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De aprobarse el proyecto de Ley de Cooperación Internacional, Venezuela engrosaría la lista de seis países que ya tienen legislación que obstaculiza el trabajo de las organizaciones no gubernamentales.

Amnistía Internacional (AI) documenta “una alarmante tendencia mundial” de Estados que aprueban y emplean leyes que restringen el derecho a la libertad de asociación y el trabajo de las ONG.

Según AI, los Estados se justifican en nombre de la seguridad, la identidad nacional y los valores tradicionales para “silenciar las voces independientes y críticas de la sociedad civil”.

En el informe Leyes Concebidas para Silenciar, identifican seis países en la región que tienen este tipo de normativa, entre los que destacan Nicaragua y Cuba.

En Nicaragua, la Asamblea Nacional adoptó una ley, en octubre de 2020, que ordena a las fundaciones que reciban subvenciones extranjeras a inscribirse ante el Gobierno como agentes extranjeros.

La ley provocó el cierre, en febrero de 2021, de PEN Nicaragua, afiliada a la asociación de escritores PEN Internacional, y de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, que promueve la libertad de expresión, documenta el Comité Para la Protección de los Periodistas (CPJ).

En Cuba están prohibidas las llamadas “asociaciones, reuniones y manifestaciones ilícitas”, organizada por grupos no inscritos legalmente, de conformidad con la Ley de Asociaciones.

Quienes fundan una organización en Cuba deben solicitar oficialmente al Ministerio de Justicia su inscripción en el registro. “En la práctica, esto equivale a prohibir el legítimo trabajo de las organizaciones de derechos humanos y de los abogados independientes de derechos humanos y dejar a la sociedad civil en un limbo legal, expuesta a actos de hostigamiento y detenciones arbitrarias”, señala AI.

Estados Unidos también figura en la lista gracias a la “Política de Ciudad de México”, que fue ratificada por el expresidente Donald Trump en 2017, que exige que las ONG que reciben asistencia estadounidense en salud en el ámbito global certifiquen que no usan sus fondos propios no estadounidenses para:

1️⃣ Brindar servicios de aborto.

2️⃣ Asesorar a pacientes sobre la posibilidad de aborto o derivarlas para un aborto.

3️⃣ Promover la liberalización de leyes de aborto.

“La restricción convierte a fondos de salud necesarios en un instrumento para limitar las expresiones y las acciones de activistas y proveedores de salud en otros países, al impedirles compartir con los pacientes información de salud sobre aborto o hablar sobre posibles reformas a las leyes de aborto sin perder los fondos estadounidenses”, alerta Human Rights Watch.

Consecuencias en Venezuela

El proyecto de Ley de Cooperación Internacional que discute la Asamblea Nacional le da facultades al gobierno de Nicolás Maduro de eliminar a las organizaciones que considere promueven la aplicación de sanciones contra la República. Esto incluye a medios de comunicación independientes.

El abogado, integrante de la junta nacional de AI Venezuela, Carlos Lusverti, explica a Efecto Cocuyo las consecuencias que provocaría la aprobación de este proyecto de ley.

“Esta ley plantea afectaciones al derecho de libre asociación y a la libertad de expresión (…) es una vuelta de tuerca más que se compara con lo que pueden ser medidas similares que se tomaron en Nicaragua o en Rusia que han sido vehículos para ilegalizar a organizaciones de la sociedad civil”, expresa.

En su opinión, el Sistema Integrado de Registro pone en riesgo de cierre a las organizaciones: “Esta ley no representa un punto de partida, hay que verla en un contexto en el que las autoridades han tenido un discurso estigmatizante contra las organizaciones de la sociedad civil”.

Adicionalmente, Lusverti recuerda que ya hay antecedentes que confirman que el Estado obstaculiza el trabajo de las ONG en el país.

“Muchas veces las organizaciones han tenido que actualizar sus actas de asambleas y registros y las autoridades les impiden hacerlo con lo cual entorpecen su trabajo. En una oportunidad se publicó un cartel en registros y notarias en donde se informaba que no se iban a admitir ni procesar actas constitutivas de asociaciones, ONG y demás”, afirma.

En otros casos, las organizaciones consigan la documentación y no reciben respuesta o son rechazadas en la taquilla”, agrega.

Las modalidades incluyen obligaciones en el ámbito tributario: “Cuando las ONG solicitaban exoneraciones fiscales, en el entendido que son organizaciones sin fines de lucro cuyo propósito es desarrollar programas o actividades en favor de la sociedad, el Seniat rechazaba las solicitudes”, señala.

El activista destaca el comunicado de Foro por la Vida, una coalición venezolana de organizaciones de la sociedad civil, que advierte que el proyecto de ley quebranta no solo el derecho a la asociación, también vulnera estándares internacionales sobre participación, no discriminación, debido proceso y reserva legal.

El proyecto de ley establece, en el artículo 23, el deber que tendrán las ONG de suministrar información a las autoridades competentes “así como a cualquier ciudadano que lo solicite”.

Esta información deberá detallar datos sobre su constitución, estatutos, actividades que realizan, proveniencia, administración y destino de sus recursos, con especificación detallada de sus fuentes de financiamiento.

Sobre esto, Lusverti responde: “El deber de información, que exige la ley, entra en contradicción con la obligación de confidencialidad que te imponen otras leyes en materia de víctimas de violación basada en género o niñez en situación de riesgo, etc. Mucho más en casos de organizaciones que trabajan con víctimas de violaciones de derechos humanos que deben protegerlas de revictimización”.

Fondo para la Cooperación

Los integrantes del Foro por la Vida argumentan que el proyecto de ley “estatiza la cooperación internacional al pretender definir las áreas del Plan Nacional de Desarrollo e imponer a las ONG requisitos adicionales a los controles públicos ya existentes mediante amplios mecanismos de registro, auditorías, entrega de información y sanciones de ilegalización”.

En el comunicado también exponen que la normativa “legitima la disposición de los fondos de las organizaciones y su adjudicación a discreción”.

“El ejecutivo tendría la facultad de crear un órgano especial que se encargue de la captación, administración y prestación de los recursos destinados a cooperación. Dentro de la vago que es esto, existe el riesgo de que actúe como una especie de embudo a través del cual tenga que pasar toda la cooperación internacional, esto no incluye solo recursos financieras, también humanos, materiales, etc”, expone Lusverti.

Acceso a la información

Los medios de comunicación independientes también pueden ser afectados en tanto que para funcionar apelen a la cooperación internacional.

“Hace algunos meses se divulgó, dentro de lo que podemos calificar como una campaña de acoso o ataque contra la sociedad civil, información acerca de fondos de cooperación que habían recibido algunos portales web independientes. En este contexto, algunas iniciativas que promueven el periodismo podrían verse afectadas”, destaca.

Foto: El Nacional.com