La Plataforma Unitaria Democrática solicitó al Estado venezolano que respete “la soberanía popular”, luego de los resultados del 28 de julio, en respuesta a la sentencia que este sábado 10 de agosto dictó el Tribunal Supremo de Justicia, que se avocó a la revisión de los documentos con los resultados de la elección presidencial.
“Todos los venezolanos y el mundo democrático que nos observa imparcialmente sabemos lo que ocurrió el pasado 28 de julio. Edmundo González Urrutia ganó ampliamente la elección presidencial”, manifestó la coalición opositora en un comunicado.
La PUD advirtió que corresponde al Poder Electoral garantizar la transparencia y confiabilidad de los procesos comiciales, por lo que consideran inaceptable que se cercene el procedimiento en curso ante el CNE “para colocar bajo el manto de la opacidad unos pretendidos resultados no auditados ni desagregados por mesa electoral”, dice el escrito.
Indicaron que la Sala Electoral del TSJ está únicamente llamada a controlar jurisdiccionalmente las decisiones adoptadas por el CNE, previa interposición de los recursos contemplados en el ordenamiento jurídico, pero que nunca puede ser instrumentalizada para impedir que el CNE cumpla con etapas fundamentales del proceso electoral, ligadas a la auditabilidad de los resultados electorales.
«Sin embargo, el CNE no ha emitido aún resultados conformes con la Constitución y la Ley. La totalización y la consecuente proclamación del ganador en las elecciones presidenciales tienen que basarse en los resultados obtenidos en cada mesa de votación sustentados, a su vez, en actas de escrutinio que estén a disposición de los candidatos participantes (Art. 120 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales-LOPRE)», afirman.
Exigieron que se produzca una totalización de los resultados, apoyada en actas a las que las partes puedan tener acceso, para efectuar las comprobaciones o contrastes respectivos.
«Cabe destacar, que el mismo presidente del CNE se comprometió públicamente en su anuncio del día 28/07 que en las próximas horas entregaría a cada candidato el CD contentivo del detallado de actas que soportarían el boletín número 1, así como a la publicación en la página web del CNE del detallado de resultado por mesa. A 13 días del anuncio de resultados, ninguno de estos compromisos se han cumplido», denunciaron.
Recordaron que conservar y resguardar los ejemplares o copias de las actas de escrutinio que recibieron los testigos en las mesas de votación es un derecho irrefutable para cada candidato.
Señala la PUD que actualmente se intenta crear un “procedimiento” ante el TSJ para generar una vía para “certificar” resultados emitidos a partir de actas inexistentes y/o secretas, y sin desagregar resultados por mesa, y para privar a los participantes de las copias de actas de escrutinio, únicas pruebas que tienen y que garantizan la transparencia del proceso electoral.
«En un Estado de derecho, el Poder Judicial debe ser garantista de los derechos de las personas frente al abuso de poder, no un mecanismo que se emplee a fin de menoscabarlos aún más», apuntaron.
En ese sentido, agradecieron el contenido del comunicado conjunto de los gobiernos de Brasil, Colombia y México, donde se pronuncian por una verificación imparcial de los resultados donde se respete la soberanía popular.