Este 15 de diciembre culminó el segundo período de sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional (AN) de 2020 con al menos 13 leyes sancionadas y la posible convocatoria a sesiones extraordinarias para tratar «temas de interés», de acuerdo con el presidente de dicho Parlamento, Jorge Rodríguez.
Los últimos instrumentos legales aprobados en segunda discusión en la última semana fueron las Ley de Presupuesto para el Ejercicio Económico Financiero 2024, cuyo monto total asciende a 729.948.434.691 bolívares, y la Ley Especial de Endeudamiento Anual para el Ejercicio Económico Financiero 2024, por 165.246.284.334 bolívares, con lo cual se tiene previsto ejecutar 34 proyectos.
Ambas leyes fueron despachadas por la plenaria durante dos días consecutivos (13 y 14 de diciembre).
La principal crítica a la ley de presupuesto es que, como ya parece costumbre, el Ejecutivo no ofrece premisas como el monto del barril de petróleo con el que se hace el cálculo de los ingresos ni la inflación.
La bancada de la Alianza Democrática también advirtió que el presupuesto del nuevo año, una vez más, incluye ingresos petroleros como extraordinarios y no como ordinarios, lo que resta a recursos, que calcula en 4.000 millones de dólares, que se envían a las regiones por Situado Constitucional.
Otra consecuencia de dicha subestimación en los precios del crudo, se señala, es no poder contemplar aumento salarial para el sector público en 2024.
Leyes contra la disidencia
El parlamento de 277 diputados sancionó 11 leyes entre enero y julio de 2023, se le suman dos más del segundo período legislativo que transcurrió de cierta forma accidentado por las negociaciones en Barbados, las primarias opositoras y la campaña por el referendo sobre el Esequibo.
Desde su instalación en 2021, la AN con mayoría del chavismo ha sancionado 74 leyes.
Entre los instrumentos legales más importantes y polémicos sancionados en 2023 destacan la Ley Orgánica de Coordinación y Armonización de las Potestades Tributarias de los Estados y Municipios (18 de julio), que, a juicio de expertos, centraliza los tributos, afectando la autonomía de las regiones, mientras que el gobierno sostiene que es para frenar anarquía en el cobro de impuestos.
Asimismo, la Ley Orgánica de Extinción de Dominio, (27 de abril) para confiscar propiedades provenientes de delitos como la corrupción; Ley Para la Protección de los Activos, Derechos e Intereses de la República y sus Entidades en el Extranjero (16 de mayo) que «castiga» el manejo de activos en el exterior por parte del extinto gobierno interino y la AN de 2015. Ambas leyes son consideradas por juristas como instrumentos contra la disidencia política.
Fueron sancionadas durante este año igualmente, la Ley de Participación Estudiantil en el Subsistema de Educación Básica (24 febrero de 2023); Reforma a la Ley de Contraloría Social (25 de mayo); Ley de Consejos Comunales (22 de junio) y Ley Especial de Trabajadoras y Trabajadores Agrícolas (26 de julio).
Sobre la Ley de Participación Estudiantil, Fenasopadres denunció que «viola el derecho a la libre asociación y participación al establecer como derecho una forma de organización -consejos estudiantiles- por encima de cualquier forma de organización del movimiento estudiantil, obligando al estudiantado de educación media a alinearse en torno a organizaciones promovidas desde el Gobierno nacional».
La AN de 277 inició la seguna discusión de la Ley Orgánica para la Inclusión, Igualdad, y Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad, pero fue frenada en el mes de noviembre y no ha sido retomada.
¿Frenazo a leyes sobre Guayana Esequiba?
Entre las leyes que quedaron pendientes por segunda discusión está la temida Ley para la Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) en Venezuela (24 enero 2023), presentada por Diosdado Cabello, quien este 13 de diciembre advirtió que sería sancionada pronto, tras la consulta pública que está por iniciar.
Las ONG han alertado que la normativa afectará la labor humanitaria y de defensa de derechos humanos en el país, por cuanto en la ley se contemplan multas e incluso sanciones como el cierre, a las organizaciones que el gobierno considere que participan en planes de desestabilización.
