El coordinador general de Provea, Rafael Uzcáetegui, se pronunció sobre el tercer informe que presentó la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela.
Las conclusiones de los expertos de la ONU revelan, entre otras cosas, que las violaciones de derechos humanos contra la disidencia presuntamente «responden a un plan orquestado desde las más altas esferas del poder«.
Sobre esto, Uzcátegui expresó: “Es importante que los informes ratifiquen que las violaciones son sistemáticas y responden a un patrón de actuación que ha sido definido en un plan que tiene la autorización y el estímulo de altas autoridades del gobierno venezolano”.
En opinión del sociólogo, el trabajo de la misión “se ha constituido en el más importante mecanismo de verdad para que los venezolanos conozcan qué es lo que ha sucedido en el país los últimos años”.
“Necesitamos que todos los mecanismos de protección internacional sigan activados sobre nuestro país porque se han constituido en un importante muro de contención contra el abuso de poder”, afirma.
En este sentido, Provea y otras organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos promueven la extensión del mandato de la misión de determinación de los hechos que debe ser aprobada, en los próximos días, por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
“Estas conclusiones ratifican que son insuficientes los anuncios realizados por las autoridades para garantizar la independencia del Poder Judicial y el respeto al debido proceso, que la situación de impunidad se mantiene y las violaciones de derechos humanos continúan a pesar de los anuncios del Ejecutivo nacional”, sostiene.
El gobierno venezolano anunció una revolución judicial con la que pretendió inhibir la investigación del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan. Sin embargo, el funcionario pidió autorización de la Sala de Cuestiones Preliminares para continuar con sus labores tras confirmar que hay razones razonables para creer que en Venezuela se cometieron crímenes de lesa humanidad.
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Las conclusiones de los expertos de la ONU revelan, entre otras cosas, que las violaciones de derechos humanos contra la disidencia presuntamente «responden a un plan orquestado desde las más altas esferas del poder«.
Sobre esto, Uzcátegui expresó: “Es importante que los informes ratifiquen que las violaciones son sistemáticas y responden a un patrón de actuación que ha sido definido en un plan que tiene la autorización y el estímulo de altas autoridades del gobierno venezolano”.
En opinión del sociólogo, el trabajo de la misión “se ha constituido en el más importante mecanismo de verdad para que los venezolanos conozcan qué es lo que ha sucedido en el país los últimos años”.
“Necesitamos que todos los mecanismos de protección internacional sigan activados sobre nuestro país porque se han constituido en un importante muro de contención contra el abuso de poder”, afirma.
En este sentido, Provea y otras organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos promueven la extensión del mandato de la misión de determinación de los hechos que debe ser aprobada, en los próximos días, por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
“Estas conclusiones ratifican que son insuficientes los anuncios realizados por las autoridades para garantizar la independencia del Poder Judicial y el respeto al debido proceso, que la situación de impunidad se mantiene y las violaciones de derechos humanos continúan a pesar de los anuncios del Ejecutivo nacional”, sostiene.
El gobierno venezolano anunció una revolución judicial con la que pretendió inhibir la investigación del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan. Sin embargo, el funcionario pidió autorización de la Sala de Cuestiones Preliminares para continuar con sus labores tras confirmar que hay razones razonables para creer que en Venezuela se cometieron crímenes de lesa humanidad.