Familias de la etnia Jivis, obligadas por la precariedad, se desplazan da sus hogares en Bolívar y Amazonas a campamentos improvisados en la periferia de Barbacoas, en el sur de Aragua, y El Sombrero, en Guárico, para trabajar en la agricultura. A pesar de la falta de acceso a información electoral, expresan su deseo de participar en las elecciones presidenciales y de ser escuchados por los candidatos.
Víctor Febres comienza a desmontar el campamento improvisado donde está alojado desde finales de octubre de 2023. Prepara sus bolsos, guarda la ropa, comida y otros utensilios. Con el final de la temporada de sequía culmina su trabajo agrícola en las tierras del sur de Aragua. Será hasta que inicie noviembre, fecha estimada para el final del invierno, que podrá volver al llano. Aunque Víctor está inscrito en el Registro Electoral, desconoce la fecha más importante del cronograma: el día de la elección.
El campamento provisional de Víctor está a la orilla del río Guárico, a 10 kilómetros del pueblo de Barbacoas, en el estado Aragua. Está hecho con palos de madera, encerado y bolsas plásticas que simulan los techos para protegerse de los rayos de sol que los árboles no pueden esquivar.
Allí se asentaron él y su familia, compuesta por más de 15 indígenas de la etnia Jivi, provenientes de Caicara del Orinoco, estado Bolívar, en busca de mejorar la calidad de vida que en sus propias tierras ancestrales no puede tener.
Desde hace un año Víctor, de 45 años de edad, que es el cacique del grupo de indígenas encargados de la siembra y cosecha de cebolla, tomate, pimentón y otras hortalizas que proveen las tierras de su “patrón”, hace un recorrido de más de 330 kilómetros por carretera para iniciar la temporada laboral.
Se trasladan en autobús desde Caicara del Orinoco, a orillas del río Orinoco, hasta Barbacoas, pero cuando el dinero es escaso caminan horas y horas por las carreteras del llano venezolano hasta que algún samaritano les ofrece llevarlos a donde pueda.
A Víctor no le gusta conversar sobre política. Solo quiere conseguir la comida para su tribu, ahorrar dinero para llegar a Caicara del Orinoco sin mucho problema, e irse de pesca cada vez que tiene oportunidad.
—¿Sabías que el 28 de julio hay un proceso electoral en Venezuela?
—No. No sabía que había elecciones —respondió Víctor.
“En Caicara del Orinoco somos 115 personas, pero no todos podemos votar porque algunos no aparecen en el sistema. Nosotros votamos en las elecciones pasadas donde estaba Maduro”, dijo.
Sin información electoral
Como Victor, son muchos los venezolanos que desconocen detalles importantes del cronograma electoral de las elecciones presidenciales del 28 de julio.
La poca promoción en medios de comunicación con señal abierta, sumado a la censura, pasan facturas en un país donde la información se vuelve más opaca.
Eugenio Martínez, periodista y experto electoral, describe que el Consejo Nacional Electoral (CNE) está caracterizado por no informar lo qué hace o por informar mal las decisiones que toma.
“El CNE está en mora con la campaña institucional que debió comenzar el 5 de marzo. Y es una campaña institucional que no solamente aparece en el cronograma, sino que tiene que ser transversal a todos los temas del Acuerdo de Barbados. Esta campaña institucional debió hacerse previo al operativo especial de actualización del registro”, dijo el analista.
La censura, el bloqueo de medios de comunicación y el cierre del espacio informativo crítico a las políticas gubernamentales le dejan al ciudadano mucha opacidad, pese a que algunos se informan en redes sociales, otros quedan en desiertos informativos, término usado por el Instituto Prensa y Sociedad (Ipys) para referirse a este fenómeno de la falta de información y ausencia de medios de comunicación en varias regiones de Venezuela.
En el informe publicado por IPYS para 2023, al menos 7 millones 25 mil 427 venezolanos (21% de la población) viven en desiertos informativos.
“Estos resultados muestran un aumento de un millón 753 mil 674 ciudadanos que ahora habitan en localidades con precariedad informativa, al compararse con los 5 millones 271 mil 753 de venezolanos que se encontraban en estas comunidades en 2020, cuando la organización realizó por primera vez este estudio”, se destaca en el reporte de IPYS.
Desde 2008, en Venezuela, al menos 405 medios de comunicación han sido cerrados. Entre el año 2021 y 2023, se estima que 123 medios informativos dejaron de operar en el país, según datos compartidos por la organización no gubernamental Espacio Público.
