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jueves, 18 marzo, 2021

Abogados continúan protestando para exigir apertura de tribunales en Ciudad Bolívar

Los profesionales del derecho emitieron un comunicado para la presidencia del Circuito I con el fin de exigir la actividad judicial tanto en materia civil como en materia penal, pues actualmente solo están realizando audiencias de presentación tres días a la semana

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Ciudad Bolívar.- Un grupo de abogados protestó por segunda vez esta semana frente al Palacio de Justicia de Ciudad Bolívar para exigir que inicie la actividad judicial en el estado Bolívar, que fue suspendida por tres semanas desde el 15 de marzo.

“Hoy venimos a entregar una comunicación firmada por más de 30 abogados al juez rector y presidente del circuito I, Manuel Martínez Marín. Queremos exigir nuestro derecho al trabajo, así como el acceso a la justicia", reclamó la abogada Lizbeth Suárez Siverio.

De acuerdo con el comunicado que recibieron los abogados, estaría funcionando un tribunal de adultos y uno de niños, niñas y adolescentes durante tres días a la semana, con el fin de agilizar algunos procesos, pero cuando estos se acercan al Palacio de Justicia no les permiten la entrada.

“Los trámites civiles y penales están atrasados. Tenemos a muchos privados de libertad que esperan fecha de juicio y fecha de audiencia preliminar. No podemos seguir retrasando los actos civiles, nosotros queremos trabajar con las medidas de bioseguridad", explicó Suárez.

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Los profesionales del derecho se acercan al Palacio de Justicia y no tienen respuesta por parte de las autoridades, solo están los alguaciles quienes dicen no tener información y órdenes de no permitir el ingreso al lugar.

Actualmente, solo están realizando audiencias de presentación los lunes, martes y miércoles, lo que retrasa el proceso de personas que son detenidas durante el fin de semana, porque de acuerdo con la ley venezolana, una persona cuando es detenida debe ser presentada ante el tribunal en un lapso de 48 horas.

En las afueras del Palacio de Justicia de Ciudad Bolívar se encontraban diferentes familiares de personas privadas de libertad quienes esperaban por hablar con jueces, defensores públicos o poder acceder a los expedientes de estas personas.

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