A pesar de que testigos principales nunca comparecieron y que no había pruebas, de acuerdo con los abogados defensores , de los delitos de conspiración y asociación para delinquir, la jueza del Tribunal 2° de Terrorismo, Grendy Duque afirmó que tenía suficientes elementos para condenar a 16 años de prisión a los dirigentes sindicales Alcides Bracho, Gabriel Blanco, Emilio Negrín, Reynaldo Cortés, Néstor Astudillo y Alonso Meléndez.
Familiares y abogados consultados por Efecto Cocuyo rechazan lo que consideran es una sentencia injusta tras un año de reclusión en condiciones de hacinamiento en la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) de La Yaguara.
Sostienen que la condena es una orden de Miraflores y un «mensaje» dirigido a los trabajadores venezolanos para que cesen las protestas en reclamo de derechos laborales, entre ellos un salario justo.
«Decisión política»
«Hace un año, cuando los detuvieron a ellos, el movimiento de trabajadores estaba en la calle, protestando contra el instructivo de la Onapre (Oficina Nacional de Presupuesto), lo cual no guarda relación con lo que se les imputa. Es una decisión política porque no hubo pruebas para condenarlos y ahora los abogados apelarán aunque sin muchas esperanzas», expresó Scarleth Mujica, esposa de Reynaldo Cortés.
Cortés es delegado principal del Consejo Regional de Trabajadores de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) en el estado Guárico. Lo detuvieron el 7 de julio de 2022 en dicha entidad, señalado de apoderarse de 120 fusiles en un asalto al Fuerte Caribay de Mérida, junto a cinco militantes de Bandera Roja, para supuestamente secuestrar a la familia de Tareck El Aissami. Está privado de libertad en la sede de la PNB en La Yaguara.
Mujica insta al gobierno de Nicolás Maduro y al Poder Judicial a «reivindicar» el sistema de justicia antes de que salga publicada la sentencia condenatoria y se fije el sitio de reclusión.
Relató que en un año de detención su esposo ha presentado problemas respiratorios por las condiciones de encarcelamiento y que en la audiencia en la que se dictó sentencia estuvo con tos. Vive junto a sus dos hijas de 12 y 14 años en La Guaira y a los gastos de manutención se suman los de traslados a La Yaguara, comida, agua y aseo diario para su esposo, porque en la sede de la PNB no se los proveen.
«Mis hijas no entienden que a su papá lo castiguen sin haber hecho nada malo, no lo asimilan. Su mamá vive en San Juan de Los Morros, tiene 80 años, sufre de hipertensión y tiene otro hijo con discapacidad, en un año solo la han podido traer dos veces a ver su hijo, es una familia de escasos recursos», comentó.
«Están más fuertes que nosotros»
Luego de la sentencia a 16 años de cárcel, tanto Cortés como Blanco expresaron a sus esposas que se mantienen firmes, a la espera de que en algún momento se haga justicia y que no lograrán «quebrarlos».
«Hoy le llevé su comida (a La Yaguara), lo vi fuerte, esperanzado, están más fuertes que nosotros los familiares. Como esposa estoy triste, abatida porque fue un juicio político, no hay pruebas, no hay delitos. Tiene un hijo de 17 años de su unión anterior que se graduó de bachiller hace una semana y hace un mes se murió su mamá (de Blanco) y tampoco pudo estar presente», manifestó Diannet Blanco, esposa de Gabriel Blanco.
Diannet también estuvo detenida por un año y 12 días en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en El Helicoide, tras participar en las protestas contra el gobierno de Maduro en 2017. Salió en libertad en 2018 con medidas cautelares. Exige que se garanticen los derechos humanos de los seis sindicalistas y que se haga valer la justicia. Le recuerda al gobierno de Maduro que lo investiga la Corte Penal Internacional (CPI) por delitos de lesa humanidad contra la disidencia política y la ciudadanía que reclama sus derechos.
Para el momento de su detención, Gabriel Blanco era director de comunicación de la Seccional Caracas de la Central de Trabajadores de la Asociación Sindical Independiente (ASI) y directivo del Sindicato de Funcionarios de la Asamblea Nacional. Lo apresaron el 7 de julio de 2022 en su vivienda en Caracas por efectivos de la Dirección de Investigaciones Estratégicas de la PNB.
Padre indignado
«Son seis luchadores sociales, yo estoy sumamente indignado con la sentencia porque son inocentes, no se pudo comprobar nada, pero nada para esa sentencia, seguiremos en pie de lucha hasta que se haga justicia. Estoy preocupado pero yo sé que mi hijo es fuerte» dijo Alonso Meléndez Romero padre de Alonso Meléndez Rodríguez.
Meléndez Rodríguez es ingeniero pesquero,pertenece la junta directiva de los pescadores del sector Aurora de los Taques, estado Falcón y militante del partido político Bandera Roja. Lo detuvieron el 5 de julio de 2022. Tiene esposa y tres hijos de 14, 10 y 7 años. Su mamá, Carmen Rodríguez es paciente oncológico.
«Lo detuvieron el día 5 de julio en allanamiento en su casa y de su mamá que están juntas rodearon las casas con policías armados sin ninguna orden allanamiento y si no abrían la puerta rompían la cerradura. En La Yaguara están en condiciones infrahumanas, hay que pagar para entrar. Nos cuesta mucho porque hay que hacer un viaje tan largo, es como es una tortura psicológica no solo para él sino para la familia» añadió Meléndez padre.
«No conspiraron»
El abogado y activista de derechos humanos, Eduardo Torres reiteró que los seis sindicalistas no conspiraron contra el gobierno de Maduro y que no se asociaron para delinquir porque tienen una vida de lucha por reivindicaciones salariales en los distintos sectores en los que actúan. Subrayó que el poder político en Venezuela «viola derechos humanos» y por eso se le investiga en la CPI y el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la libertad sindical.
«Lo que más impactó a familiares y abogados fue la severidad de la sentencia. Es un mensaje directo a los trabajadores venezolanos, no tiene cómo responder a los reclamos laborales y quiere controlar de esa manera, con persecución y encarcelamiento, no le importa lo que diga la CPI, la OIT, el alto comisionado de DDHH de Naciones Unidas ni la Misión de Determinación de Hechos», dijo a Efecto Cocuyo.
Torres es también abogado defensor de Negrín y Cortés. Resaltó que el testigo anónimo que acusó a los sindicalistas imputados nunca apareció en el juicio, que la policía no presentó órdenes para el vaciado de las pruebas y que un informe de contrainteligencia, que tampoco es legal en el derecho penal, según explicó, no arrojó consumación de un delito, por lo que fueron rechazados como elementos contra los acusados.
Negrín es Presidente de la Federación de Trabajadores Tribunalicios y miembro de la Coalición Sindical Nacional. Detenido el 5 de julio de 2022 en su vivienda en El Junquito, por funcionarios de la Dirección General de Contra Inteligencia Militar (Dgcim). Participó en la primera ronda del diálogo social entre la OIT, Fedecámaras, representantes de los trabajadores y el gobierno nacional, realizada en abril de 2022 en Caracas.
«Debemos esperar que se publique la sentencia para ver qué argumenta la jueza porque en la audiencia solo dijo que tenía pruebas suficientes para condenarlos a 16 años por los delitos cometidos y apelaremos además de alimentar los expedientes que ya existen en instancias internacionales por violaciones de derechos humanos», acotó Torres.