Comunidades indígenas excluidas
En los campos de cultivos de las poblaciones de Barbacoas (estado Aragua) y El Sombrero (estado Guárico) es común ver a miembros de las comunidades indígenas del país trabajando como mano de obra agrícola en las tierras y fincas de empresarios de la región.
La falta de incentivos económicos, encarecimiento de los productos de necesidad básica y la ocupación de tierras por parte de bandas delictivas u otros grupos paramilitares, obligaron a decenas de familias indígenas de los estados Bolívar y Amazonas a establecerse en las fronteras de Barbacoas y El Sombrero.
José González es uno de esos indígenas Jivis, oriundo de Samariapo, en el estado Amazonas, que tuvo que cambiar su hogar amazónico por el llano. Vive junto a ocho familias Jivis a las afueras de Barbacoas, a 770 kilómetros de su estado natal.
José se estableció en el sur del estado Aragua en 2019 por las condiciones precarias de los pueblos indígenas que están alejados de Puerto Ayacucho, la capital del estado Amazonas.
“Estamos por aquí porque cuando se enferman los niños no nos queda lejos. En Amazonas vivimos en una parte muy lejana, en el monte, y se nos pone difícil, en cambio aquí en Barbacoas nos queda cerca el CDI (Centro Diagnóstico Integral). Cuando se enferma alguien de nuestra comunidad no tenemos que esperar carros, vamos a pie, lo llevamos y nos regresamos, mientras que en Amazonas es muy lejos. Aquí estamos más seguros”, comentó José.
José denuncia las precariedad en las que vive con sus familiares dentro de un terreno que le cedió la alcaldía del municipio Rafael Guillermo Urdaneta a los Jivis desplazados por migración interna y temporal. En ese lugar organizaron pequeños refugios cubiertos de bolsas plásticas negras, que sirven como techos improvisados para apaciguar la lluvia o los rayos del sol.
Pocas veces son visitados por autoridades estatales y municipales. Innumerable veces, los Jivis han solicitado a la alcaldía ayuda para construir ocho viviendas dignas, con un servicio de energía eléctrica, bombas hidráulicas (para el agua potable y mantener los cultivos) y servicios de cañerías.
“Para poder tomar agua limpia tenemos que ir de madrugada a buscarla porque no tenemos toma de agua. Ya queremos tener nuestra propia toma de agua limpia. Necesitamos que nos ayuden, queremos trabajar”, dice José.
José, a diferencia de Víctor, tiene claro que el próximo 28 de julio se van a celebrar los comicios presidenciales en Venezuela. Él junto a los integrantes de su tribu están inscritos en el registro electoral y esperan el día de la elección para votar.
Ellos también saben que los días antes de la elección son “provechosos” porque esa es una de las pocas oportunidades en las que los políticos y candidatos se acercan a su aldea a tratar de que sean sus aliados a la hora de elegir por quién votar.
Los Jivis establecidos en la periferia de Barbacoas ya se preparan para los días de campañas donde están seguros que alguien del gobierno o la oposición pasarán por su zona.
—¿Usted me puede regalar unas hojas blancas? —pregunta José.
—¿Para qué las necesita, si puedo preguntarle?
—Quiero hacer unas seis cartas para pedir unas casas, la bomba de agua y la luz eléctrica, para cuando vengan los políticos se las entregamos.
Este grupo de Jivis no son integrantes de ningún partido, ni se identifican con alguna postura política. Solo quieren un gobierno que atienda las necesidades de los pueblos indígenas tan olvidados, los dejen trabajar tranquilos y respeten los territorios amazónicos y reservas naturales que han venido perdiendo.
“El que gana gana. Nosotros somos votantes y solo queremos ayudar a los gobiernos, no dependemos de ustedes, pero sí ayudamos con los votos”, afirmó José.
Desplazamiento indígena por migración interna
En el año 2016, el presidente Nicolás Maduro proclamó la vasta región al sur del río Orinoco como la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco, un proyecto que su predecesor Hugo Chávez había esbozado desde 2011.
La zona del Arco Minero tiene una extensión de 111 mil kilómetros cuadrados repletos de oro, coltán, diamantes y otros minerales que han sido explotados por órdenes del gobierno nacional.
Desde que se creó el Arco Minero uno de los grupos locales más afectados han sido los pueblos indígenas que habitaban en el área tomada por el Estado y que en reiteradas oportunidades han denunciado la situación de abusos y minería ilegal en áreas que deberían estar protegidas. Pero sus voces han sido ignoradas e incluso algunos han tenido que salir de sus territorios ancestrales y probar suerte en otros lugares alejados del conflicto.
