La desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad. Así lo contempla el Estatuto de Roma, que dio pie a la creación de la Corte Penal Internacional (CPI).
Esta corte especial se encarga de juzgar cuatro tipos de crímenes, que se consideran como los más graves en la comunidad internacional: genocidio, crímenes de guerra, de agresión y de lesa humanidad.
En esta última categoría entra la desaparición forzada, según el artículo 7 del Estatuto de Roma, donde explican que este delito “se entenderá (como) la aprehensión, la detención o el secuestro de personas por un Estado o una organización política, o con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguido de la negativa a admitir tal privación de libertad o dar información sobre la suerte o el paradero de esas personas, con la intención de dejarlas fuera del amparo de la ley por un período prolongado”.
San Miguel, Salazar y activistas políticos
La detención de la abogada, activista de derechos humanos y presidenta de la ONG Control Ciudadano y de un grupo de sus familiares, Rocío San Miguel, se consideró una desaparición forzada desde el día de su detención el 9 de febrero hasta que finalmente cuatro días después los organismos de seguridad y justicia del gobierno venezolano informaron su sitio de reclusión.
Incluso la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos consideró su caso como un crimen de este tipo, horas antes de que los abogados de San Miguel conocieran que la privaron de libertad en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en El Helicoide.
Junto a su caso, están la de tres dirigentes del partido político de María Corina Machado, que suman este miércoles 22 días en desaparición forzada, desde que comenzaron sus detenciones el 17 de enero.
Se trata de Juan Freites, Luis Camacaro y Guillermo López, a quienes el gobierno acusa de formar parte de una supuesta conspiración para atentar contra el gobernante Nicolás Maduro, que denominan “Brazalete blanco”,
Otro caso es de un ingeniero en el estado Nueva Esparta, quien grabó al empresario de origen colombiano y aliado del chavismo, Alex Saab. Carlos Salazar, un extrabajador de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), hizo un video con su teléfono móvil en el que se ve a Saab entrar a una tienda en un centro comercial en Margarita. Lo subió a sus redes sociales el 5 de febrero y desde entonces no se conoce su paradero, aunque un testigo dijo que lo detuvieron personas vestidas de negro.
Que dice Amnistía Internacional sobre la desaparición forzada
Amnistía Internacional explica que la desaparición forzada es un mecanismo que usan gobiernos “para sembrar el terror en la sociedad. La sensación de inseguridad y miedo que genera no se limita a los familiares cercanos de las personas desaparecidas, sino que afecta también a las comunidades y a la sociedad en su conjunto”.
Después de reclamos, demandas y explicaciones por parte de ONG nacionales e internacionales, la búsqueda de sus defensores en los sitios típicos de reclusión de presos políticos, el gobierno dio a conocer que a San Miguel la tenían recluida en el Sebin.
Junto con ella apresaron a su hija Miranda Díaz San Miguel, al padre de la joven, Víctor Díaz, y a dos hermanos de la activista: Miguel San Miguel y Alberto San Miguel. Apenas el martes 13 de febrero se conoció sobre su excarcelación por información que aportaron sus abogados.
El jurista Joel García dijo que a todos ellos les prohibieron salir del país, ofrecer declaraciones a los medios de comunicación sobre el caso y deben presentarse de forma periódica en un tribunal.
Desde que se denunció su desaparición, el fiscal general de la República designado por la Constituyente de 2017, Tarek William Saab, solo reconoció vía la red social X, que estaban presas algunas personas a quienes impondrían “medidas cautelares”. No las identificó ni tampoco dónde las tenían detenidas.
Son una práctica común
Amnistía dice que en el pasado las desapariciones forzadas eran propias de dictaduras o regímenes militares, pero que se han extendido ampliamente “en todas las regiones del mundo y en una gran diversidad de contextos. Se practican con asiduidad en los conflictos internos, especialmente a manos de gobiernos que intentan reprimir a opositores políticos o de grupos armados de oposición”.
Señalan que ahora “las desapariciones parecen estar dirigidas específicamente contra defensores y defensoras de los derechos humanos, familiares de víctimas, testigos clave y profesionales del derecho”, como ocurrió con San Miguel y sus allegados.
En una desaparición forzada no sólo se expone a la víctima sino a su núcleo familiar, al no conocer el paradero de reclusión o estado de salud de quien sufre este crimen.
Venezuela es uno de los países firmantes del Estatuto de Roma y por ende reconoce la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI), hasta el punto de que contra el gobierno de Nicolás Maduro existe una investigación en curso por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad.
En el continente existe la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (Fedefam) que comenzó a conmemorar el día de las desapariciones forzadas hace más de 40 años. En 2011, la ONU estableció el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que se recuerda los 30 de agosto.