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El gobierno interino está cerca de llegar a su fin. Para analizar las posibles consecuencias políticas y jurídicas que supone la desaparición de esta estructura, Efecto Cocuyo entrevistó al historiador Pedro Benítez y al abogado Fernando Fernández.

El primero es profesor de historia económica de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y excoordinador de políticas públicas de la extinta Mesa de la Unidad Democrática (MUD). El segundo es especialista en Derecho Internacional.

Efecto político

Apartándose de las predicciones, Benítez considera que la forma en la que se llevó a cabo la sesión para aprobar la eliminación de la presidencia encargada (en primera discusión), este 22 de diciembre, “deja un ambiente muy negativo de cara a las primarias que la Plataforma Unitaria está convocando”.

El profesor opina que la elección del candidato presidencial opositor no se está convocando para construir una candidatura alternativa a la que probablemente sea la de Maduro, en 2024 o cuando se convoquen los comicios, sino que se hace con el fin de resolver un problema de liderazgo y, en ese sentido, puede terminar siendo un mecanismo que agudice las contradicciones.

“Este es un capítulo más en las disputas dentro de la propia oposición y un intento de reajustar, de manera poco presentable, su estrategia política”, afirma.

El fin del interinato también aumenta el riesgo de cárcel para Guaidó, según Benítez: “Siempre ha estado bajo ese riesgo, pero ahora creo que va a ser mayor, depende mucho de lo que quiera hacer el gobierno. Apresar a Guaidó  no creo que al gobierno le convenga, en la estrategia que lleva hasta ahora, pero tampoco el gobierno es monolítico”.

¿Victoria de Maduro?

Sin embargo, aclara que la reforma del Estatuto de Transición que acaba con la presidencia encargada no representa una gran victoria para Nicolás Maduro. “Los que dicen eso no sé en qué país ni en qué planeta viven, hemos visto a lo largo de estos meses como EE. UU. ha levantado sanciones personales a familiares de la pareja presidencial, vimos cómo liberaron a los sobrinos de la doctora Cilia Flores, y como dieron una licencia a Chevron, entonces ¿cuál es el cambio trascendental que está ocurriendo con esta decisión?, cuestiona.

Sobre la protección de los activos en el exterior, el analista responde que ninguno está en manos de este sector de la oposición. “Citgo está bajo la jurisdicción del gobierno de EEUU, que por sus propias razones de política internacional, decidió dar el reconocimiento a la Asamblea Nacional de 2015 y le ha dado la potestad hasta ahora, por medio del interinato, de designar una junta ad hoc que maneje la administración de esa empresa”, manifiesta.

“Pero así como pasó en Monómeros, si el día de mañana el gobierno de Estados Unidos decide establecer relaciones con el gobierno de Maduro y reconocerlo, así como Monómeros pasó nuevamente a manos de Maduro podría pasar lo mismo con Citgo. Es decir, la oposición no tiene ningún poder real sobre Citgo”, agrega.

Efecto jurídico

Pero el abogado Fernando Fernández sostiene que el fin de esta figura sí puede perjudicar los activos y recursos de la República que están protegidos.

Su afirmación se basa en un argumento también esgrimido por el exprocurador del interinato, José Ignacio Hernández: La base constitucional que se empleó en 2019 y que fue reconocida por las cortes de Estados Unidos y el Reino Unido es el artículo 233 de la Constitución relativo a la presidencia encargada.

De acuerdo con este artículo, si Maduro no es presidente electo, entonces, el presidente de la Asamblea Nacional asume como presidente encargado hasta que se celebren elecciones.

Pero Fernández va más allá y asegura que “la destrucción del gobierno interino es la destrucción de la separación e independencia de los poderes públicos. Es la muerte del Estado de Derecho y de lo que queda de la democracia y la República”.

Al ser consultado por el carácter ambivalente que caracterizó la gestión de Guaidó como cabeza del Legislativo y del Ejecutivo, lo que también viola la independencia de poderes, admite que fue un error no haber separado al dirigente de sus funciones parlamentarias.

El profesor también subraya que la desaparición del interinato alienta la falta de transparencia, pues la Asamblea Nacional no puede rendir cuentas ante sí misma en relación a las funciones ejecutivas que planea asumir como la designación de representantes internacionales y la administración de los activos, a través del Consejo de Administración y Protección de Activos.

¿Fin del gobierno interino?

El exprocurador Hernández publicó un artículo en el que señala que no se plantea el fin del gobierno interino exactamente. Argumenta que se mantienen las juntas ad hoc de Pdvsa y del Banco Central de Venezuela, que son parte de la figura central del interino, para hacer esta afirmación. 

El abogado concluye que «el gobierno interino sigue, pero ahora través de la Asamblea, que será Parlamento y ejecutivo al mismo tiempo» y alerta que el futuro de esa estrategia judicial para la protección de los activos es incierto.