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El Central Azucarero Pío Tamayo de El Tocuyo, estatizado en 2001 durante la gestión de Hugo Chávez y paralizado desde marzo de 2020, pasó a manos de una empresa privada, Consorcio Veinca CA, que intenta liquidar a casi 481 trabajadores sin reconocer todos sus años de servicio, declaró a El Pitazo el diputado de la Asamblea Nacional (AN) por el estado Lara, Guillermo Palacios.
Según Palacios, esta es una de las primeras «privatizaciones irregulares» en el marco de la Ley Antibloqueo de Nicolás Maduro, aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) en octubre. “Es una venta simulada, una operación fraudulenta bajo la figura de comodato porque el régimen no quiere reconocer que se están privatizando empresas", dijo.
Trabajadores protestan
Este lunes 23 de noviembre, entre las 7:00 am y las 2:00 pm, los empleados del Central Azucarero Pío Tamayo cerraron las calles aledañas a la planta para exigir una reunión con los representantes del Consorcio Veinca y la Corporación Venezolana Agraria del Azúcar (CVA Azúcar).
El personal asegura que la nueva empresa a cargo del central planea despidos masivos para incorporar a nuevos trabajadores. Entre los afectados hay 48 empleados con más de 30 años de servicio que tramitaban su jubilación, explicó a El Pitazo una fuente del central que reservó su identidad.
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El personal activo recibió una propuesta de liquidación a partir de 2007, así hayan ingresado a la nómina en años anteriores, denunció Palacios. “Los pretenden liquidar con prestaciones chucutas. No han notificado los montos todavía, pero cualquier monto en bolívares se deprecia por la hiperinflación", agregó el parlamentario.
Igualmente, recordó que durante el proceso de nacionalización del Central Azucarero Pío Tamayo los trabajadores eran presentados como acreedores del 25% de las acciones, a cambio de sus prestaciones sociales. Pero en 2010 el Estado venezolano se hizo de la totalidad de las acciones “sin cancelar un bolívar a los trabajadores".
Sobre la reanudación de operaciones en el central, Palacios indicó que es poco factible procesar caña en la planta por el deterioro de los equipos que tienen al menos 70 años de uso. “Desde marzo de este año no hay molienda. El problema del central es un problema de características generales, está relacionado con la cañicultura en general y las políticas económicas erradas del régimen que han producido esta hecatombe en el país", sostuvo el diputado.
Por otra parte, afirmó que la venta irregular del central se está repitiendo en Agropatria y Lácteos Los Andes. “Todas las empresas que dependen del Estado, que antes de ser expropiadas tenían alta productividad y que terminaron quebradas, el régimen las está devolviendo a otros propietarios", comentó.
