Inclusión laboral de venezolanos migrantes: una tarea pendiente de Colombia

Caracas. A octubre de 2019, 1.630.903 personas habían llegado a Colombia huyendo de la crisis económica y política que agobia a Venezuela, de los cuales 719.189 permanecen de forma irregular, de acuerdo con cifras de Migración Colombia. Y este éxodo inusitado y masivo de venezolanos al país vecino no tiene visos de parar, advierten especialistas en Migración.

En materia laboral, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) indicó en su informe más reciente que 90% de los venezolanos migrantes se encuentra en el mercado laboral informal.

Indicó además que hay 878.000 venezolanos en el mercado laboral y 147.000 se encuentran sin empleo. Las ciudades con las más altas de desempleo entre los venezolanos son Cúcuta, Barranquilla y Bogotá.

Frente a este panorama, Colombia tiene unas «normas muy precarias para el tema migratorio y una ley que no responde a la nueva realidad social que implica la llegada de extranjeros a territorio colombiano», alerta una investigación de la Universidad del Rosario liderada por María Teresa Palacios, directora del Grupo de Investigación en Derechos Humanos de esa casa de estudios.

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Palacios llama la atención sobre el artículo 25 de la Convención internacional para la protección de todos los trabajadores migratorios y sus familias, ratificado por Colombia, que contempla los derechos laborales de los trabajadores migratorios y señala que incluso aquellos indocumentados o en situación jurídica de irregularidad deben de tener las mismas condiciones que un colombiano en temas de salario y condiciones de trabajo dignas.

«Lo interesante en el caso colombiano es que como siempre fuimos país de origen se ratificó la convención, porque había interés en que nuestros nacionales fueran bien tratados(…) y acá se nos invierte el embudo porque comenzamos a ser un destino atractivo para inmigrantes y al tener ratificado ese tratado, debemos darle cumplimiento a esas normas", señala Palacios en la investigación.

Las normas aplicables en el Estado colombiano a los extranjeros son los artículos 13 y 100 de la Constitución. El primero establece que “todas las personas (…) gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar (…)".

El segundo prevé que “los extranjeros disfrutarán en Colombia de los mismos derechos civiles que se conceden a los colombianos. No obstante, la ley podrá, por razones de orden público, subordinar a condiciones especiales o negar el ejercicio de determinados derechos civiles a los extranjeros (…)".

Sin embargo, Palacios advierte que Colombia necesita una legislación que permita «caracterizar qué población» tiene y una «ley estatutaria que condense los derechos de los extranjeros y que contemple la convención internacional para darle protección a las personas» migrantes.

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Agrega que en estas normas debe privar un enfoque de derechos humanos, «es decir, de atención, de solidaridad, de respeto por la dignidad, por el enaltecimiento de la igualdad y por la no discriminación».

«El país está llamado a dar ejemplo en materia de derechos humanos frente a la situación de Venezuela, a pesar de no estar preparado normativamente«, añade.

Sin decreto para evitar explotación laboral de venezolanos

En 2019 el gobierno de Colombia dijo que preparaba crear un Permiso Especial Temporal de Trabajo (Pett) a los venezolanos que se encuentran en condición irregular, es decir, sin el Permiso Especial de Permanencia (PEP) y sin visa.

La entrada en vigencia de la iniciativa estaba prevista antes de finalizar 2019. El propósito era formalizar la estancia de parte de los más de 750.000 venezolanos que están en ese territorio, sin tener los papeles requeridos para acceder a un empleo.

Asimismo, se buscaba evitar la explotación por parte de empresas y personas que pretendan pagar salarios por debajo de los establecidos por la ley o evadir normas de seguridad social. Si embargo, el gobierno de Iván Duque no emitió ningún decreto.

“No podemos permitir que el principal activo de los migrantes sea ser más baratos vía la informalidad", dijo entonces el viceministro de Trabajo, Andrés Felipe Uribe.