El equipo de abogados encargados de la defensa de Rocío San Miguel confirmó que la presidenta de la ONG Control Ciudadano recibió medida privativa de libertad a petición del Ministerio Público y se le fijó como sitio de reclusión el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), sede El Helicoide, en el centro de Caracas.
Asimismo, su expareja Alejandro González De Canales, quien recibió la misma medida durante la audiencia en el Tribunal 2do de Control con competencia en Terrorismo, la noche de este 12 de febrero, permanecerá detenido en la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Boleíta, municipio Sucre.
Uno de los abogados, Joel García, indicó a Efecto Cocuyo que siguen sin poder entrar en contacto con la activista de derechos humanos, detenida el pasado viernes 9 de febrero en el aeropuerto de Maiquetía y que desconocen sus condiciones de salud, al igual que González, por lo que permanecen incomunicados. Durante la audiencia celebrada la noche del lunes de Carnaval se les impidió contar con defensa privada, lo que de acuerdo con los abogados viola el artículo 44 de la Constitución.
Este 13 de febrero, el fiscal designado por la Constituyente de 2017, Tarek William Saab, ratificó que a Rocío San Miguel se le imputaron los delitos de traición a la Patria, conspiración, terrorismo y asociación. A Gonzáles De Canales lo acusaron de “revelación de secretos políticos y militares concernientes a la seguridad de la nación, obstrucción a la administración de justicia y asociación”.
De acuerdo con Saab, San Miguel y sus familiares estarían vinculados con la trama conspirativa para derrocar al gobierno de Nicolás Maduro denominada “brazalete blanco”. Aseguró que en todos los casos se ha respetado el debido proceso y los derechos humanos y denunció una campaña internacional para desprestigiar al sistema de justicia venezolano por haber detenido a San Miguel y sus allegados.