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Acarigua.- La falta de concentrados de hemodiálisis y la renuncia de las tres enfermeras que quedaban laborando, limitó este jueves, 2 de abril, el tratamiento de los pacientes renales del Servicio de Nefrología C.A. (Seneca) de la ciudad de Acarigua, en Portuguesa.
Según la denuncia de los mismos pacientes, los bajos salarios y los malos tratos que recibían por parte de la administración, obligó a las profesiones de salud a dejar sus puestos de trabajo. Ya el pasado sábado 28 de marzo tres personas habían renunciado.
Por otra parte, los concentrados de hemodiálisis que se recibieron por última vez por el Instituto Venezolano del Seguro Social (IVSS), solo alcanzó para los tratamientos de una semana. La situación pone en peligro la vida de 90 pacientes de los municipios del cono norte de Portuguesa y otros que limitan con los estados Cojedes y Lara.
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Marialber Martínez, vocera de los enfermos, dijo a El Pitazo que estos concentrados se están esperando desde el lunes pero no se han recibido. La administración no da respuesta. «Las enfermeras se fueron porque reciben malos tratos, cobran muy poco, no les garantizan transporte y tenían turnos desde las 7: 00 am hasta las 9: pm. Además, nos quedamos sin concentrados», explicó la joven.
Este jueves, el primer turno que debería comenzar a dializarse a las 7: 00 am entró a recibir el tratamiento a las 10: 00 am. Quienes pudieron ser conectados a las máquinas lo hicieron gracias a la buena voluntad de un enfermero que les asistió.
«Solo nos dicen que si llegan los concentrados mañana viernes 3 de abril se dializa a los demás. Al parecer, tienen un grupo de enfermeras que van a contratar, estamos esperando porque no hay garantía», amplió la información Martínez.
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Frente a la presencia del nuevo coronavirus en el país, y debido a la falta de personal que ya se venía presentado y la insuficiencia de máquinas, este servicio de nefrología está en contingencia. Los pacientes estaban recibiendo tres de las cuatro horas de diálisis que necesitan para seguir viviendo.
Ante el desespero de no recibir el vital tratamiento, un grupo de pacientes se dirigió a la sede del Ministerio Público para exponer la situación y denunciar que están siendo vulnerados su derecho a la salud y a la vida. También estuvieron reunidos con la Defensora del Pueblo, Raquel Viera. Ningún ente les garantizó nada.
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