El Fiscal General detalló recientemente que en lo que va del 2022 se han contabilizado 341 casos de violencia en el contexto escolar, que han conllevado a 138 imputaciones, 65 acusaciones y 11 condenas.
William Saab anunció la pronta entrada en funcionamiento de una línea telefónica 0-800-Bullying para atender y canalizar denuncias relacionadas con el acoso escolar.

Igualmente indicó que el Ministerio Público está trabajando en una propuesta de reforma a la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente, con el propósito de revisar las sanciones penales para los menores de 18 años de edad que incurran en hechos punibles de extrema gravedad.

Hace falta más

El país necesita escuchar, por ejemplo, lo que se está haciendo desde del Ministerio del Poder Popular para la Educación. En días recientes se anunció que cada escuela debe incorporar actividades de aprendizaje para fortalecer valores de «hermandad, solidaridad, cooperación y compañerismo» que les permita desarrollar «habilidades y destrezas para la vida»; pero no conocemos de lineamientos para operar ese enunciado.

Desarrollo de un marco jurídico-institucional

Para ello se requiere el desarrollo de un marco que garantice, permita y facilite la prevención y abordaje de las distintas situaciones de violencia en las escuelas, que incluye:

1. Un marco jurídico que permita promover la convivencia escolar garantizando la protección de los niños y administración de una disciplina de modo compatible con la dignidad humana y de acuerdo a las normas universales de derechos humanos. Desde la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de Educación existe un vacío para la gerencia de la convivencia y administración de la disciplina y sanciones en aquellas situaciones afectan el funcionamiento de los centros educativos.

2. Mecanismos y protocolos de denuncia unificados dentro del sistema escolar y de protección que sean confiables, accesibles, seguros y con capacidad de respuesta frente a situaciones de la violencia escolar a los fines de garantizar la protección especial que se requiere en estos casos y para evitar cualquier situación de impunidad.

3. Fortalecer el Sistema de Protección que posibilite su articulación e intercambio con las escuelas, no solo una adecuada atención frente a una situación concreta de violencia escolar, sino además generar las condiciones para promover una cultura de derechos y convivencia escolar. Ello implica, entre otras acciones, la capacitación y formación de funcionarios públicos; el desarrollo de programas y servicios psicosociales y jurídicos accesibles, suficientes, gratuitos, de alta calidad para la atención de niños, niñas, adolescentes, familias y docentes.

4. Crear y mantener registros y sistemas de información e investigación sobre violencia en las escuelas con datos actualizados, confiables, desagregados y de acceso público.

5. Desarrollar estándares mínimos a ser tomados en cuenta en los manuales de acuerdos de convivencia de las instituciones educativas.

Desarrollo de Políticas Públicas y Estrategias Educativas

La creación de una cultura de paz y buen trato en los centros debe ser el norte. Que las escuelas sean espacios de protección y no de amenaza. Para este desarrollo se requiere:

• Diseñar e implementar políticas públicas y programas con la activa participación de la sociedad incluyendo los propios niños, niñas y adolescentes, orientados a la prevención y atención de la violencia incluyendo el acoso escolar.
• Garantizar la protección de los niños y niñas, a corto, mediano y largo plazo. Consolidar una planificación integral, sistemática y articulada que determine metas, indicadores, inversiones y acciones para garantizar la protección de los niños y niñas en donde se haga especial énfasis a la prevención de la violencia escolar.
• Garantizar a las escuelas las mejores condiciones de infraestructura, recursos humanos, materiales y servicios que permitan disminuir los factores internos y externos generadores de violencia y facilitar el desarrollo integral y la protección de los niños, niñas y adolescentes.
• Identificar y abordar situaciones de violencia. Incorporar dentro de las políticas educativas acciones estratégicas que permitan el desarrollo de capacidades y actitudes de docentes, directivos, personal obrero, administrativo, familias y estudiantes para saber identificar y abordar situaciones de violencia en las escuelas, así como, reconocer su impacto en la convivencia y ejercicio de derechos.
• Desarrollar programas que promuevan escuelas seguras y libres de violencia, lo cual implica que la dinámica escolar se desarrolle bajo un enfoque de derechos; disponer de normas y procedimientos claros para una correcta administración de la disciplina escolar e implementar estrategias pedagógicas que fomenten el respeto, la no discriminación y la resolución pacífica de los conflictos.

Abordar el fenómeno de las violencias escolares, incluyendo el acoso escolar, requiere la participación del personal directivo, docente, familias y de los propios estudiantes y, sin duda, que el Estado asuma un rol rector fundamental.

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