La Misión Independiente de Determinación de Hechos para la República Bolivariana de Venezuela, en septiembre de 2022, presentó un informe ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre la vulneración de los derechos humanos en el Arco Minero del Orinoco y otras regiones del estado Bolívar y su frontera con Amazonas.
El Consejo de Derechos Humanos, a raíz del informe presentado por la Misión, manifestó su “profunda preocupación por la situación de los derechos humanos y el medio ambiente” en la región. Entre los temas destacados, se refirió a la explotación laboral de los mineros –muchos de ellos indígenas–, el trabajo infantil, la trata de personas y la prostitución forzada. Además, subrayó su “especial preocupación por las violaciones de los derechos de los pueblos indígenas” afectados en la zona.
Estas violaciones de derechos humanos citadas por la Misión se producen con frecuencia en el contexto de la extracción ilegal del oro y otros minerales estratégicos y son perpetrados tanto por agentes estatales, en particular por militares encargados de la seguridad en la región minera, así como por actores no estatales. Estos actores no estatales incluyen grupos criminales (conocidos como “sindicatos” y “pranatos”) y grupos guerrilleros de Colombia.
«La situación en el estado de Bolívar y en otras zonas mineras es profundamente preocupante. Las poblaciones locales, incluidos los pueblos indígenas, están atrapadas en una violenta batalla entre actores gubernamentales y grupos armados criminales por el control del oro. Nuestro informe pone de manifiesto la necesidad de seguir investigando esta región al sur de Venezuela que, paradójicamente, es una zona casi olvidada del país, pero, al mismo tiempo, genera una riqueza lícita e ilícita procedente de los minerales de cantidades inmensas», declaró Patricia Tappatá Valdez, miembro de la Misión.
Durante la exposición de ese informe la Misión también expresó su preocupación por la grave situación de los derechos humanos en el estado de Amazonas y con más énfasis en las violaciones de los derechos individuales y colectivos de las comunidades indígenas, que representan casi el 45% de la población de Amazonas.
José afirmó que, además de la condición de pobreza y precariedad en las que vivía en Amazonas, tuvo que salir de su territorio junto a su familia porque no los dejaban trabajar y frecuentemente los Javis eran víctimas de robos. “Nos robaban mucho, trabajábamos y perdíamos hectáreas. Por eso estamos aquí viviendo en Barbacoas. El Gobierno no nos ayuda y el alcalde dice que no tiene recursos”, espetó.
El desplazamiento de los pueblos indígenas de Amazonas y Bolívar desde comienzos de la emergencia humanitaria compleja en el país, realidad que ha sido denunciada documentada y denunciada por organizaciones no gubernamentales y organismos internacionales.
Desde 2019 ya las ONG alertaban sobre el empeoramiento de las condiciones de vida y de cómo la deforestación, el extractivismo de minerales y la llegada de grupos armados que operan la región afectaba a las comunidades aborígenes y forzaba el desplazamiento de la población indígena, entre ellos a los Jivis.
El director general del Grupo de Investigaciones sobre la Amazonía (GRIAM), Luis Betancourt, alertó, en abril de 2023, que el pueblo indígena Yanomami está siendo desplazado forzadamente de su territorio ancestral debido a la expansión de la minería ilegal en el estado Amazonas.
Betancourt explicó que la invasión de grupos vinculados a la minería ilegal y el crimen organizado provocan el desplazamiento interno de comunidades que han habitado la región durante miles de años. Además, señaló que estas actividades extractivas sin control están devastando los ríos con el uso de mercurio, causando enfermedades y muerte de indígenas, así como la contaminación del ecosistema.
Betancourt también subrayó que el decreto del Arco Minero del Orinoco viola el capítulo octavo de la Constitución, que trata sobre los derechos de las comunidades indígenas y su autonomía para decidir sobre asuntos de interés propio. Denunció que la consulta previa, libre e informada, un derecho de estas comunidades, ha sido mal utilizada en las zonas afectadas por la minería ilegal. Betancourt enfatizó que esta situación no solo genera un impacto social negativo, sino que también amenaza la supervivencia de los pueblos originarios como los yanomami.
El voto indígena de los Jivis el 28 de julio
En el año 2015 cuando la oposición ganó la mayoría parlamentaria el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) suspendió a tres diputados indígenas opositores por una supuesta irregularidad en su elección, ese año, 20 de los 52 pueblos indígenas registrados en el territorio venezolano quedaron sin representación.
El hecho fue condenado por diferentes organizaciones defensoras de los derechos humanos e indígenas. Pero, en 2016, la Asamblea Nacional de mayoría opositora juramentó a los tres diputados a pesar de la sentencia. Esto hizo que el máximo tribunal del país emitiera sentencia argumentando que el Parlamento habría entrado en desacato por desconocer la sentencia y, por ende, todos sus actos serían nulos.