La Ley Orgánica para la Defensa de la Guayana Esequiba, la cual contempla la creación del nuevo estado venezolano ubicado en la zona en reclamación con Guyana, el uso de un nuevo mapa político y elecciones futuras para designar autoridades, incluyendo representantes ante el Poder Legislativo nacional e inhabilitaciones políticas fue aprobada en primera discusión el 6 de diciembre.
Se esperaba que fuera sancionada en sesiones extraordinarias antes de que culmine el año, pero la reunión de alto nivel entre los gobernantes de Venezuela, Nicolás Maduro, y de Guyana, Irfaan Ali, este 14 de noviembre, pareció frenarla hasta nuevo aviso.
Rodríguez también había prometido que se aprobarían otros instrumentos legales derivados de la creación del nuevo estado Guayana Esequiba, pero al culminar las sesiones ordinarias este 14 de diciembre solo indicó que habría sesión extraordinaria el 19 de diciembre.
De la primera discusión tampoco pasaron la Ley para el Desarrollo y Producción de Cerveza Artesanal (26 de enero); la Ley para la Prevención, Atención y Tratamiento de las Enfermedades de Transmisión Sexual (14 de febrero) de 17 artículos que vendría a derogar la Ley de Defensa Contra las Enfermedades Venéreas de 1941 y la Ley de Fomento a las Exportaciones no Petroleras (15 de octubre).
Vale recordar que la Ley de Ciudades Comunales también aguarda por la continuación de su segunda discusión desde 2021 (solo se aprobaron 10 artículos), así como la Ley Orgánica de Aguas y la Ley Orgánica para la Prestación de los Servicios de Agua Potable y de Saneamiento, cuya aprobación solicitó hace poco la Alianza Democrática, en aras de abordar el problema de la escasez del líquido en todo el país.
A raíz del escándalo de corrupción en Pdvsa, destapado en marzo de este año, se ordenó revisar la Ley Contra la Corrupción, la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público, la Ley Orgánica de Contraloría y Sistema Nacional de Control Fiscal, la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el Código de Ética de las Servidoras y Servidores Públicos, lo que aún está pendiente.
A la AN de 2020 le queda también pendiente la designación del nuevo contralor a raíz de la designación de Elvis Amoroso como rector principal y presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE). El 19 de septiembre la AN reconoció al nuevo contralor encargado, el subcontralor coronel de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb), Jhosnel Peraza Machado, sin precisar cuándo se hará el nombramiento del titular.
Nuevo CNE y referendo consultivo
Pese a que el CNE designado en 2021 tenía un mandato constitucional de 7 años, el 24 de agosto de 2023, la AN de 2020 designó a los nuevos rectores: el excontralor, Elvis Amoroso; Carlos Quintero; la exsecretaria de la AN, Rosalba Gil; la exdirigente de Un Nuevo Tiempo (UNT), Aimé Nogal, y Juan Carlos Delpino, vinculado a Acción Democrática (de Ramos Allup), como rectores principales.
Como rectores suplentes fueron nombrados Leonel Parica, Gustavo Vizcaino, Francisco Garcés, Antonieta Di Stefano, Tulio Ramírez (postulado por el Foro Cívico), Ana Julia Niño, Conrado Pérez (padre), Aura Hernández, Imad Saab Saab y el excomandante de la Guardia Nacional Bolivariana, Fabio Zavarse.
Otro acto legislativo destacado durante este año (21 de septiembre) fue la aprobación de la convocatoria a referendo consultivo sobre el Esequibo que el CNE fijó para el 3 de diciembre.
Jorge Rodríguez la justificó como respuesta al subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Brian Nichols, quien declaró el apoyo de ese país a Guyana en el diferendo limítrofe. Analistas políticos consideraron que el gobierno buscaba minimizar las primarias del 22 de octubre.
El 14 de noviembre, la directiva de la AN, encabezada por Rodríguez, introdujo un amparo ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para proteger el referendo ante un eventual fallo contra la Corte Internacional de Justicia (CIJ), solicitado por Guyana, que no se produjo.
