Una mirada general a la situación de derechos humanos en el país nos lleva a la conclusión de que la situación continúa siendo muy preocupante.
Venezuela no se arregló, ni en lo económico, ni en lo social, ni en el respeto a las libertades. Todo el dinero que invirtió la cúpula que gobierna para desarrollar una campaña fraudulenta, para hacer ver que graves problemas existentes empezaban a resolverse resultó en total fracaso. Aunque lograron confundir en los inicios a personas dentro y en el exterior, la realidad superó al engaño.
Hoy los apagones generan sufrimiento a millones en distintos estados y generan un devastador efecto psicológico en las familias. Ha contribuido además a incrementar el éxodo.
En angustia viven más de cinco millones de jubilados y pensionados que obtienen un ingreso de menos de cinco dólares al mes. Hambre y desmejora en la salud les agobia de manera continua.
Millones de trabajadores principalmente del sector público devengan salarios menores a 5 dólares mensuales y quienes logran ingresos superiores, rondando el equivalente a 150 dólares sobre todo en algunas áreas del sector privado, se enfrentan a una canasta alimentaria superior a 500 dólares.
Crímenes de lesa humanidad continúan
En ese ambiente social crítico, continúan los crímenes de lesa humanidad. Persisten el crimen de persecución y la represión contra un sector de la población disidente del gobierno o considerado por los gobernantes como disidente. Ello se viene traduciendo en más detenciones arbitrarias. Algunas de ellas acompañadas de desapariciones forzadas, de malos tratos y torturas.
Persisten las ejecuciones extrajudiciales. Sólo en el mes de enero de 2024, organizaciones independientes que monitorean la violencia institucional policial y militar contabilizaron 65 presuntas ejecuciones.
Desde las cárceles llegan informaciones de inadecuadas condiciones, malos tratos y escasa alimentación. Si bien fue positivo que el gobierno retomara el control de las cárceles y se les arrebatara a las mafias de la delincuencia común, es cuestionable que no se haya dado a conocer información sobre los muertos y heridos que dejó la llamada Operación Guaicaipuro carcelaria. Tampoco se presentó un plan que indique qué medidas se tomarán para mejorar la situación de los presos.
¿Y el defensor del Pueblo?
Seguimos con un defensor del Pueblo que no es capaz de levantar la voz ante las graves violaciones a los derechos humanos. Con un Ministerio Público instrumento de represión y corresponsable de los crímenes de lesa humanidad de persecución y encarcelamiento.
Y finalmente un Poder Judicial que viola el debido proceso, mantienen un cuestionable retardo procesal y unos tribunales penales al servicio de la represión por motivos políticos.
En respuesta a esta situación, debe destacarse la existencia de Comités de víctimas que exigen justicia, Comités de jubilados y pensionados que están en la calle, reclamando derechos y un movimiento sindical cada vez más articulado para defender derechos humanos laborales. En general una sociedad civil en resistencia, apostando a mejores tiempos y el retorno de la democracia.
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