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La Asamblea Nacional de 2015 alertó que el tribunal 49 de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas dictó órdenes de aprehensión contra su directiva conformada por Dinorah Figuera (Primero Justicia), Marianela Fernández (UNT) y Auristela Vásquez (Acción Democrática).

La instancia opositora, que prorrogó por tercer año consecutivo su mandato, se basa en una información que circuló en redes sociales para hacer la denuncia.  

De acuerdo con el comunicado oficial, las dirigentes de oposición son presuntamente señaladas de cometer delitos de usurpación de funciones, traición a la patria, asociación para delinquir y legitimación de capitales.

El órgano parlamentario de 2015 instó a la comunidad a alzar su voz contra “la arremetida feroz del régimen de Nicolás Maduro que forma parte de su sistemática represión a las fuerzas democráticas”.

Persecución judicial

La Plataforma Unitaria también condenó la “persecución judicial a la Asamblea Nacional de 2015 por parte de Nicolás Maduro”.

“La Asamblea Nacional de 2015 es la institución legítima que goza del reconocimiento internacional de importantes países como Estados Unidos, Alemania, Francia, Canadá, entre otros. Y tiene la determinación de acompañar al pueblo venezolano en la lucha por la conquista del cambio político, así como la defensa y protección de los activos que pertenecen a los venezolanos y los cuales se han mantenido a salvo de las garras de la corrupción de Maduro y su entorno”, expone.

La coalición de partidos advierte que pudiera tratarse de una nueva ola de persecución en contra de los integrantes de 2015.

Dinorah Figuera, Marianela Fernández y Auristela Vásquez se encuentran en el exilio. De hecho, Figuera declaró recientemente que la oposición decidió que la nueva junta directiva estuviera fuera del país «para garantizar la seguridad de la junta directiva ante las posibles arremetidas del régimen».

Fiscalía investiga

Hace tres días, el Ministerio Público designó a las fiscalías 67 y 94 nacionales “para investigar y sancionar delitos de corrupción vinculados al nombramiento ilegal de una fantasmagórica comisión parlamentaria impuesta para el robo de activos de Venezuela en el exterior”.

Dicha comisión es el denominado Consejo de Protección de activos que creó recientemente la oposición para administrar bienes y fondos de la República que controlan producto de las sanciones que impone Estados Unidos a la administración de Nicolás Maduro.