A casi un mes de que el gobernante Nicolás Maduro dio la orden, la Asamblea Nacional (AN) de 2020 inició la aprobación en cámara de las llamadas leyes del poder popular, con el objetivo de «eliminar obstáculos burocráticos» para el establecimiento de un estado comunal en Venezuela.
Durante la sesión ordinaria de este jueves 17 de noviembre, el Parlamento con mayoría del chavismo aprobó en primera discusión los proyectos de reforma de las leyes Orgánica de Consejos Comunales y Orgánica de Contraloría Social.
«La Ley de Consejos Comunales fue promulgada en 2006, reformada en 2009 y hoy 13 años después en deuda con el pueblo, presentamos una reforma que está llena de experiencia con aportes y avances del poder comunal organizado a lo largo y ancho del país, para agilizar y destrabar el sistema de agregación comunal que son los Consejos Comunales (CC)», expresó el diputado (Psuv), Willy Medina.
Al presentar en líneas generales el contenido del proyecto, el parlamentario indicó que la propuesta legal obliga a que las decisiones en los CC se tomen en asambleas en aras de consolidar la democracia participativa y protagónica del pueblo. Resaltó igualmente que se simplifican los trámites para la constitución de los CC y se le da carácter permanente (antes temporal) a la comisión electoral que dirige la elección de dichas instancias.
«Se da carácter legal al registro electrónico de los CC para eliminar intermediarios, a cargo de la comisión, blindar la sistematización de los procesos electorales de los CC para darle viabilidad. La anterior ley adolecía del proceso de renovación de los CC ahora tendrá un capítulo aparte, esto generaba retardos porque no había reglas para llamar a elegir una vez vencida la vocería», dijo.
Un cambio adicional mencionado por Medina es que se cambiará la rectoría del Ministerio de las Comunas por la figura de «acompañamiento» para dar autonomía a la toma de decisiones en los CC.
La bancada de la Alianza Democrática se abstuvo de votar a favor de la aprobación del instrumento legal en primera discusión. El diputado Alfonso Campos (El Cambio) manifestó que no niegan las formas de organización popular pero advirtió que cuando dicha organización implica nuevas divisiones territoriales (Comunas) van contra lo que establece la Constitución.
El artículo 16 de la Carta Magna establece que con el fin de organizar políticamente la República, el territorio nacional se divide en el de los Estados, el del Distrito Capital, el de las dependencias federales y el de los territorios federales y que el territorio se organiza en municipios.
Campos recordó que el expresidente Hugo Chávez propuso una reforma constitucional en 2007 que incluía la propuesta del estado comunal y fue rechazada por una mayoría de venezolanos.
«Yo no me estoy parando aquí a decir que las comunas y los CC son malos sino que se debe proponer responsablemente un proyecto de enmienda constitucional a los efectos de no entrar en un paralelismo de un estado establecido en la Constitución y otro estado por la vía de leyes orgánicas», expresó Campos.
Los diputados del chavismo volvieron a apelar al artículo 5 constitucional según el cual la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo para aprobar las leyes mencionadas. También a los artículo 62 y 70 sobre el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a participar libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes elegidos y las asambleas de ciudadanos como forma de participación.
Sobre la Ley de Contraloría Social, la diputada Gabriela Peña (Psuv) resaltó la importancia de que la masa popular se movilice para ejercer contraloría sobre el poder. Señaló que los cambios a la ley implica la modificación de ocho artículos y la inclusión de uno nuevo.
«Estamos gestando un estado comunal de transición al socialismo, tenemos claridad absoluta que lo que hacemos», aseguró.
Mencionó que la reforma establece que los órganos del Estado encargados de ejercer contraloría como la Contraloría General de la República, el Ministerio Público, entre otras instancias, deben abrir las puertas a los ciudadanos que deseen ejercer esa función de manera colectiva o individual e incluso desarrollar programas formativos con el fin de que las personas también adquieran herramientas en la lucha contra la corrupción.
Una comisión especial parlamentaria fue creada el pasado 25 de octubre para revisar el entramado legal del poder popular que comprende 12 leyes. Están en cola también las leyes de Planificación Pública y Popular, Gestión Comunitaria, Sistema Económico Comunal, Economía Comunal y propiamente la Ley Orgánica del Poder Popular, entre otras. Vale acotar que la Ley de Ciudades Comunales aguarda por su segunda discusión desde 2021.
