Las recientes decisiones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sobre habilitar o inhabilitar a dirigentes políticos de la oposición venezolana generan diversas respuestas y críticas.
La tarde del viernes 26 de enero, el máximo tribunal del país emitió respuestas sobre todos los recursos interpuestos por distintos dirigentes opositores, entre ellos María Corina Machado y Henrique Capriles Radonski.
La decisión del TSJ de confirmar las inhabilitaciones de Capriles y Machado representan un revés para la oposición, pero también para los acuerdos de Barbados que se han trabajado entre el gobierno venezolano y la Plataforma Unitaria.
El abogado constitucionalista Gustavo Manzo conversó con Efecto Cocuyo sobre las recientes sentencias emitidas por la Sala Político Administrativa. “En mi opinión se trata de unas decisiones del TSJ que comportan profundas violaciones del texto constitucional”, dijo Manzo.
Inhabilitaciones para algunos y habilitaciones para otros
Llama la atención que el TSJ decidiera publicar todas las sentencias en la tarde del viernes 26 de enero, apenas tres días después de que Estados Unidos expresara su preocupación a recientes acciones tomadas por Tarek William Saab, en las que se ordenaron capturas a militares retirados, activistas y una periodista de la fuente militar.
Para el abogado Gustavo Manzo, las decisiones del TSJ no están ajustadas al marco constitucional y las mismas pueden tener graves consecuencias. “Pareciera que se trata de un criterio de selección. Unos sí, otros no. Lo que evidentemente viola un principio de nuestra constitución que es el principio de igualdad de los ciudadanos ante la ley. Esto continua desmontando el Estado de derecho en Venezuela”, indicó Manzo.
Dirigentes políticos de menor relevancia en la actualidad como Daniel Ceballos y Pablo Pérez fueron habilitados por el TSJ para optar a cargos públicos o de elección popular, mientras que la principal candidata de la oposición venezolana, María Corina Machado, no tuvo este mismo destino.
“¿Por qué para unos sí procede la habilitación y para otros no procede la habilitación? ¿Cuál es el criterio utilizado para discriminar en unos caso y en otros caso no? No queda claro. Es decir, no hay una certeza que venga ni producto del ordenamiento jurídico ni producto de las decisiones del TSJ”, analizó el constitucionalista venezolano.
Tanto María Corina Machado como Henrique Capriles Radonski reaccionaron rápidamente a las decisiones del TSJ. En ambos casos condenaron lo hecho por el máximo tribunal del país.
Manzo asegura que dichas inhabilitaciones están basadas en decisiones administrativas, pero “la Constitución establece que sólo mediante sentencia definitiva y firme, en juicio penal, como pena accesoria, es que una persona puede quedar inhabilitada en términos de perder sus derechos políticos que, dicho sea de paso, son derechos constitucionales”.