La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) expresó su rechazo a las intervenciones judiciales contra la Cruz Roja y el Partido Comunista de Venezuela (PCV), que ordenó la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia el 4 y el 11 de agosto respectivamente.
“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (Rele) rechazan decisiones recientes del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela que atentan contra la libertad de asociación. Hacen un llamado a proteger el espacio cívico y garantizar la participación en asuntos de interés público sin ningún tipo de discriminación”, dijeron este 21 de agosto a través de un comunicado.
La Cidh, que es parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, dijo que la medida contra la Cruz Roja es “contraria a lo establecido en los estatutos internos de la organización respecto de su gobernanza y otorgaría competencias contrarias al pacto de constitución”.
Sobre la medida judicial que designó una junta directiva ad hoc en el PCV señalaron que se trata de una “decisión arbitraria”.
“Las juntas directivas de ambas asociaciones tienen poder de decisión respecto del funcionamiento y la dirección de las respectivas entidades. Por lo que es vital que los procesos internos para la designación de sus autoridades sean autónomos e independientes”, recordaron.
El organismo, que ha emitido de forma constante medidas cautelares de protección para pacientes, dirigentes políticos, activistas de derechos humanos y luchadores sociales, manifestó su preocupación por las decisiones del máximo juzgado venezolano.
“Resulta especialmente preocupante que el TSJ haya proferido decisiones incidiendo en un partido político disidente de la coalición de gobierno y de una organización de la sociedad civil cuya misión es fortalecer la ayuda humanitaria”, alertaron.
Decisiones que afectan libre asociación
A su vez recordaron que las medidas de intervención de partidos no son nuevas. Citaron los casos de los partidos Acción Democrática, Primero Justicia y Voluntad Popular en el año 2020, cuando en el país se celebraron elecciones parlamentarias y que se produjeron ante la negativa de las cabezas de esas organizaciones de participar en el proceso comicial de diciembre de ese año.
“Estas decisiones judiciales, de carácter arbitrario, no solo afectan la libertad asociación y la participación política libre de discriminación, sino que profundizan la desconfianza en el sistema electoral; y, lo que es más preocupante, crean nuevos obstáculos para superar la crisis institucional en un país caracterizado por la ausencia del Estado de Derecho”, expresó la Cidh.
Otros partidos que han sufrido intervención judicial en Venezuela son Bandera Roja, Patria Para Todos, Podemos, Movimiento Electoral del Pueblo (MEP) y Tupamaro. Además fueron ilegalizados Redes, de Juan Barreto; el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y Juan Bimba.
A excepción de Bandera Roja, el resto de esas organizaciones intervenidas forman parte del Gran Polo Patriótico, una coalición electoral que desde la época de Hugo Chávez apoyan al Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) y antes al Movimiento Quinta República (MVR).