La intervención de la Cruz Roja Venezolana, ordenada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), además de generar rechazo entre organizaciones defensoras de derechos humanos, causa preocupación por la continuidad de la labor humanitaria en el país y porque como sociedad nacional siga cumpliendo con los Estatutos del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja para seguir operando, al serle impuesta una junta reestructuradora dirigida por un empresario.
ONG como Acceso a la Justicia, Provea, FundaRedes, Civilis y Acción Solidariatambién alertan sobre el mal precedente que la sentencia 1.057 de la Sala Constitucional del 4 de agosto sienta, puesto que cualquier organización privada en el país podría ser intervenida por el Estado a partir de esta decisión, bajo hechos no comprobados.
El TSJ designó al expresidente de Fedecámaras Ricardo Cusanno como presidente interventor de la Cruz Roja venezolana, a cuyo cargo estará un proceso de reestructuración de la organización. Entre las facultades que tiene Cusanno está la de nombrar la junta reestructuradora ad hoc, garantizar la continuidad del servicio y del voluntariado en todo el país, además de convocar a elecciones internas para elegir autoridades.
¿Principios en peligro?
De acuerdo con los Estatutos del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, constituido por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, se rigen, entre otros, por principios de imparcialidad, neutralidad e independencia para el cumplimiento de su misión que es «es prevenir y aliviar, en todas las circunstancias, los sufrimientos humanos».
El director de Acceso a la Justicia, Alí Daniels, se pregunta cómo un presidente y una junta reestructuradora impuestos por el TSJ con «dudosa» participación de la sociedad civil, pueden garantizar dichos principios que aluden a no tener distinciones de credo político (imparcialidad); abstenerse de formar parte de controversias de orden político para preservar la confianza (neutralidad) y ser independiente de los poderes públicos, aunque trabajen en coordinación para atender necesidades de la población.
«¿Una junta nombrada por el Estado venezolano puede ser imparcial, neutral e independiente?» cuestionó el abogado consultado por Efecto Cocuyo.
Indicó que en todo caso se debieron convocar elecciones en el seno de la Cruz Roja Venezolana para escoger nuevas autoridades, ante los señalamientos de supuestas irregularidades financieras y «acoso laboral», según la Fiscalía General, contra el depuesto presidente Mario Villarroel.
Reiteró que la intervención judicial es una negación del derecho de asociación consagrado en el artículo 52 de la Constitución y «genera un guión de intervención» contra cualquier organización civil privada en el país.
«Lo delicado de la reestructuración es que se hará sin la participación de sus miembros, desde una junta impuesta por el Estado, violentando lo que debe ser la voluntad de los que constituyen dicha asociación. Se corre el riesgo además que en la llamada reestructuración se incorporen nuevos miembros y luego se hagan las elecciones que implicaría que se constituya una Cruz Roja diferente a la intervenida con nuevos miembros ajenos», sostuvo Daniels.
Normas y sanciones de la Federación
El artículo 4 de los Estatutos del Movimiento establece entre sus condiciones de reconocimiento de las Sociedades Nacionales como la Cruz Roja Venezolana tener un «estatuto de autonomía que le permita desplegar su actividad de conformidad con los Principios Fundamentales del Movimiento».
Las Sociedades Nacionales como la Cruz Roja Venezolana son parte de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, para ello debe ser reconocida por el CICR, con deberes como cumplir con los objetivos humanitarios establecidos en los Estatutos del Movimiento y derechos como contar con el apoyo de la Federación en la labor humanitaria, establecidos en los Estatutos de la Federación.
De acuerdo con los Estatutos de la Federación (artículos 10 al 13), una Sociedad Nacional puede dejar de formar parte de la Federación por retiro voluntario o por expulsión, también puede ser objeto de suspensión.
Entre las causales está el incumplimiento del pago de contribuciones financieras, en la presentación de informes anuales, investigaciones en curso, usar sus vínculos con la Federación Internacional para un fin contrario a alguno de los Principios Fundamentales, entre otras.
Ante la intervención del TSJ, el presidente de Acción Solidaria, Feliciano Reyna, apuesta porque el presidente de la Federación, Francesco Rocca, visite el país y transmita confianza y tranquilidad al voluntariado (calculado en más de 2.600 personas) en el sentido de que seguirán operando. Espera que la labor humanitaria de la Cruz Roja venezolana no sea interrumpida por la medida judicial.
Cruz Roja venezolana: Estamos operativos
Este domingo, en un breve comunicado colgado en la cuenta de la red social Twitter, La Cruz Roja Venezolana aclaró a la opinión pública «que las sedes, hospitales y ambulatorios de la red de Cruz Roja Venezolana se mantienen operativos con normalidad en todos los estados del país, bajo sus respectivos horarios y servicios disponibles según corresponda».
Asimismo, la organización aseguró que el voluntariado también continúa realizando su labor humanitaria en el ámbito nacional «de forma regular, apegados a nuestros Principios Fundamentales, especialmente los de Neutralidad, Imparcialidad e Independencia».
Antes, sábado 5 de agosto, el secretario general de la Cruz Roja Venezolana, Mario Santimone, recibió a Cusanno y se aseguró que se trabajaría en conjunto «apegados a los principios de humanidad, imparcialidad, neutralidad, independencia, voluntariado, unidad y universalidad que rigen al Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja». Las consecuencias de la intervención del TSJ aún están por verse.