En el país al menos desde 2014 se han perpetrado crímenes de lesa humanidad. Los informes de la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas para Venezuela así lo han establecido. Igualmente, la Fiscalía de la Corte Penal internacional indicó en diciembre de 2020 que existe fundamento razonable para creer que, al menos desde abril de 2017, autoridades civiles, miembros de las fuerzas armadas e individuos a favor del Gobierno han cometido los crímenes de lesa humanidad de encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional.

Esos crímenes que ocurrieron en el pasado reciente siguen sucediendo. La tortura, incluso hasta el asesinato. El 10 de julio del presente año fueron imputados los funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), Yarumy Figueroa y José Carlos Flores, por ser los presuntos responsables de las torturas y muerte del detective del CICPC de Apure Juan Pantoja. El informe del forense determinó que el funcionario recibió muchos golpes y que la causa del fallecimiento fue por asfixia mecánica. Se comprobó que fue sumergido en un pipote de agua de unos 200 litros.
Las ejecuciones extrajudiciales persisten. Hace pocos días fue difundido el informe del proyecto “Lupa por la Vida” del primer semestre de 2022. Se establece que en los primeros seis meses se han producido 485 presuntas ejecuciones extrajudiciales. Los cinco estados donde la población ha sufrido más la violencia institucional son: Aragua, Zulia, Miranda, Carabobo, Bolívar. En ellos policías y militares han asesinado a 308 personas.

Las detenciones arbitrarias permanecen. La detención en julio de los activistas sociales Emilio Negrín, Alcides Bracho, Reynaldo Cortés, Néstor Astudillo, Alonso Meléndez y Gabriel Blanco. Procesados en la actualidad por un tribunal contra terrorismo se encuentran encarcelados en condiciones no dignas y sometidos a violaciones constantes del debido proceso.

Estos crímenes se producen en un contexto en el cual el sistema de justicia obedece disciplinadamente a las instrucciones del Ejecutivo Nacional. Las víctimas de los abusos de poder se encuentran en total indefensión.

El próximo 03 de noviembre se cumple un año cuando el gobierno de Nicolás Maduro suscribió junto al Fiscal de la Corte Penal Internacional un Memorando de Entendimiento. Se acordó que el Estado venezolano adoptará las medidas necesarias para asegurar la efectiva administración de justicia de acuerdo con los estándares internacionales. Ello implica evitar que haya impunidad, lo cual significa investigar y sancionar a los responsables y por otra parte garantizar que toda persona tenga derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.

No tenemos en Venezuela una justicia que actúe de manera imparcial e independiente. Por ello se producen constantes violaciones en los procesos judiciales y no existe voluntad de investigar y sancionar a los responsables de los crímenes. A un año del memorando de entendimiento se puede concluir que en lo fundamental no se ha cumplido. El Fiscal Karim Khan si realiza una evaluación rigurosa tendrá que concluir que los crímenes persisten en un contexto de impunidad generalizada y estructural.

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