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La Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional (AN) de 2020 abordó la propuesta de Ley de Cooperación Internacional presentada por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), en reunión ordinaria de este miércoles 11 de mayo, en la que dijeron que las ONG deben rendir cuentas y no pedir sanciones contra Venezuela.

El diputado Miguel Salazar, de la bancada de la Alianza Democrática, dijo a Efecto Cocuyo que se discutieron dos borradores de la exposición de motivos y se designó una subcomisión que se encargará de redactar la propuesta en un solo borrador para presentarlo a la Comisión el próximo miércoles 18 de mayo.

La subcomisión estará dirigida por el diputado del Psuv, Roy Daza. La integrarán Edgardo Ramírez, Vanesa Montero y Luis Augusto Romero de la Alianza Democrática.

Salazar, quien también es dirigente del Copei judicializado, negó que la propuesta legal tenga el objetivo de perseguir a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que funcionan en el país. Aseguró que dichas organizaciones serán las primeras en ser llamadas cuando se abra la consulta pública, una vez aprobado el proyecto de ley en primera discusión en la plenaria.

«Hay mucha especulación, se cree que esta ley va contra las ONG y no es así. La ley es para blindar jurídicamente al Estado, no al Gobierno, en materia de cooperación internacional, se toman en cuenta elementos de transparencia, de seguridad geopolítica. Hay que darle instrumentos al Estado de cómo llevar adelante esta cooperación al servicio del país, no es un tema de controlar a las ONG», recalcó.

 «Deben rendir cuentas»

Consultado por los aspectos más polémicos del borrador de ley que maneja la Comisión presidida por Timoteo Zambrano, Salazar subrayó que las ONG deben rendir cuentas de los recursos que reciben desde el exterior como parte de la cooperación internacional. Igualmente fue enfático al señalar que existe consenso en torno a que debe existir un registro de organizaciones en el que se especifiquen datos como ubicación y a qué se dedican.

«Si funcionan en Venezuela deben rendir cuentas no solo a quien le proporciona los recursos desde el exterior sino al Estado, porque no son satélites. Aquí no se va a prohibir ninguna entrada de ayuda humanitaria», advirtió.

 De 26 artículos planteados es precisamente el último el que prendió las alarmas entre las ONG, porque amenaza con con prohibición, suspensión, restricción o eliminación definitiva a todas aquellas organizaciones que reciban cooperación internacional que promuevan o participen en «la aplicación de medidas coercitivas unilaterales contra la República» (sanciones internacionales) si se considera que atentan o afectan el desarrollo integral de la nación.

«No pueden pedir sanciones»

Salazar insistió en que solo es una propuesta que aún no ha sido discutida en la Comisión y que debe ser sometida a consulta nacional, sin embargo, no le causa ruido el mencionado artículo.

«Está bien, no es raro (…) Una ONG no puede estar empleando los recursos que recibe para pedir sanciones», afirmó.

Consecuente con la posición de la Alianza Democrática sobre las sanciones internacionales contra el gobierno de Nicolás Maduro, Salazar advirtió que las medidas restrictivas no llegaron solas al país sino que las solicitó la oposición encabezada por Juan Guaidó.

Agregó que lejos de conseguir el objetivo de desplazar al gobernante del poder, las medidas perjudicaron la venta del petróleo y por lo tanto a la inversión social.

«La discusión de la ley se puede llevar fácilmente dos o tres meses porque es candela, es muy polémica y las primeras consultadas serán las ONG para que vengan a decir en qué les afecta, pero hasta ahora jurídicamente hablando no hay nada, solo un borrador», reiteró.