone en evidencia el progresivo cierre del espacio cívico y el empeño de quienes gobiernan por reprimir a las voces críticas”.
Exigen la inmediata liberación de la fundadora y presidenta de la ONG Control Ciudadano y denuncian que “este nuevo abuso forma parte de la penosa práctica de persecución contra quienes defienden y ejercen derechos” en Venezuela.
Hasta el momento ni el Ministerio Público o funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro se han pronunciado sobre esta detención que se habría practicado el viernes 9 de febrero..
Se desconocen las razones de esta detención, que se da en el contexto de investigaciones que adelantan autoridades nacionales sobre cinco presuntas conspiraciones contra el gobierno chavista.
La venezolana Rocío San Miguel tiene 57 años y es una reconocida defensora de derechos humanos y experta en seguridad, defensa y la Fuerza Armada Nacional.
Además de presidir la ONG Control Ciudadano, la abogada ha supervisado los compromisos del Estado venezolano con el Estatuto de Roma y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh).
El trabajo de San Miguel
La ONG que dirige San Miguel se enfoca en el “derecho de los ciudadanos a ejercer contraloría sobre los sectores de la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional”, según lo que indica su propia descripción en su sitio web oficial.
Control Ciudadano opera en un contexto de cierre progresivo del espacio cívico en Venezuela. Organizaciones internacionales, incluyendo la ONU, han advertido que en Venezuela los defensores de derechos ven cada vez más obstaculizado su trabajo, debido a las políticas de represión estatal del gobierno de Nicolás Maduro.
No obstante, los ataques hacia el trabajo San Miguel comenzaron hace una más de una década en Venezuela. En 2010, el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos manifestó “su seria preocupación por la seguridad y por la integridad de la Sra. Rocío San Miguel así como de sus familiares y en general”, debido a las amenazas que recibió por su labor.
El 18 de enero de 2012, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) otorgó medidas cautelares de protección a favor de Rocío y su hija.
En 2014 la organización Front Line Defenders denunció que el gobierno chavista hizo declaraciones difamatorias sobre la activista y que esta fue víctima de hostigamiento.