La mayoría de los pranes que hacían vida en las siete cárceles intervenidas en todo el país ahora están recluidos en el Centro de Control y Resguardo del Detenido de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en La Yaguara, Distrito Capital, denunció el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), a través de un comunicado.
La OVP resaltó el sitio de reclusión como una zona que no cuenta con las medidas de seguridad para resguardar correctamente a un grupo de reclusos que aterrorizó a la población penal y civil dentro y fuera de Venezuela.
“La implementación de medidas de seguridad para presos de alta peligrosidad debe equilibrar la necesidad de proteger a la sociedad y al personal penitenciario con el respeto a los derechos humanos y la dignidad de los reclusos”, indicó la OVP en el texto.
La ONG afirmó que, de manera extraoficial, se conoce que entre los pranes presuntamente recluidos en La Yaguara se encuentra uno de los luceros del Centro Penitenciario de Aragua, mejor conocido como Tocorón; uno de los pranes del Centro Penitenciario de Oriente, conocido como La Pica en Maturín; el pran del Centro Agroproductivo de Barcelona, conocido como Puente Ayala en Anzoátegui; los pranes del Internado Judicial de Ciudad Bolívar, conocida como Vista Hermosa en el estado Bolívar; el pran del Internado Judicial de Trujillo y su mano derecha; y el pran del Internado Judicial de San Felipe, conocido como La Cuarta, ubicado en Yaracuy.
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Aún siguen desaparecidos los líderes negativos Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias el “Niño Guerrero” y sus secuaces; así como también de Néstor Richardi Sequera Campos, alias “Richardi” o “El Papa”, pran de la cárcel de Tocuyito en el estado Carabobo.
La OVP denunció que la sede de la PNB en La Yaguara no cumple con los estándares internacionales que debería tener una cárcel que albergue presos de alta peligrosidad. “Estos recintos deben contar con infraestructuras diseñadas para prevenir escapes y enfrentamientos violentos. Esto implica sistemas de seguridad electrónicos avanzados, paredes fortificadas y una disposición espacial que dificulte la movilidad no autorizada”, añade el texto.
De igual manera, se deben establecer protocolos claros y efectivos para situaciones de emergencia, como disturbios o intentos de fuga, así como también se deberían usar sistemas de monitoreo constante para evaluar la conducta de los reclusos.