La operación anticorrupción que estremeció a Venezuela en marzo de 2023, que dejó 61 personas presas y provocó la renuncia del entonces ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, acabó con un abrupto silencio por parte de las autoridades sobre un desfalco estimado en millones de dólares, tanto por parte de funcionarios chavistas como por opositores, aunque el monto exacto nunca se confirmó.
El fiscal general designado por la Constituyente de 2017, Tarek William Saab, y el jefe de Estado, Nicolás Maduro, acapararon durante seis semanas la atención mediática con discursos implacables contra la corrupción y prometiendo todo el peso de la ley para los señalados, a quienes se les imputó el delito de ‘traición a la patria’.
Sin embargo, la Justicia aún no aclara cuál fue el castigo que recibieron los implicados, para quienes Saab había pedido la «máxima pena», o qué siguió tras la dimisión de El Aissami, que se apartó del cargo -a través de un mensaje en X- para «apoyar» las investigaciones.
Luego de numerosas alocuciones de televisión sobre esta «lucha histórica», el tema dejó de mencionarse, a principios de mayo, en declaraciones del presidente y el fiscal, quien se negó a responder preguntas sobre la posible responsabilidad, o no, de El Aissami, de quien no se supo más, pues desapareció de la escena pública.
Además, el caso cayó en el silencio luego de que la Fiscalía confirmara que dos de los detenidos fallecieron bajo custodia: uno por suicidio y otro por una enfermedad preexistente.
Las pérdidas de la cacería anticorrupción
Aunque Maduro confirmó que decenas de empleados de la cartera de Petróleo y personas cercanas a este despacho desfalcaron «varios millones de dólares», las autoridades nunca precisaron el tamaño de las pérdidas.
Saab reconoció que se trata de una suma «importante», que sería revelada por la Fiscalía más adelante, pero, una vez cerrado el tema, no hubo más comentarios de la institución sobre esta trama.
El diputado oficialista Hermánn Escarrá declaró al canal estatal Venezolana de Televisión que se trataba de tres casos en uno que, sumados, ascendían a 23.000 millones de dólares, la misma cifra que usa el opositor Henrique Capriles cuando increpa al Gobierno para que rinda cuentas al respecto.
A esta variedad de números, se suma la investigación hecha por la organización no gubernamental Transparencia Venezuela, según la cual el desfalco fue de 16.000 millones de dólares.
De cualquier forma y pese al vacío de información, el caso sirvió como disparador para la aprobación de una ley que permite al Estado quitar riquezas a funcionarios corruptos, con lo que pudieron recuperar un total de 1.007 bienes, entre casas, vehículos, oficinas y empresas.
La oposición increpa
El silencio institucional sobre el caso alentó la crítica de opositores, que preguntan por el paradero de El Aissami y denuncian la impunidad que, aseguran, vino tras todo el despliegue de marzo de 2023, cuando Maduro y Saab reiteraron que llegarían hasta las últimas consecuencias.
Bajo esa promesa de justicia también cayó el entonces diputado chavista Hugbel Roa, exministro de Educación Universitaria, quien despojaron de su inmunidad parlamentaria, arrestaron y exhibieron con una braga color naranja en la televisión estatal mientras era señalado de corrupción.
Pero, ahora, la Justicia no da información sobre el proceso contra Roa, quien se mostró durante más de una década como un chavista irreductible, lo que incentiva la curiosidad de los detractores de Maduro y de organizaciones no gubernamentales que critican la opacidad judicial.
Entre todos estos cuestionamientos, el nombre de El Aissami es el que más se repite, pues el antichavismo quiere saber qué ha pasado con el hombre que ocupó antes los cargos de vicepresidente ejecutivo y ministro de Interior y de quien no hay una fotografía o vídeo que confirme su estado desde que dimitió.
Cuando el entonces encargado del principal ministerio del país se apartó del Ejecutivo, también ocupaba el cargo de vicepresidente económico, un cargo que abandonó sin que se conozca un balance sobre sus actuaciones al frente de las finanzas del Estado.