Siguiendo la serie de escritos sobre las sanciones contra Venezuela, con fines de concientización, esta vez nos adentraremos en su clasificación. Las sanciones se dividen en cuatro grupos:  personales, sectoriales, gubernamentales y secundarias.

Sanciones personales

Las sanciones personales son adoptadas mediante la inclusión de personas en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC); prohibiendo a personas y empresas estadounidenses realizar transacciones con ellos. Desde 2015 y hasta el día de hoy, hay 167 personas en la lista SDN vinculadas a Venezuela, incluyendo líderes políticos y empresariales a quienes los americanos asocian con corrupción y/o violación de los derechos humanos.

Sanciones financieras

Se impusieron en agosto de 2017 mediante la Orden Ejecutiva 13808, prohibiendo cualquier financiamiento o pago de dividendos al Gobierno de Venezuela o sus entidades controladas. Inicialmente se incluyeron algunas excepciones para el financiamiento a corto plazo, no mayor de 60 días a entes del Estado venezolano, así como respecto a los préstamos de carácter humanitario, pero luego estas excepciones desaparecieron.

Las sanciones financieras han impactado fuertemente a la industria petrolera, especialmente a las empresas mixtas que dependían en gran medida del financiamiento internacional. Asimismo, impiden el refinanciamiento y reestructuración de la deuda externa nacional, lo que ha llevado a un incumplimiento prolongado de sus pagos.

En términos generales, las sanciones financieras han aislado a Venezuela y a todos los venezolanos del sistema financiero internacional, siendo imposible realizar o recibir pagos entre Venezuela y el resto del mundo.

Los venezolanos, independientemente de nuestra vinculación con el gobierno, somos vistos por la banca internacional como individuos indeseables y de alto riesgo por lo que nos resulta muy difícil abrir cuentas en el extranjero o estas son cerradas sin mayor explicación.

Siendo Venezuela un país tradicionalmente exportador de petróleo y otras materias primas e importador de productos terminados de toda parte del mundo, las operaciones comerciales del país se han visto seriamente entorpecidas en términos de pagos internaciones desde que impusieran las sanciones financieras, lo que ha hecho indudables mellas en nuestra economía.

Sanciones sectoriales

La Orden Ejecutiva 13850 -emitida por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en 2018- impide a los americanos y sus relacionados hacer transacciones con empresas venezolanas públicas o privadas que de forma directa o indirecta participen en los sectores del petróleo, oro, finanzas, seguridad y defensa.

El sector petrolero ha sido duramente golpeado por estas sanciones, bajando sustancialmente la producción petrolera que teníamos en 2017 de 2,2 millones de barriles por día a 700 millones de barriles diarios producidos actualmente. Se estima que por efectos de las sanciones PDVSA ha dejado de percibir ingresos por 240 mil millones de dólares desde el 2018.

Así como ha pasado con el petróleo, la actividad minera, bancaria y bursátil se ha visto seriamente comprometida en nuestro país, observando una contracción de la misma cercana al 80% en los últimos 5 años. En su conjunto, estos últimos sectores pudieron haber experimentado perdidas sobre los 100 mil millones de dólares desde que se impusieron las primeras sanciones.

Insistimos, que esta merma de ingresos no solo ha afectado al gobierno nacional, sino a la economía venezolana en su conjunto.

Sanciones gubernamentales

En agosto de 2019, el gobierno de Estados Unidos implementó sanciones a través de la Orden Ejecutiva 13884, que prohibían cualquier tipo de transacciones con el que consideraban «gobierno ilegítimo de Venezuela» y sus entidades controladas, refiriéndose al gobierno de Maduro, claro está. Aunque algunas de estas transacciones ya estaban prohibidas previamente, se trató de una suerte de ratificación más amenazante para cualquier persona del mundo que osara hacer negocios con el gobierno venezolano.

En ese momento, Estados Unidos reconocía al gobierno de Juan Guaidó como legítimo, por lo que técnicamente las sanciones no afectaban las transacciones que se hicieran con el gobierno paralelo. Durante el periodo 2019 a 2022, el gobierno de Guaidó pudo manejar a discreción los activos del Estado venezolano, que estaban en jurisdicción americana y sus países aliados. Así, Guaidó se hizo cargo de 1000 millones dólares, cuyo destino desconocemos la mayoría de los venezolanos.

Sanciones secundarias

Las Órdenes Ejecutivas 13850 (2018) y 13884 (2019) permiten sancionar a terceros por hacer negocios con el gobierno venezolano.

Esto significa que Estados Unidos puede prohibir expresamente que los ciudadanos estadounidenses hagan negocios con personas de otros países que hayan realizado transacciones con Venezuela. Varias empresas extranjeras, incluyendo a la empresa Rosneft Trading S.A., la cual es una filial de la petrolera estatal rusa Rosneft, y, dos empresas mexicanas, Libre Abordo y Schlager Business Group, han sido sancionadas por Estados Unidos de acuerdo con estas órdenes.

Esto se conoce como sanciones secundarias y han disuadido a muchas otras empresas de hacer negocios con Venezuela, ya que el gobierno estadounidense se comunica regularmente con compañías en Europa y Asia para aclarar qué transacciones con Venezuela podrían ser sujetas a sanciones, lo que les impediría a futuro realizar cualquier tipo de negocios con los Estados Unidos, la economía más grande del mundo. En consecuencia, la mayoría de estas empresas revisan las directrices de Washington antes de hacer negocios con nuestro país, desistiendo de esto, ante el riesgo de ser aisladas del mercado global.

Estas sanciones han alejado a la mayoría de las empresas internacionales de Venezuela, incluyendo las multinacionales petroleras y no petroleras que tradicionalmente hacían vida en nuestro país y que se han ido en su mayoría. Dicha situación, ha llevado a la disminución de la inversión extranjera, la afección de la economía nacional y la pérdida de empleos en Venezuela.

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Del mismo autor: Sanciones y producción petrolera