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Esta semana el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) debe votar una resolución liderada por seis países de la región que impulsan la continuidad del mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, que ha elaborado informes en los que concluye que en el país se han cometido crímenes de lesa humanidad.

Brasil, Canadá, Chile, Guatemala, Paraguay y Ecuador son los países que promueven la resolución.

Aunque en principio Perú también la respaldaba, días atrás decidió retirarse del grupo promotor y se limitó a reiterar su preocupación por las “graves violaciones y abusos” de DDHH que continúan siendo documentadas por la Oficina del Alto Comisionado de DDHH de la ONU.

Pero activistas de derechos fundamentales también expresan preocupación respecto a las posibles acciones que pudiera implementar el gobierno venezolano, luego de que Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela alertó que tomará las medidas “políticas y diplomáticas pertinentes en el ámbito bilateral y multilateral frente a una eventual prolongación del mandato” del mecanismo que calificó de injerencista.

Consultado por la Voz de América sobre cuáles podrían ser las “medidas” gubernamentales, Ali Daniels, director de Acceso a la Justicia, una asociación civil dedicada a monitorear la administración de justicia y el estado de derecho en Venezuela, considera que un escenario pudiera ser el cierre de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU en Caracas.

Daniels es profesor de derecho internacional humanitario de la Universidad Católica Andrés Bello.

“Esto nos preocupa porque independiente de los reparos que podamos tener a la labor de esa oficina aquí, es un órgano de derechos humanos y consideramos que es muy importante que se mantenga en la medida que ha denunciado elementos importantes de violación a los derechos humanos en el país y ha canalizado varias denuncias que defensores de derechos humanos han hecho”, explicó.

A juicio de Daniels, la reacción del gobierno demuestra que el informe “está rindiendo sus efectos” y que la mayor prueba de que expone la verdad es la censura y la autocensura que se registró en las televisoras de señal abierta en el país una vez que se divulgó a mediados de septiembre.

Los pronunciamientos del gobierno surgieron luego de la presentación del más reciente informe de la Misión, en el que concluyó que individuos de alta jerarquía en la cadena de mando de los servicios de inteligencia venezolanos cometieron “crímenes de lesa humanidad” y señala al presidente Nicolás Maduro de encabezar planes de represión contra la disidencia.

Lea más en: Las torturas y tratos crueles que documenta el tercer informe de la Misión de la ONU sobre Venezuela

¿Qué puede venir?

Marta Valiñas, presidenta de la Misión, considera que es necesario esperar que prevalezcan “las consideraciones sobre derechos humanos”, durante proceso de votación en el Consejo de DDHH esta semana.

En caso de que el mandato se extienda, algunos de los temas que podría abordar la Misión a futuro, de acuerdo a Valiñas, involucra las limitaciones al espacio democrático, en el contexto previo a las elecciones presidenciales previstas para 2024.

El clamor de la sociedad civil

Al menos 125 organizaciones nacionales e internacionales insistieron en la necesidad de que el mandato de la FFM sea renovado.

Rafael Uzcátegui, coordinador de Provea, una de las organizaciones de derechos fundamentales más antiguas del país, expuso la semana pasada en un diálogo interactivo del Consejo de DDHH que la Misión es un importante mecanismo de disuasión y “contención” del abuso de poder en Venezuela.

“Si no tuviéramos el trabajo de la Misión hoy sería muchísimo más graves las violaciones a los derechos humanos”, subrayó.

La Misión se creó en 2019 mediante una resolución del Consejo de DDHH de la ONU, por un periodo de dos años para evaluar presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas desde 2014 y fue prorrogado hasta septiembre del 2022.