El Gobierno de Venezuela repudió este martes la orden de captura emitida el lunes por la Justicia de Argentina contra el presidente Nicolás Maduro por presuntos crímenes de lesa humanidad, una decisión que el Ejecutivo chavista tildó de «írrita» y «ridícula».
Según un comunicado oficial, Venezuela «repudia la írrita decisión de una instancia del desprestigiado poder Judicial argentino» en contra también del ministro del Interior, Diosdado Cabello, lo que considera una «burda reacción de retaliación instruida» por el presidente argentino, Javier Milei.
La orden de detención contra Maduro y Cabello fue anunciada luego de que la Justicia venezolana ordenara la detención «preventiva» del mandatario argentino, de la secretaria general del país austral, Karina Milei, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por «robo agravado» y otros seis delitos relacionados con el avión venezolano-iraní que estuvo retenido en Buenos Aires y fue enviado a Estados Unidos en febrero.
A juicio del Ejecutivo venezolano, la decisión del tribunal argentino «carece de fundamentos de competencia y violenta la jurisdicción de los Estados y las inmunidades y privilegios que gozan los presidentes y altos funcionarios».
«Esta ridícula decisión busca apuntalar la progresiva destrucción del Estado de derecho internacional, pretendiendo subrogarse en las competencias de los organismos multilaterales, disminuyendo su papel, afectando seriamente todo el sistema internacional», expresó Caracas.
La decisión en Argentina fue adoptada por la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires en una causa abierta a inicios de 2023, por una denuncia contra Maduro presentada por el Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD), basada en el principio de jurisdicción universal, que permite a los países procesar graves delitos contra los derechos humanos independientemente de dónde se hayan cometido.
El fiscal general, Tarek William Saab, tachó este martes de «estúpida» esa decisión, que también considera una «venganza».
Asimismo, anunció que solicitó a la Interpol una «alerta roja» contra Milei y las dos funcionarias argentinas, también por los delitos de «legitimación de capitales, simulación de hechos punibles, privación ilegítima de libertad, interferencia ilícita en la seguridad operacional de la aviación civil, inutilización de aeronaves y asociación».