En las ciencias políticas existe un amplio criterio que aterriza en una sola frase: la corrupción es enemiga de la gobernabilidad y la democracia. Así, la corrupción representa uno de los grandes azotes de todos los Estados (algunos más, otros menos), cuyas víctimas principales son las familias más vulnerables, precisamente cuando no pueden recibir una prestación médica por falta de insumos o cuando el proyecto de construcción de la planta de tratamiento de agua potable para determinada localidad rural permanece como «proyecto» ad finitum.

Ahora bien, si usted hace el ejercicio de utilizar su buscador web para leer noticias sobre actos de corrupción alrededor del mundo se le iría la vida leyendo el bombardeo de historias que, dicho sea de paso, no solo provienen de los lugares más corruptos sino de aquellos en los que uno creería que las máximas preocupaciones de sus ciudadanos son que le acrediten las millas recientemente voladas o que la nueva actualización de la aplicación de yoga no cumplió sus expectativas.

Por ejemplo, en Estados Unidos un expresidente es acusado de llevarse a su casa, de forma ilegal, documentos clasificados; en Australia fue condenado un funcionario del departamento de educación por apropiarse de fondos públicos a través de emisiones de facturas falsas e infladas y arreglos de pagos inapropiados en conjunto con su hermano y primo.

La empresa sueca fabricante de equipos de telecomunicaciones Ericsson se declaró culpable de violar disposiciones antisoborno; en Noruega varios parlamentarios cambiaron su dirección residencial engañosamente para acceder al derecho —por ley— de usar un apartamento por vivir a 40 kilómetros del parlamento noruego y, además, evadieron el pago de impuestos por su respectivo uso (solo uno de ellos pagó los impuestos correctamente).

Como vemos, los actos de corrupción no surgen porque hace frío o calor o si las personas hablan inglés o español, tampoco se adhiere a ideas de derecha o de izquierda. Por ahí no es.

Ciertamente, la corrupción ha existido desde el origen de la humanidad, la única diferencia es que hoy los Estados modernos tienen instituciones que procuran evitar que un funcionario cometa malversación de fondos, tráfico de influencias, prevaricación, asociación ilícita para delinquir, etc.

Es decir, en la actualidad tenemos sistemas diseñados específicamente para impedir que los servidores públicos hagan uso de sus facultades para sacar provechos personales o ventajas privadas, y el funcionamiento de estos sistemas representa el sutil contraste que nos distingue de ser un país con niveles de bienestar alto, medio o bajo.

Hay países que usan las crisis de corrupción para reforzar sus instituciones (creación de comisiones y agencias especiales), otros que le ponen un velo (censura y persecución de los medios de comunicación) o le prestan atención solo si el delito es cometido por el partido político contrario al gobierno de turno (todo el peso de la ley para los “enemigos de la patria”). En algunos países solo les sirve para reafirmar que la corruptela es el deporte nacional (cero sanciones, total impunidad). ¿En cuál grupo estamos nosotros? Califique usted.

Lamentablemente, la falta de probidad nos acompañará —tal vez— hasta el final de los tiempos, el desafío es, por lo tanto, responder adecuadamente las siguientes preguntas: ¿cómo sancionamos esas conductas?, ¿cómo avanzamos hacia la mayor transparencia?, ¿cómo evitamos la reproducción de estos comportamientos en el futuro?

Reitero, actos de corrupción existirán para todos los gustos, el asunto es cómo actuamos frente a estos. ¿Toleramos mucha o poca corrupción?, ¿actuamos con oportunidad u omisión?, ¿somos implacables o blandos? Estas son las preguntas que las sociedades deben contestar sin complejos para proteger su bienestar común ante los comportamientos dañinos de unos pocos que, a veces, por desgracia, pareciera imponerse para todos.

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