Amenazas a la oposición
El acuerdo de Barbados, firmado por las delegaciones de Miraflores y la Plataforma Unitaria el 17 de octubre, también fue ratificado por la AN el 19 de octubre. Entonces Rodríguez recalcó que el acuerdo no es para levantar inhabilitaciones contra dirigentes opositores.
En otros pronunciamientos, el 14 de noviembre, la plenaria aprobó un acuerdo en rechazo a la prórroga de sanciones por parte de la Unión Europea (UE) contra funcionarios venezolanos, por considerarlas «ilegales, arbitrarias, de carácter extraterritorial» y violatorias de la Carta de Naciones Unidas (ONU).
Rodríguez se sumó a la medida que asumiera el Ejecutivo este 13 de noviembre, sobre impedir que cualquier misión electoral de la UE venga a Venezuela, con elecciones presidenciales en puerta, mientras persistan las sanciones internacionales y denunció violación al acuerdo de Barbados.
Además de las leyes que son consideradas que van contra la disidencia política, este año no estuvo exento de nuevas investigaciones contra los opositores anunciadas desde la AN.
El pasado 13 de junio se aprobó un acuerdo para rechazar las palabras del expresidente de Estados Unidos Donald Trump, según las cuales Venezuela estaba a punto del «colapso» cuando culminó su mandato y que pudieron haberse quedado con el petróleo venezolano. Esto incluyó la creación de una comisión especial para investigar «consecuencias» de las acciones de Trump, a través de las sanciones y quienes las apoyaron en el país.
Fueron nombrados directamente en un informe previo, los opositores Juan Guaidó, David Smolansky, Freddy Guevara, Yon Goicoechea, Leopoldo López, Henry Ramos Allup, Tomás Guanipa, Carlos Vecchio, Antonio Ledezma, Elías Matta, Miguel Pizarro, Gustavo Marcano, Juan Pablo Guanipa, Williams Dávila, José Guerra, Luis Palacios, María Corina Machado, Freddy Superlano, Henrique Capriles, Gustavo Tarre Briceño, José Ignacio Hernández, el exdirector de Globovisión, Alberto Federico Ravell, y Horacio Medina.
Se les señaló de «traición a la patria, usurpación de funciones, asociación para delinquir, terrorismo» y otros previstos en las nuevas leyes de Extinción de Dominio y Protección de Activos.
Cinco diputados menos
A lo largo de este año fueron desincorporados tres diputados (dos principales y uno suplente) de sus cargos. El caso más destacado fue el del exministro Hugbel Roa, a quien se le levantó la inmunidad parlamentaria el pasado 25 de marzo, para que enfrente juicio por el escándalo de corrupción en Pdvsa.
La AN no ha iniciado investigación alguna contra el exministro del Petróleo, Tareck El Aissami, cuya ubicación sigue siendo desconocida.
El pasado 8 de junio de 2023, se conoció que se le solicitó la renuncia al diputado del Psuv por Carabobo, Samuel Cohen, por video que circuló sobre el legislador, bailando, en compañía de otras personas, a bordo de un yate en el parque nacional Morrocoy, estado Falcón. Fue sustituido por la suplente Dorángel Peraza. Se le señaló de atentar contra la moral y buenas costumbres.
El 10 de octubre de este año, se aprobó suspender por un año al diputado suplente por el estado Carabobo, Octavio Reynaldo Orta González, por incurrir en «extralimitación» de su condición de parlamentario. Se alegó una investigación en curso por supuesta estafa en Portugal y violencia doméstica contra su esposa.
Pero al parecer, la gota que rebasó el vaso para el chavismo fue que Orta González, quien se identificó en una publicación en su cuenta de la red X (antes Twitter) como integrante de la Comisión de Política Exterior, expresara su apoyo a Israel en la guerra con el grupo Hamas en la franja de Gaza.
Los diputados desincorporados de este año se sumaron a las separaciones de 2022, cuando las diputadas Taína González y Jeikar Pérez Gómez (quien renunció antes de que se le levantara la inmunidad) se vieron envueltas en un escándalo de narcotráfico que incluyó a la alcaldesa del municipio Jesús María Semprún del estado Zulia, Keyrineth Fernández.