La ONG Amnistía Internacional criticó las deportaciones de migrantes venezolanos de Trinidad y Tobago, que durante el fin de semana anterior expulsó a 98 connacionales que habían pedido refugio en esa isla caribeña.
“Las recientes medidas adoptadas por las autoridades de Trinidad y Tobago son sumamente alarmantes”, dijeron en un comunicado a mediados de esta semana.
Recordaron la crisis de derechos humanos y la emergencia humanitaria compleja que atraviesa Venezuela obligó a una migración forzada de más de 7 millones de personas, que representan el 25 % de la población venezolana.
“El derecho internacional no deja ningún margen a dudas: las personas refugiadas y solicitantes de asilo en todo el mundo no pueden ser devueltas a donde su vida e integridad corran peligro. Nadie puede ser sujeto a expulsiones masivas”, explicaron.
Detener deportaciones
Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, solicitó al primer ministro de ese país, Keith Rowley, detener este tipo de medidas porque violan las normas internacionales de asilo y refugio.
“Ruego urgente al Primer Ministro @DrKeithRowley para que detenga de inmediato la deportación de todos los venezolanos que buscan asilo”, escribió la activista de derechos humanos en su cuenta de la red social X, antes Twitter.
Qué pasa con venezolanos en Trinidad
A un grupo de 200 migrantes venezolanos los detuvieron durante una redada en una fiesta las autoridades de Trinidad y Tobago, que se celebró el 9 de julio en un bar del distrito de Saint James. Aunque un juez determinó su liberación, el gobierno de Rowley se negó a hacerlo y mantuvo en Chaguaramas a 98 de ellos, a quienes deportó el 13 de agosto.
En su mayoría eran personas provenientes del estado Delta Amacuro, en el extremo oriental de Venezuela.
La ONG recordó un fallo judicial del país caribeño que desconocía la protección a refugiados.
“Amnistía Internacional ya había advertido sobre la situación de vulnerabilidad de las personas refugiadas y solicitantes de asilo en Trinidad y Tobago, luego de una decisión del 4 de julio de la Corte Suprema de Justicia que rechazó la aplicación del principio de no devolución en el país“.
En febrero de 2022, la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la Unicef rechazaron la muerte de un bebé venezolano a manos de la Guardia Costera de Trinidad, que le dispararon a una embarcación con migrantes venezolanos que intentó llegar a esa isla.
“Estamos profundamente entristecidos por esta tragedia y transmitimos nuestras más sinceras condolencias a la familia y a los seres queridos que lloran esta pérdida y deseamos una pronta recuperación a los heridos. Nadie en búsqueda de seguridad, protección y nuevas oportunidades debería perder la vida”, dijo en su momento Eduardo Stein, representante Especial Conjunto de Acnur y la OIM para los refugiados y migrantes venezolanos.
Sin acceso a la educación
Los connacionales también enfrentan dificultades para que sus hijos puedan estudiar en Trinidad y Tobago. Hasta ahora, las autoridades no permiten que personas sin residencia legal puedan inscribir a niños o adolescentes en el sistema público de educación, por lo que se ven obligados, en el mejor de los casos, a inscribirlos en el sector privado.
En esta ocasión, Amnistía reiteró el llamado al gobierno trinitario a evitar este tipo de acciones en el futuro.
“Es imperativo que se detenga de inmediato la deportación de aquellas personas que enfrentan riesgos de persecución y violaciones de derechos humanos en sus lugares de origen”.