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A casi un mes de que el gobernante Nicolás Maduro dio la orden, la Asamblea Nacional (AN) de 2020 inició la aprobación en cámara de las llamadas leyes del poder popular, con el objetivo de «eliminar obstáculos burocráticos» para el establecimiento de un estado comunal en Venezuela.
Durante la sesión ordinaria de este jueves 17 de noviembre, el Parlamento con mayoría del chavismo aprobó en primera discusión los proyectos de reforma de las leyes Orgánica de Consejos Comunales y Orgánica de Contraloría Social.
«La Ley de Consejos Comunales fue promulgada en 2006, reformada en 2009 y hoy 13 años después en deuda con el pueblo, presentamos una reforma que está llena de experiencia con aportes y avances del poder comunal organizado a lo largo y ancho del país, para agilizar y destrabar el sistema de agregación comunal que son los Consejos Comunales (CC)», expresó el diputado (Psuv), Willy Medina.
Al presentar en líneas generales el contenido del proyecto, el parlamentario indicó que la propuesta legal obliga a que las decisiones en los CC se tomen en asambleas en aras de consolidar la democracia participativa y protagónica del pueblo. Resaltó igualmente que se simplifican los trámites para la constitución de los CC y se le da carácter permanente (antes temporal) a la comisión electoral que dirige la elección de dichas instancias.
«Se da carácter legal al registro electrónico de los CC para eliminar intermediarios, a cargo de la comisión, blindar la sistematización de los procesos electorales de los CC para darle viabilidad. La anterior ley adolecía del proceso de renovación de los CC ahora tendrá un capítulo aparte, esto generaba retardos porque no había reglas para llamar a elegir una vez vencida la vocería», dijo.
Un cambio adicional mencionado por Medina es que se cambiará la rectoría del Ministerio de las Comunas por la figura de «acompañamiento» para dar autonomía a la toma de decisiones en los CC.
La bancada de la Alianza Democrática se abstuvo de votar a favor de la aprobación del instrumento legal en primera discusión. El diputado Alfonso Campos (El Cambio) manifestó que no niegan las formas de organización popular pero advirtió que cuando dicha organización implica nuevas divisiones territoriales (Comunas) van contra lo que establece la Constitución.
El artículo 16 de la Carta Magna establece que con el fin de organizar políticamente la República, el territorio nacional se divide en el de los Estados, el del Distrito Capital, el de las dependencias federales y el de los territorios federales y que el territorio se organiza en municipios.
Campos recordó que el expresidente Hugo Chávez propuso una reforma constitucional en 2007 que incluía la propuesta del estado comunal y fue rechazada por una mayoría de venezolanos.
«Yo no me estoy parando aquí a decir que las comunas y los CC son malos sino que se debe proponer responsablemente un proyecto de enmienda constitucional a los efectos de no entrar en un paralelismo de un estado establecido en la Constitución y otro estado por la vía de leyes orgánicas», expresó Campos.
Los diputados del chavismo volvieron a apelar al artículo 5 constitucional según el cual la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo para aprobar las leyes mencionadas. También a los artículo 62 y 70 sobre el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a participar libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes elegidos y las asambleas de ciudadanos como forma de participación.
Sobre la Ley de Contraloría Social, la diputada Gabriela Peña (Psuv) resaltó la importancia de que la masa popular se movilice para ejercer contraloría sobre el poder. Señaló que los cambios a la ley implica la modificación de ocho artículos y la inclusión de uno nuevo.
«Estamos gestando un estado comunal de transición al socialismo, tenemos claridad absoluta que lo que hacemos», aseguró.
Mencionó que la reforma establece que los órganos del Estado encargados de ejercer contraloría como la Contraloría General de la República, el Ministerio Público, entre otras instancias, deben abrir las puertas a los ciudadanos que deseen ejercer esa función de manera colectiva o individual e incluso desarrollar programas formativos con el fin de que las personas también adquieran herramientas en la lucha contra la corrupción.
Una comisión especial parlamentaria fue creada el pasado 25 de octubre para revisar el entramado legal del poder popular que comprende 12 leyes. Están en cola también las leyes de Planificación Pública y Popular, Gestión Comunitaria, Sistema Económico Comunal, Economía Comunal y propiamente la Ley Orgánica del Poder Popular, entre otras. Vale acotar que la Ley de Ciudades Comunales aguarda por su segunda discusión desde 2021.