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Con la ratificación de Jorge Rodríguez como presidente de la Asamblea Nacional (AN) de 2020 por tercer año consecutivo, se dio por iniciado este 5 de enero, el período legislativo 2023. Pedro Infante y América Pérez fueron designados como primer y segunda vicepresidente del Parlamento integrado por 277 diputados.

Desde el primer programa legislativo de 2021 hay leyes pendientes por aprobación como la polémica Ley de Ciudades Comunales y otros instrumentos legales (al menos 14) del «poder popular», dirigidos hacia la instauración de un «estado comunal en Venezuela».

También «están en el aire» otras propuestas de ley que aún no son proyectos avalados en primera discusión pero son igual de temidas por implicar restricciones de libertades democráticas. Se sabe que al menos han sido mencionadas en las repectivas comisiones, la reforma de la Ley del Ejercicio del Periodismo, la de Cooperación Internacional y otra que pretende regular redes sociales.

Leyes hacia el estado comunal

.- Ley de Ciudades Comunales. Fue aprobada en primera discusión el 13 de marzo de 2021. Para entonces, el presidente de la Comisión de Comunas, Luis José Marcano, destacó que el instrumento legal va dirigido a concretar el proceso de transferencia de competencias del Poder Público nacional, estadal y municipal al poder popular, dándole rango legal a la creación de dichas figuras territoriales.

La segunda discusión inició el 22 de junio de 2021 pero no pasó del artículo 10. El «freno» fue atribuido a negociaciones entre Miraflores y un sector de la oposición para que el antichavismo aceptara participar en las megaelecciones regionales de noviembre de ese año.

Abogados constitucionalistas como Juan Manuel Rafalli han alertado que la ley crea un «Estado paralelo» que no está previsto en la Constitución, al agregar una nueva división territorial con un sistema de gobierno y réplicas de los Poderes Públicos.

En 2022, el gobernante Nicolás Maduro dio a la AN la orden de reformar las llamadas leyes del Poder Popular, con el objetivo de eliminar principalmente las «trabas burocráticas» que impedían la consolidación de un estado comunal en Venezuela. A partir de allí pasaron en primera discusón las reformas a las leyes orgánicas del Sistema Económico Comunal; Comunas; Reforma a la Ley Orgánica del Poder Popular y los cambios a las leyes sobre Consejos Comunales y Contraloría Social.

En cuanto a a otras leyes del poder popular, esperan por su primera entrada a la cámara las reformas a las leyes Orgánica de Planificación Pública y Popular; Contrataciones Públicas; Consejo Federal de Gobierno; Jurisdicción de la Justicia de Paz; Ley de Transferencias de Competencias y otras Atribuciones del Poder Popular; Ley de Comunicación Alternativa y Popular; Parlamento Comunal Nacional; Producción Social para Vivienda y Hábitat y Ley de Cooperativas.

La fracción de la Alianza Democrática se opone a la sanción de tales leyes porque el estado comunal no está previsto en la Carta Magna, por lo que el chavismo, aseguran, debería reformar primero el texto constitucional antes de pretender imponerlo.

Reforma del sistema de justicia

A raíz del proceso en la Corte Penal Internacional (CPI) contra el Estado venezolano por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad, actualmente en fase de investigación, desde el Legislativo con mayoría del chavismo también se inició la discusión de instrumentos legales (nuevos y csambios a leyes vigentes) dirigidos a una reforma judicial» en el país.

En cola, pendientes por segunda discusión está la Reforma de la Ley del Sistema de Justicia, la Ley de la Verdad y la Memoria Histórica sobre Derechos Humanos ( que al parecer solo reconoce la violación de derechos fundamentales contra antiguos dirigentes de izquierda y dirigentes y militantes chavistas) y la Ley para la Atención Integral y Reparación de las Víctimas de Violaciones de los Derechos Humanos.

ONG defensoras de DDHH cuestionan que los cambios no resuelven de fondo las graves fallas del sistema justicia que no garantizan el respeto a los DDHH, entre ellas la falta de independencia del Poder Judicial consagrada en la Constitución. Sostiene que Miraflores solo pretende aparentar una voluntad de reforma ante la CPI en un intento para que desista de su investigación.

En la Comisión de Política Interior se plantea además la presentación de las leyes de la Inspectoría General de Tribunales y de la Escuela Nacional de la Magistratura cuyas autoridades fueron renovadas por la AN de 2020 y demás órganos del sistema de Justicia.

También aguarda por segunda discusión la Ley de Participación Estudiantil en el Subsistema de Educación Básica; Ley Especial de Trabajadoras y Trabajadores Agrícolas; Ley de Atención Integral para las Personas con Trastornos del Espectro Autista y la Ley Orgánica de Coordinación y Armonización de las Potestades Tributarias de los Estados y Municipios.

Esta última busca una «coordinación» de los impuestos que se cobran en el territorio nacional, impidiendo a las regiones cobrar tributos no autorizados. Es criticada por considerarse que resta potestades tributarias a estados y municipios con recursos ya mermados por la vía del Situado Constitucional.

Jorge Rodríguez fue ratificado como presidente de AN de 2020

¿Engavetadas?

Ley de Cooperación Internacional. A mediados de 2022 se filtró a la prensa un borrador 26 artículos y hasta la fecha se desconoce su avance real. Fue denunciada por las ONG al considerar que amenaza con cierres a las organizaciones que sean señaladas de avalar sanciones internacionales contra el gobierno de Maduro, lo que pondría en riesgo la ayuda humanitaria que muchas prestan en el país.

La discusión sobre una reforma de la Ley del Ejercicio del Periodismo fue iniciada por la Comisión Permanente del Poder Popular y Comunicación, el 14 de julio de 2022, aunque luego se dijo que su aprobación no estaba planteada, al menos en el corto plazo.

Desde el gremio que exigió participar en la discusión de la propuesta legal, si existe un anteproyecto, se advirtió que podría atentar contra la profesionalización, al considerarse que los «comunicadores populares» no graduados en una universidad también «hacen periodismo», según la diputada de 2020, María Carolina Chávez.

De una ley para regular redes sociales también habló el presidente de dicha comisión, Juan Carlos Alemán, el 18 de octubre de 2022. Aseguró que no significa controlar. No especificó cuando podría aprobarse, pero el periodista Melanio Escobar de la ONG Redes Ayuda aseguró a Efecto Cocuyo que la propuesta de legislación tenía alrededor de un año «cocinándose» en el seno de la AN, aún sin fecha definida para su discusión en cámara.

Diputados de la Alianza Democrática consultados indicaron que hasta octubre, la iniciativa de ley es solo una propuesta del Psuv sin un borrador definido. Coincidieron con Escobar en advertir sobre los «peligros» de sancionar una legislación de ese tipo en Venezuela, bajo el gobierno de Maduro, «habituado» a la censura, cierre de medios de comunicación y persecución política.

Agenda legislativa

En los próximos días, en la AN de 2020 deben definirse la conformación de las comisiones permanentes para el nuevo período legislativo, así como la agenda legislativa de 2023. En 2022, la AN sancionó 13 leyes entre enero y agosto y ocho en el segundo período de septiembre a diciembre.

Para el diputado de la Alianza Democrática, Luis Eduardo Martínez, el Parlamento debe dar prioridad a leyes relacionadas con el área económica y social. En entrevista televisiva este 5 de enero, mencionó que promoverán la Ley de Salarios y Sueldos Dignos que fue planteada el año pasado pero no discutida. El debate y legislación sobre este tema también ha sido una exigencia del diputado del Partido Comunista de Venezuela (PCV), Oscar Figuera.