A partir de este viernes 12 de enero, la Asamblea Nacional (AN) de 2020, tiene previsto iniciar la consulta pública de la ley para la fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), a partir de la orden que diera su presidente, Jorge Rodríguez, en la pasada sesión ordinaria.
El instrumento legal rechazado por ONG venezolanas, dedicadas a la defensa de derechos humanos y a la labor humanitaria, por considerar que atenta contra la libre asociación prevista en la Constitución y que restringe el espacio cívico, fue aprobado en primera discusión el 24 de enero de 2023, pero se mantuvo «congelado» hasta ahora.
La ley se retoma en plenas negociaciones entre Estados Unidos y el gobierno de Nicolás Maduro y de este con la oposición, con Noruega como mediador, que produjo en el mes de octubre los acuerdos de Barbados. También en un año en el que deben organizarse elecciones presidenciales.
«Aplastar e intimidad»
¿Qué busca el poder político a través de la AN que domina el chavismo al sacar de la gaveta la normativa?
Defensores de derechos humanos consultados por Efecto Cocuyo alertaron que el objetivo es fragmentar y amedrentar a la sociedad civil que no comparte las políticas oficiales y callar la denuncia de violaciones de derechos humanos, así como la demanda de soluciones a los problemas del país, en año electoral.
«El gobierno le teme a la sociedad civil organizada en todas sus formas. La línea de acción es la mayor fragmentación de esa sociedad civil, en la medida en que se aplasta e intimida, se inhibe la participación, la denuncia y la movilización», señaló la presidenta de la ONG, Control Ciudadano, Rocío San Miguel.
La abogada sostiene que la gestión gubernamental le teme a la fotografía de los problemas sociales que puede hacer la sociedad civil, en este caso la organizada a través de las ONG y que perjudica la imagen del gobernante Nicolás Maduro en año de comicios presidenciales.
«Le temen a la denuncia, la participación y la movilización porque están dirigidas a hacer un retrato de un proyecto que fracasó en el poder, es la expectativa genuina de una sociedad que quiere cambio y que les representa un peligro porque el gobierno no ha sido capaz de atender las demandas sociales y mejorar las condiciones de vida de la población», subrayó.
Estrategia electoral
Entre los artículos del proyecto de ley más denunciados por ONG venezolanas está el 15 que establece supuestos para que un juzgado pueda, mediante sentencia firme, ordenar la disolución definitiva de una ONG.
Tales supuestos son: Recibir aportes destinados a organizaciones con fines políticos; realizar actividades políticas; promover o permitir actuaciones que atenten contra la estabilidad nacional y las instituciones de la República.
«Es una estrategia electoral. El gobierno quiere minimizar las voces disidentes que van a tener un papel importante en las denuncias de los problemas del país, quiere callarlas y amedrentarlas, van a prohibir el derecho a la libre asociación, a propósito de un proceso electoral que desde ya se ve que no será transparente porque ni siquiera han publicado el cronograma electoral», coincidió uno de los directivos de la ONG Acceso a la Justicia, Alí Daniels.
El abogado recalcó que la ley, tal como fue planteada en primera discusión, viola el artículo 52 constitucional sobre la libre asociación con fines lícitos y pone en peligro a un tejido social construido durante años al exigirles una serie de requisitos legales (artículos 8 al 13) a las ONG para funcionar y que el mismo gobierno tiene la potestad de dar, por lo que quedarían bajo su absoluto control.
Reiteró, tal como denunciaron más de 120 ONG venezolanas hace un año, que la normativa sí pone en riesgo la ayuda humanitaria en el país por todos los obstáculos que pueden poner los organismos de seguridad basados en la normativa, para la entrega de donaciones en todo el país, por ejemplo.
Exigen consulta transparente
Al terminar la sesión ordinaria de este 9 de enero, Jorge Rodríguez subrayó que es deber de la AN consultar con los venezolanos el instrumento legal y especialmente con las organizaciones que están involucradas en los alcances de la ley, a fin de dar «una fructífera segunda discusión» para la sanción final en la cámara, en una fecha aún no estimada.
Las ONG han expresado su disposición a acudir a la AN de 2020 para la consulta del proyecto de ley, pero antes, San Miguel destacó la importancia de que sea distribuido de manera oficial el texto completo de la normativa, que advirtió, no está publicado en la página web del Parlamento.
La abogada acotó que la no publicación formal del contenido divulgado desde 2023, ocasiona que esté en el campo de lo extraoficial y alimenta los temores de que lo que se busca con la ley es criminalizar la labor de las ONG en lugar de regular.
Tanto Daniels, como San Miguel, así como voceros de Provea, han manifestado que a dos días de que se inicie dicha consulta pública, no han recibido invitación formal del Parlamento, por lo que piden que sea convocadas todas las ONG y no solo las organizaciones afines al gobierno.
«Lo más sano es que se genere una consulta en la que se recojan las observaciones que tiene la sociedad civil al proyecto de ley, lo que se quiere es que esta ley en su conjunto no viole los principios de la actividad de las ONG en Venezuela. Control Ciudadano aceptaría una invitación pero queremos que se comprometan a recibir los planteamientos y que no se nos estigmatice ni nos expongan al escarnio público», pidió San Miguel.
Daniels apuntó que una consulta transparente debe trascender la toma de fotografías para dar constancia de que las ONG fueron tomadas en cuenta. Igualmente instó a incluir a las facultades de Derecho de las universidades del país, Iglesia y comunidades y no solo al «poder popular» que suele llamar el chavismo para las consultas de leyes y que no lleva la contraria a las ideas promovidas desde Miraflores y el Psuv.
Aunque a su juicio, el proyecto de ley tal como está planteado, según el texto que se filtró a los medios, es «insalvable» porque toda su estructura es «violatoria de derechos humanos». Sostuvo que simplemente no debe aprobarse la ley.
«No acabarán con defensa de DDHH»
Hace casi un año, el jefe de la fracción del Psuv en la AN de 2020, Diosdado Cabello, presentó el proyecto de ley de 17 artículos, bajo la premisa de que existen ONG venezolanas que son financiadas por países como Estados Unidos para desestabilizar al gobierno y era “hora de legislar” para frenarlo. Aseguró que las organizaciones dedicadas a la labor humanitaria no tenían nada que temer.
Entre las organizaciones que Cabello dijo tener identificadas mencionó a Súmate, Provea, Futuro Presente, Lidera, Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro y Más Ciudadanos, ligada a la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB).
Provea ha acompañado las protestas de trabajadores activos y jubilados, así como de pensionados por salarios dignos en la administración pública que no se aumentan desde hace año y medio y otras reivindicaciones.
San Miguel añadió que si resulta sancionada la ley en los términos señalados, el gobierno puede acabar con las ONG mas no con los defensores de derechos humanos que nacen justamente, destacó, de una situación particular de violación de sus derechos fundamentales.
«En mi caso personal fui víctima de la lista Tascón y llevé mi caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ese elemento de indignación es lo que dispara convertirse en defensor de derechos humanos, podrán acabar con las ONG pero no con esos defensores», advirtió.