Ya con 30 de esas personas excarceladas y tres de ellas aún detenidas, el caso de los llamados “33 de Valencia” sigue dando de qué hablar y poniendo en la opinión pública especial atención sobre la discriminación oficial existente en contra de los grupos homosexuales.
Para Yendri Velásquez, coordinador del Observatorio de Violencias LGBTIQ+, es lamentable que el caso aún no haya sido cerrado, debido a las imputaciones que les fueron impuestas a esos hombres por agavillamiento, contaminación sónica y delitos de ultraje al pudor público, como argumentó la Fiscalía.
“Vemos como incluso este proceso se contradice al decir que ‘allanaron un lugar privado’ y luego le acusas con un delito que se comete solo en lo público. Esto podría marcar un precedente para cualquier persona sin importar su orientación sexual”, dijo Velásquez durante su conversación con Luz Mely Reyes, directora de Efecto Cocuyo, en el espacio #ConLaLuz.
El activista por los derechos de la población LGBTIQ+ indicó que esas imputaciones están totalmente viciadas, pues ninguno de los presuntos delitos son aplicables en este caso y que todo ha sido una manipulación de la Ley.
“Son delitos imposibles; especialmente el de ‘ultraje al pudor’, que es un delito en desuso. Los abogados nos dicen que la penas impuestas y la intención del legislador incluso, con estos delitos, no es un tema de procesamiento penal. Esto es una manipulación de la ley; si lo que sucede en un espacio no coincide con lo que dice la Ley, entonces eso no es delito”, añadió.
En la entrevista, Velásquez enfatizó la petición que su organización y todos los defensores de esta comunidad hacen: que haya sobreseimiento de la causa y se trabaje en el respeto a los derechos de la comunidad homosexual.
“Son muy forzados los delitos que le quieren imputar a los 33 y eso nos preocupa aún más”, dijo.
Desde el pasado domingo están privados de libertad 33 hombres detenidos en una redada que hizo la Policía Nacional Bolivariana en el club Avalon, al sur de Valencia, donde realizaban una fiesta, alegando daños a la moral.
La versión que circuló en redes y medios de comunicación, es que se trataba de una “fiesta de la sauna”, en la que incautaron celulares y preservativos, frente a lo cual llovieron las críticas sobre qué tipo de delitos estaban cometiendo.
Sin información a sus familiares, dos días después fueron trasladados desde la comandancia de la Policía Nacional Bolivariana, ubicada en el municipio Los Guayos, al palacio de Justicia, en Valencia, aproximadamente a las 2 de la tarde, pero fue hasta las 7 de la noche que se les permitió hablar por primera vez con sus abogados.
En Venezuela, la comunidad LGBTIQ+ lleva años luchando contra la discriminación, sin que la ley les otorgue derechos como el matrimonio igualitario o el cambio de la identidad de género.