Según el último censo, realizado en 2011, la población indígena alcanzaba un total de 724.592 personas. El registro, disponible en el sitio web del Instituto Nacional de Estadística (INE), señala que la entidad con mayor población indígena es Zulia, con 443.554. A esta le sigue Amazonas, con poco más de 76 mil. No obstante, la entidad amazónica está conformada en 80% por indígenas y nada más en ella se encuentran 20 pueblos originarios distintos.
“Nosotros cambiamos nuestra residencia para votar en Barbacoas. Hay que votar, queremos que todo mejore, gane quien gane. Solo queremos que nos ayuden a vivir mejor. Toda mi gente indígena Jivis vamos a salir a votar, todo depende de Dios, para que se mejore tenemos que votar”, enfatiza José, el representante de la familia de jivis establecidos en Barbacoas.
Griselda Colina, exrectora suplente del Consejo Nacional Electoral y directora del Observatorio Global de Comunicación y Democracia, en una entrevista con Efecto Cocuyo, explicó que para la próxima elección presidencial el voto indígena es igual al resto de la población y que este cambia solo cuando hay elecciones de cuerpos deliberantes (regionales, municipales, locales y parlamentarias).
Colina destacó que el voto indígena en Venezuela tiene características particulares: las elecciones se realizan en un día distinto y bajo un reglamento con pautas específicas. En las elecciones de 2021, las últimas para cuerpos deliberantes en el país, se introdujeron cambios significativos.
Uno de los más polémicos fue que el voto indígena dejó de ser secreto y pasó a ser de segundo grado. Estas modificaciones contravienen lo establecido en la Constitución, así como en los acuerdos internacionales firmados por Venezuela, que garantizan que el voto debe ser universal, directo y secreto.
“Nosotros debemos hablar y entender que las comunidades indígenas tienen particularidades propias por la distancia, por sus costumbres y tradiciones. Uno de esos retos es, por supuesto, el registro electoral indígena. Hay una propuesta de levantar un registro especial para esas comunidades, que cuente a esas personas que viven en poblaciones tan alejadas, pero también tome en cuenta sus particularidades culturales y les permita el ejercicio del derecho al sufragio de manera legítima como venezolanos”, indicó Colina.
Dos años después la Sala Constitucional del TSJ declaró la extinción de la instancia en la nulidad del Reglamento Especial para Regular la Elección de la Representación Indígena de la Asamblea Nacional de 2020.
Colina señala que sigue de cerca la situación de los pueblos ancestrales en el país. Enfatizó que no solo hay que pensar en el voto de esta población históricamente excluida, sino que los candidatos que lleguen a ser elegidos, respondan a las necesidades indígenas, así como hacer una revisión de sus leyes y normas para cumplir con las garantías necesarias.
“Los indígenas están en crisis de movilidad interna que se ha visto reflejada en cómo ellos salen de su tierra, de su zona, que es la que conocen, a otras regiones a buscar una mejor calidad de vida y no la consiguen. Ahora hay representantes de las poblaciones indígenas en el Parlamento. ¿Y qué han hecho? ¿Qué han hecho por ellos? Ni siquiera escuchan cuáles son sus problemas, sino que más bien estos cargos y estas representaciones han sido utilizadas para afectar resultados electorales, como pasó en 2015 con la elección parlamentaria”, dijo Colina.
Los candidatos tienen quién les escriba desde la etnia Jivis
José redactó seis cartas con las hojas de papel bond blanco que le regalé, todas iguales, con la esperanza que alguno de los candidatos que participarán en las elecciones presidenciales al cargo más importante del país llegue a su aldea o al menos conozca sus necesidades más urgentes.
Cada una de las cartas con idéntico mensaje José las escribió a mano con un lápicero con tinta de color negro y en las misivas insiste en que lo ayuden a su pueblo, a los Jivis desamparados, que los apoyen con sus casas, el acceso al agua y contra con la electricidad.
Por su parte, Víctor se marchó del sur de Aragua a su territorio ancestral a pesar de los problemas que los agobian y espera que llegue noviembre para volver a trabajar las tierras de Barbacoas que le dan de comer a él y sus familiares Jivis. Ahora sabe que el 28 de julio habrá elecciones presidenciales, quizás su voto le de la victoria a alguno de los candidatos.
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Este contenido es un producto del taller «Cómo hacer una cobertura electoral de calidad en tiempos de desinformación», de la Escuela Cocuyo 2024, el programa de formación y actualización de Efecto Cocuyo.