La Plataforma Unitaria Democrática rechazó, a través de un comunicado, las inhabilitaciones políticas contra 10 alcaldes de oposición y las últimas detenciones de dirigentes de Vente Venezuela y Voluntad Popular.
Este jueves, 20 de junio, se pronunciaron en contra de las medidas administrativas de la Contraloría General de la República contra dos alcaldes de Nueva Esparta y ocho de Trujillo, que expresaron su respaldo a la candidatura presidencial de la alianza opositora, representada por Edmundo González Urrutia.
Dijeron que las inhabilitaciones son una «figura inconstitucional como una forma de castigar a dirigentes políticos y autoridades electas».
También condenaron la persecución contra los alcaldes del Táchira, tras conocerse la detención del mandatario del municipio Ayacucho de esa entidad, Yonnhy Liscano.
«Esto en nada afecta el compromiso de cambio, sino por el contrario, lo consolidan», dice el texto.
Al igual mencionaron las detenciones de dos periodistas, Luis López y Gabriel González, que forman parte de equipos de comunicaciones de Voluntad Popular y Vente Venezuela respectivamente, así como las de miembros de esas dos organizaciones, Jeancarlos Rivas y Juan Iriarte.
A estos últimos cuatro el Ministerio Público les imputó los delitos de «incitación al odio y asociación» por participar en una caminata en el estado Vargas, específicamente en Maiquetía y pasar por un comando de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), donde dieron un mensaje junto al candidato Edmundo González a principios de junio.
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Plataforma pide liberación de presos políticos
«Exigimos que se respete el acuerdo de Barbados y que se otorgue la libertad plena de todos los presos políticos porque hacer política e informar no es delito», subrayaron.
De acuerdo con la ONG Laboratorio de Paz, desde enero y hasta el lunes 18 de junio han sido detenidas 37 personas en Venezuela por razones políticas. De ellas, hay 16 del partido Vente Venezuela, dos de Voluntad Popular y una de Primero Justicia.
También la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel y el periodista y activista social, Carlos Julio Rojas, entre otros.
Tras conocerse las últimas detenciones, Amnistía Internacional reiteró su denuncia sobre los patrones de persecución contra la disidencia política en el país por parte del gobierno e insistió en su llamado a la comunidad internacional a exigir su liberación al Poder ejecutivo venezolano.
Además, el gobierno de Estados Unidos las rechazó por medio del subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Brian Nichols, a lo que Miraflores respondió al catalogar sus palabras como un «intento de interferir» en las elecciones presidenciales del 28 de julio.