La segunda Consulta Popular Nacional, que promueve el gobierno de Nicolás Maduro, se llevará a cabo el domingo 25 de agosto con la reiteración de ser una nueva forma de ejercer la democracia directa junto a las comunidades. El proceso se realizará en medio de una crisis política en Venezuela, por los cuestionamientos nacionales e internacionales sobre los resultados de las elecciones del 28 de julio. 

Durante esta consulta, la ciudadanía deberá elegir proyectos que representen posibles soluciones a los problemas de sus comunidades; proyectos que tradicionalmente han sido responsabilidad de las alcaldías y gobernaciones. Tras los resultados, se espera que el Estado transfiera los recursos directamente a las comunas y consejos comunales para la ejecución de los planes.

La primera votación de este tipo se hizo en abril de 2024 y fue vista como un ensayo para aceitar la maquinaria chavista antes de las presidenciales. En esa ocasión, según las autoridades, se aprobaron 27.000 propuestas en todo el país. 

“Venezuela tiene su propio modelo de democracia, nosotros lo estamos construyendo. No necesitamos intervención. Venezuela tiene Poder Popular, tiene Constitución, leyes, y, el 25 de agosto, ahí estará el pueblo votando”, afirmó el gobernante desde Miraflores el 16 de agosto pasado.

Dominación comunal

La socióloga y directora del Centro de Investigaciones Populares Alejandro Moreno, Mirla Pérez, duda de que con este tipo de instrumentos haya más democracia en el país. Considera que el sistema comunal, creado desde la gestión del fallecido Hugo Chávez, impulsa “la dominación” de la vida pública.

“Encontramos que estos procesos no están hechos para elegir, sino para reafirmar los mecanismos diseñados de arriba hacia abajo. Por eso, las elecciones comunales que ha habido hasta ahora no plantean propuestas reales de alternabilidad, de autogestión ni nada por el estilo”, explicó para este reportaje.

Lo mismo cree Miguel Sánchez, un líder de base comunitario de la parroquia Santa Rosalía en Caracas, para quien la aprobación del proyecto en la primera consulta popular de abril no soluciona la verdadera necesidad de su sector: las fallas de agua.

“A principios de este año, cuando empecé a ver que las comunas estaban armando proyectos y que se iban a ejecutar los más votados, me di cuenta de que aquello era una lotería. Que yo sepa no se elaboraron estudios que justificaran esos proyectos o que especificaran qué impacto tendría en la comunidad… así no se hace un proyecto, la ejecución no se puede determinar por la mayor cantidad de votos, porque aunque tú votes y ganes, después te puedes encontrar con que el proyecto no es aplicable, como efectivamente está pasando”, dijo.

Quiénes ejecutan los proyectos

Aunque formó parte del consejo comunal de su localidad, en la comisión de contraloría, Sánchez tiene severas críticas a cómo se administran los recursos desde esas instancias. Ventajismo, supuestos hechos dolosos y favoritismo por razones políticas lo llevaron a oponerse a este tipo de programas sociales del gobierno de Nicolás Maduro.

La consulta popular, en su estructura, busca que los llamados circuitos comunales o comunas presenten proyectos. En una primera fase o asamblea los consejos comunales (que según el Gobierno son 49.000 en todo el país) presentan sus proyectos, que luego llevan a las comunas, y se aprueban un promedio de siete posibles soluciones a necesidades comunitarias, que serán las que finalmente se voten en la consulta.

Una jefa de calle en Maturín, estado Monagas, contó en la consulta de abril se aprobó una caminería que beneficiará a los habitantes de los 16 consejos comunales agrupados en la comuna  “Lanceros socialistas Sur”, es decir a quienes residen en los urbanismos de la Zona Industrial.

Explicó que el proyecto ya está en marcha, luego de que unos topógrafos realizaron las mediciones. Los recursos los entrega el Ejecutivo nacional bajo la supervisión de la Alcaldía de Maturín, que está en manos del Partido Socialista Unido de Venezuela.

“Este proyecto lo vamos a realizar los consejos comunales. La mano de obra sale de las comunidades, todos los vecinos que quieran ayudar o colaborar serán bienvenidos. Ya se hicieron los estudios”, relató.  

Sin embargo, reconoció que por las múltiples ocupaciones que tienen los miembros de los consejos comunales se retrasan las labores y no tienen una fecha específica para su culminación.

Mirla Pérez explicó que el CIP realizó grupos focales para evaluar la percepción sobre la primera consulta. “La gente lo que decía era que esos proyectos ya habían sido ya diseñados desde arriba y la comunidad lo que había ido era a elegir entre ellos, pero ninguno era sobre las necesidades propias de la comunidad”. 

