El 8 de marzo de 2015, Estados Unidos  –bajo la presidencia de Barack Obama– impuso su primera sanción a Venezuela con la Orden Ejecutiva 13692. El Departamento de Estado americano buscaba liquidar la persecución política, la falta de libertad de prensa, la violación de derechos humanos y la detención arbitraria de opositores.

Esa primera sanción congeló propiedades, bloqueó transferencias o pagos de bienes y la entrada a Estados Unidos de los miembros del gobierno venezolano y de cualquier persona que socavara, a su entender, la democracia venezolana.

En marzo de 2017, las sanciones de los Estados Unidos contra Venezuela se recrudecieron durante la presidencia de Donald Trump, quien emitió la segunda Orden Ejecutiva (13808) que prohibía las transacciones con Pdvsa en respuesta al establecimiento de una Asamblea Constituyente que los gringos consideraron ilegítima.

La tercera Orden Ejecutiva (13827), emitida en marzo de 2018, penalizó internacionalmente el “Petro”, moneda digital del gobierno venezolano, que determinaron era un mecanismo para evadir las sanciones anteriores.

La cuarta Orden Ejecutiva (13835), de mayo del mismo año, prohibió las transacciones relacionadas con la deuda venezolana, de la República o Pdvsa, así como la venta o transferencia de cualquier propiedad en la que el gobierno tuviera una participación del 50% o más.

La quinta Orden Ejecutiva (13850), que salió a la luz en noviembre de 2018, impidió la explotación y comercialización de oro venezolano y otras transacciones internacionales relacionadas con proyectos gubernamentales.

En enero de 2019 emitieron la sexta Orden Ejecutiva (13857) que aclaró que el término «Gobierno de Venezuela» se aplicaría tanto al Estado como a cualquier agencia o entidad controlada directa o indirectamente por el régimen de Maduro. Finalmente, la Orden Ejecutiva (13884) de agosto de 2019 bloqueó todas las propiedades e intereses del gobierno venezolano en Estados Unidos y prohibió cualquier transacción con ellos.

Las sanciones en la economía

Todas las sanciones mencionadas han tenido un impacto negativo en la economía del país. Al bloquear el comercio internacional se ha limitado el acceso a alimentos, medicinas y otros bienes esenciales. También se han retenido los recursos legítimos de Venezuela en bancos y entidades financieras extranjeras, lo que ha generado retrasos en la gestión de importaciones y exportaciones, afectando no solo al gobierno y a empresas venezolanas, sino también a socios comerciales foráneos.

Se estima que por efectos de las sanciones, Venezuela tiene congelados en el exterior bienes que sobrepasan en valor los 30 mil millones de dólares. Asimismo, la mayoría de las empresas multinacionales que hacían vida en nuestro país, particularmente las petroleras, han salido despavoridas para evitar ser sancionadas por los americanos; de lo contrario, quedarían al margen del mercado global como actualmente le pasa a Venezuela.

Estas medidas coercitivas han sido aplicadas por Estados Unidos para provocar una crisis económica interna en Venezuela que pueda generar inestabilidad en el campo político y así lograr la salida de Maduro.

Lejos de lograr su cometido, las sanciones han aglutinado al gobierno en torno a la guerra económica gringa y han generado en el oficialismo un espíritu de resistencia ante el embate de los americanos y la oposición subyugada a estos.

Tampoco han favorecido el diálogo y los acuerdos entre la oposición y el oficialismo, ya que las sanciones han hecho que el gobierno exija el levantamiento de las mismas para sentarse a negociar, mientras la oposición asegura que estas no se levantarán hasta que logre sus aspiraciones políticas, lo que claramente luce como «un juego trancado».

Además, es importante destacar que estas sanciones también han demostrado la injerencia de Estados Unidos en la política venezolana y han agravado la parálisis en las relaciones entre ambos Estados desde hace varios años.

Además, el bloqueo económico y financiero impuesto por los Estados Unidos ha tenido un impacto negativo en la economía del país estimulando la inflación desenfrenada, la devaluación y el alto costo y escasez de alimentos y otros bienes básicos.

Al inicio de las sanciones, en 2015, Venezuela producía 2,2 millones de barriles de petróleo por día. Por la salida de las multinacionales petroleras de Venezuela, hoy la producción petrolera apenas alcanza los 700 mil barriles. Por las sanciones nuestro país ha dejado de percibir 230 mil millones de dólares por concepto de exportaciones en los últimos cinco años.

El impacto de las sanciones estadounidenses en Venezuela ha sido devastador afectando no solo al gobierno sino a toda la población, incluyendo las personas enfermas que no pueden acceder a los medicamentos necesarios debido a la falta y alto costo de los suministros médicos.

Cualquier medida coercitiva que afecte a toda una población, como lo son las sanciones contra Venezuela, constituye una violación flagrante contra los derechos humanos. Por lo tanto, no pueden tildarse menos que de un genocidio económico que, lejos de afectar al gobierno nacional, menoscaba el bienestar de los venezolanos más vulnerables.

No entendemos el empeño injerencista de los Estados Unidos de sancionar países cuando de sobra se ha demostrado históricamente que las sanciones no producen cambios políticos. Ejemplos de esto son Cuba e Irán.

Llegó el momento de organizarnos como ciudadanos, sin mayores intereses políticos, y hacer saber al Departamento de Estado americano y a los órganos internacionales que imparten justicia que los venezolanos no queremos sanciones económicas contra el país y que ellas constituyen una vulneración de nuestros derechos más elementales como seres humanos.

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