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«Asombrados» dijeron sentirse sindicalistas que participan en la mesa de diálogo tripartito con el gobierno nacional y empresarios para tratar de llegar a un acuerdo sobre un método para la fijación del salario mínimo en Venezuela, con el anuncio de Nicolás Maduro de solo ajustar bonos de alimentación y «de guerra», mientras las tablas salariales permanecerán estancadas.

La secretaria general de la Central de Trabajadores Alianza Sindical Independiente (ASI -Venezuela), Leida Marcela León expresó que se le hizo llegar una propuesta al Ejecutivo para aumentar el salario que tomaba en cuenta el curso de la inflación, las posibles fuentes de recursos, lo cual Maduro «hizo a un lado» este 1 de mayo.

El gobernante se limitó a informar que el bono de alimentación pasaba a 40 dólares (solo para trabajadores activos) y el de guerra que se cancela a través del Sistema Patria a 20$, monto que corrigió este lunes a 30$, entre otros anuncios como un fondo de nacional para las prestaciones sociales, a lo que León respondió que sin un aumento de salario mínimo (actualmente en solo 130 bolívares) no hay prestaciones que valgan.

¿Qué pasa con el bono de alimentación?

«Quedamos asombrados con esos anuncios, Maduro le dio un golpe a la mesa de diálogo. Este 1 de mayo fue un lunes negro salarial porque Maduro incluyó el cesta ticket junto con el bono de guerra en un ingreso vital de emergencia. El bono de alimentación es parte del salario integral según las convenciones colectivas e incide en el cálculo de las prestaciones sociales, es un derecho adquirido, no un ingreso de emergencia», advirtió en declaraciones a Efecto Cocuyo.

El bono de alimentación solo es percibido por los trabajadores activos de la administración pública. Es decir, recibirán mensualmente 70$ entre el bono de guerra (30$) y el de alimentación (40$). El salario mínimo sigue en 130 bolívares, equivalentes a solo 5$ según la tasa oficial.

Jubilados y pensionados del Seguro Social no reciben cesta ticket, solo cobran jubilación y pensión más bono de guerra. El ministro del Trabajo, Francisco Torrealba, especificó que los jubilados de la administración pública cobrarán el equivalente a 49$ (bono de guerra más jubilación) y pensionados del IVSS solo 20$ (bono de guerra con un monto menor, más 130 bolívares de pensión).

La directora del Observatorio Venezolano de Libertad Sindical, Jacqueline Richter señaló que el alcance de los bonos está en duda por cuanto desde 2019 no hay cifras actualizadas de la nómina de trabajadores públicos, que hace cuatro años era de 2 millones de personas.

«Bono de guerra no se puede reducir»

Con el bono de guerra, el Ejecutivo aplicó un «redondeo» hacia abajo con el bono de guerra económica porque para abril, a los trabajadores activos se les depositó 1.100 bolívares, a los jubilados 770 bolívares pero ahora ambos recibirán 30 dólares, equivalentes a 742,5 bolívares a la tasa oficial actual del BCV.

Los pensionados recibieron en abril 365 bolívares por bono de guerra pero ahora según Torrealba cobrarán 20$ (495 bolívares), menos que el resto, más 130 bolívares de pensión Es decir, que tendrían un ingreso mensual de 25,25 dólares o 624,43 bolívares.

«Según la Ley Orgánica del Trabajo y jurisprudencia del TSJ los derechos son progresivos y no son renunciables, lo que hicieron con el bono de guerra (reducirlo) no se había visto nunca, aparte de que es como una lotería porque no le llega a todo el mundo ni a todos al mismo tiempo, pareciera que un mes le pagan a unos y el otro mes a otros», reprochó León.

Ritcher acotó que la nómina del IVSS tampoco se actualiza desde 2015, cuando reflejaba 5.000.000 pensionados, de los cuales solo 2.000.000 eran trabajadores del sector público, por lo que tampoco se sabe el alcance del bono de guerra en este sector.

«El Sistema Patria tiene una cobertura limitada porque no todo el mundo está inscrito por falta de acceso a internet, a una computadora o teléfono inteligente. También se han presentado denuncias de gente, más que todo adultos mayores, que al momento de inscribirse se encuentran con que sus datos son usados por otras personas», dijo.

Indexación en duda

Los sindicalistas también ponen en duda la indexación anunciada por Maduro para los bonos de guerra y alimentación. León señaló que los montos no pueden depender de la variación del dólar porque si este baja perjudica a los trabajadores. Indicó que la indexación tiene una fórmula para su cálculo que toma en cuenta la inflación y el índice de precios al consumidor.

«Solo hoy en la mañana (2 de mayo) con el anuncio del aumento del cesta ticket, los comerciantes ya estaban aumentado precios, eso genera más inflación y los 130 bolívares de salario mínimo terminarán de desaparecer», rechazó León.

La Central ASI junto a la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) Confederación General de Trabajadores de Venezuela (CGT) y la afín al chavismo, Central Bolivariana Socialista de Trabajadores (CBST) participan por el sector de los trabajadores en el diálogo con el gobierno nacional y empresarios, el cual cuenta con el acompañamiento de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La OIT monitorea en Venezuela el cumplimiento de los convenios número 26 sobre la fijación del salario mínimo, el 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de asociación y el 144 sobre la consulta tripartita en el país, lo cual no ha registrado mayores avances, salvo la instalación de una mesa técnica que discutiría el método de fijación del salario mínimo, cuyas propuestas acaba de «ignorar» el Ejecutivo.

Notificación a la OIT

León informó que cada central sindical explicará a lo interno de sus afiliados el impacto de las medidas anunciadas por Maduro, incluyendo que no se aumentara el salario mínimo, para luego realizar un Comité Ejecutivo Nacional en conjunto que definirá las acciones de protesta.

Indicó que la comisión técnica del OIT que acompaña el diálogo en Venezuela ya fue informada de los anuncios de Maduro y cómo insiste en incumplir los convenios. Agregó que si el Ejecutivo pide sentarse de nuevo a la mesa, las centrales sindicales estarán preparadas para responder.

«La Comisión de Encuesta de la OIT había llamado la atención al Gobierno sobre el incumplimiento de los convenios y ahora esa situación se profundiza, por lo que el tema y la mesa de diálogo está más vigente que nunca», agregó Ritcher.