Por ejemplo, entre las propuestas que debían elegir en la comuna de Maturín estaba la construcción de un nuevo módulo de educación especial para una escuela y la perforación de un pozo de agua en uno de los urbanismos del sector que sufre constantes fallas del servicio. Sin embargo, se aprobó la caminería.

Poca participación

El líder comunitario de Santa Rosalía criticó que para su sector, donde el agua llega cada 15 días por cisternas, aprobaron recuperar un galpón donde crearán un mercado para emprendedores de la comuna.

“Es incoherente que, siendo el desabastecimiento de agua el principal problema de la comunidad, gane un mercado cuando aquí en El Cementerio lo que sobran son mercados populares y centros comerciales, hay demasiados”, fustigó. Además, dijo que el mercado se hará en unas instalaciones que pertenecen al Ministerio de Alimentación, al que todavía deben presentar el proyecto y el ente tiene la potestad de aprobarlo o no.

“Tampoco está claro cuánto dinero costaría montar ese mercado, ellos no presentaron el presupuesto del proyecto. Entonces, la gente se sintió estafada porque el proyecto que se aprobó con 86 votos (la participación en la consulta no llegó ni a 200 personas) en una comunidad donde hay más de 1.600  familias. Esto no los va a beneficiar y además no es aplicable”, agregó Sánchez.  

Desplazar a las gobernaciones y alcaldías

El trasfondo de este “modelo de democracia”, según la exdiputada a la Asamblea Nacional de 2015, Delsa Solórzano, es despojar de sus competencias a las alcaldías y gobernaciones, especialmente aquellas donde el chavismo no tiene el control político.

“Es una característica del régimen y tiene que ver con el dominio contra liderazgos locales y regionales, acabar con el Estado descentralizado… Es desaparecer a las alcaldías y gobernaciones de facto”, señaló el 11 de agosto pasado para un reportaje previo de Efecto Cocuyo.

Añadió que buscan restar competencias. Comenzaron con Barrio Adentro, en el gobierno de Hugo Chávez en 2004, y avanzaron hasta el punto que ni gobiernos regionales ni municipales tienen control sobre las policías, el servicio eléctrico ni sobre el sistema penitenciario. Esto último a pesar de que lo señala explícitamente el artículo 172 de la Constitución.

“Chávez creó los consejos comunales, le quitó presupuesto a alcaldías y gobernaciones y lo que hace es centralizar. Tienes que dirigirte a Miraflores para pedir recursos. Es una estructura bien pensada… Nunca se ha cumplido que Venezuela es un estado federal y descentralizado”, resaltó.

Sistema comunal desplaza a las comunidades

La investigadora Mirla Pérez coincidió en que el ámbito comunitario quedó desplazado por el sistema comunal que domina el chavismo con su estructura de jefes de calle, Unidades de Batalla Bolívar-Chávez (UBCH), consejos comunales y finalmente las comunas.

“Es importante resaltar el concepto de ocupación del territorio a través de todos esos mecanismos, incluyendo la milicia, que en este sistema, en el Estado Comunal es el quicio, la mitad entre lo que corresponde a lo civil y lo militar. Esa es la base de todo el sistema comunal”, expresó.

Bajo este esquema, cuando el Estado dejó de cumplir sus responsabilidades en la atención de los servicios públicos, las comunidades debieron asumir sus roles forzados por la ineficiencia estatal.

“Ahí lo importante es ver como un Estado que no ha dado ningún tipo de solución, que no ha abierto canales para poder resolver los temas estructurales y ahora pretende, sin recursos y sin ninguna autonomía en la gestión de los mismos, traspasarlo a las comunidades. La gente ve eso como una falsedad, como algo hecho simplemente para la manipulación y no para una resolución sustancial del problema”.

Mientras tanto, Maduro celebra: “tenemos elecciones directas, populares, libres y secretas el 25 de agosto en 4.505 circuitos comunales”, donde se esperan poner a discusión más de 30.000 proyectos.

Para este proceso se habilitará un centro de votación por cada comuna. El o la jefa de la Ubch será quien coordine el proceso en cada centro, mientras que los responsables electorales de las comunas y los consejos comunales asumirán el cargo de testigos. La jornada se realizará desde las 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m., o hasta que haya electores en cola. Están llamadas a votar todas las personas a partir de 15 años de edad, con su cédula de identidad como único requisito. 

Con información de Kevin Meleán.

• Este reportaje es resultado de la beca de producción periodística para promover el conocimiento sobre el derecho a la participación en Venezuela, otorgada por Espacio Público y Crónica.Uno.