Adultos mayores en Delta Amacuro tienen un año sin cobrar pensión

Delta Amacuro.- Las organizaciones sociales con fines a la promoción y defensa de los derechos de los pueblos indígenas aseguran que, al menos, 5.000 pensionados no pueden cobrar el pago del seguro social por falta de medios de transportes para llegar a Tucupita, capital del estado Delta Amacuro. Esta situación somete a un estado de abandono a las personas de tercera edad en la zona, debido al aislamiento forzado en los municipios Antonio Díaz y Pedernales del Delta del Orinoco.

Santiago Moraleda, habitante del sector, asegura que las personas adultas son los más débiles ante la adversidad por sus condiciones de fragilidad física.

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“La situación de desasistencia es lamentable en las comunidades", señala Moraleda. Afirma que la zona permanece totalmente incomunicada con Tucupita desde hace 12 meses.

De acuerdo con el testimonio de Moraleda, los afectados no tienen la forma de llegar hasta Tucupita para retirar su pensión. Dijo que muchos de ellos tienen entre ocho y 12 meses sin retirar su pensión por la ausencia del transporte que limita a la población a un estado de aislamiento forzado en las comunidades del bajo Delta.

El coordinador de la Organización indígena Osibu, Jesús Jiménez, responsabilizó a las autoridades del estado, a la gobernadora Lizeta Hernández y los alcaldes de los municipios Antonio Díaz y Pedernales por la falta de atención en la zona.

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Para Jiménez, la situación de abandono lesiona las garantías y protección social establecidas en la Constitución de Venezuela y los principios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Consideró la situación como una omisión del Estado venezolano que vulnera los derechos a la alimentación, vestido, asistencia médica y los servicios sociales a los adultos mayores del Delta del Orinoco.

“Nuestra población está utilizando bongos y canoas para llegar hasta Tucupita, invierten tres, cuatro, cinco y hasta una semana viajando días y noches en lentas embarcaciones para llegar hasta la ciudad; situación de carencia que vulnera los derechos humanos de dos municipios con un aproximado de 35.000 habitantes", concluyó Jiménez.