Durante el período postelectoral en Venezuela, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) han condenado las detenciones arbitrarias contra dirigentes políticos y periodistas venezolanos. Desde el 28 de julio hasta la fecha, este organismo otorgó medidas cautelares a 12 personas detenidas y perseguidas en el país, al considerar que se encuentran en riesgo.
La Relatoría Especial ha documentado numerosas detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas de líderes políticos y personas que rechazaron los resultados de la presidencial del 28 de julio, en la que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó a Nicolás Maduro sin mostrar las actas.
CIDH denuncia aumento de represión en Venezuela durante manifestaciones postelectorales
En menos de dos meses, la CIDH otorgó medidas cautelares a personas en Nicaragua, Honduras, Guatemala y Cuba, pero solo Venezuela acumula la mayoría de estos mecanismos de protección que entrega el organismo para solicitar a un Estado que proteja a quienes estén en una situación grave y expuestos a sufrir un daño irreparable.
El mecanismo se encuentra previsto en el artículo 25 del Reglamento de la CIDH, el cual establece que, en situaciones graves, la Comisión podrá solicitar que un Estado adopte medidas cautelares, las cuales pueden guardar o no relación con un caso en conocimiento de los órganos del Sistema Interamericano.
Cumplen dos funciones relacionadas con la protección de los derechos fundamentales consagrados en las normas del sistema interamericano. Por un lado, tienen una función cautelar en el sentido de preservar una situación jurídica en conocimiento de la CIDH en peticiones o casos. Por otro lado, cumplen una función tutelar en el sentido de preservar el ejercicio de los derechos humanos, con independencia de si existe una petición o caso subyacente.
En los últimos 35 años, las medidas cautelares han sido invocadas para proteger a personas que se encuentran en riesgo: defensores de derechos humanos, periodistas y sindicalistas. Además de grupos vulnerables, mujeres, niños, comunidades afrodescendientes, pueblos indígenas, personas desplazadas, comunidades LGTBIQ+ y personas privadas de libertad.
10 de agosto: María Andreína Oropeza Camacho
El 10 de agosto, bajo la Resolución 46/2024, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de María Andreína Oropeza Camacho, dirigente del partido Vente Venezuela en el estado Portuguesa, detenida el 6 de agosto por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
La comisión justificó su decisión argumentando que Oropeza se encuentra en una situación de «gravedad y urgencia» que pone en riesgo sus derechos fundamentales. Según el organismo, a la dirigente la detuvieron de manera irregular. Los agentes irrumpieron en su residencia en Guanare sin una orden de allanamiento y se la llevaron sin dar información precisa de su paradero.
En ese sentido, la CIDH solicitó al Estado venezolano adoptar de manera inmediata las medidas necesarias para garantizar la protección de los derechos a la vida y la integridad personal de la dirigente. Asimismo, enfatizó la urgencia de estas medidas, dada la gravedad de la situación y el riesgo de daño irreparable a los derechos de Oropeza.
14 de agosto: Williams Dávila
Mediante una resolución publicada el 14 de agosto, la CIDH analizó la continuidad de la situación de riesgo identificada en 2017, en la que otorgó medidas cautelares al dirigente y miembro del partido opositor Acción Democrática (AD), Williams Dávila, detenido el 8 de agosto cuando estaba en una vigilia en la plaza Los Palos Grandes, en Caracas.
La CIDH estima que la situación actual de Williams Dávila forma parte de un ciclo de eventos en su contra, con el objetivo de retirarlo del debate público. Por lo tanto, solicitó al Estado de Venezuela que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida, integridad personal y salud del exgobernador.
También pidió que se adopten las medidas necesarias para garantizar que pueda realizar sus actividades como dirigente de la oposición en Venezuela sin ser objeto de amenazas, hostigamientos o actos de violencia.
17 de agosto: Roland Carreño
El 17 de agosto, bajo la Resolución 50/2024, la CIDH otorgó medidas cautelares en beneficio del periodista y responsable nacional del partido Voluntad Popular, Roland Oswaldo Carreño Gutiérrez, tras considerar que se encuentran en una situación de gravedad, luego de su detención el 2 de agosto, en Caracas, por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión ha seguido el caso desde su detención en 2020 y señala que la situación refleja una tendencia de represión que podría afectar la libertad de expresión en el país.
17 de agosto: Américo de Grazia
La CIDH adoptó el 17 de agosto de 2024 la Resolución de Seguimiento y Modificación 51/2024, en relación con la situación del dirigente político Américo de Grazia, detenido el 8 de agosto. En 2016, se había emitido una medida cautelar a favor del opositor.
Después de su detención y desaparición, la CIDH modificó la medida y exigió al Estado venezolano que garantice su vida e integridad personal, así como implementar medidas para que tenga contacto con sus representantes legales.
23 de agosto: Carmen Leonor García Azuaje
El 23 de agosto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos adoptó la Resolución 54/2024, mediante la cual otorgó medidas cautelares en beneficio de la secretaria del partido Alianza Bravo Pueblo, Carmen Leonor García Azuaje, tras su detención el 17 de agosto en Puerto Ayacucho, estado Amazonas.
La Comisión manifestó su especial preocupación por la detención de García Azuaje, en especial porque ha sido objeto de amenazas y hostigamientos por su participación como testigo en la elección presidencial en Venezuela.
La CIDH exhortó al Estado venezolano a adoptar las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de Carmen García Azuaje. Asimismo, consideró necesario que se informe si fue presentada ante un tribunal competente o precisar las razones por las que no ha sido puesta en libertad a la fecha.
26 de agosto: Freddy Superlano
Mediante la Resolución 55/2024, el 26 de agosto, la CIDH otorgó medidas cautelares al coordinador nacional del partido Voluntad Popular, Freddy Superlano, detenido de manera arbitraria el 30 de julio por presuntos funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
La Comisión encontró que las autoridades nacionales han negado la posibilidad de protección a favor del beneficiario. En ese sentido, solicitó al Estado que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de Superlano.
27 de agosto: Ana Carolina Guaita
El 27 de agosto, la CIDH emitió la Resolución 58/2024, en la que otorgó medidas cautelares a favor de la periodista Ana Carolina Guaita, detenida el 20 de agosto en su residencia en La Guaira para presionar a sus padres a que se entreguen a las autoridades policiales.
En ese sentido, el organismo exhortó al Estado venezolano a adoptar las medidas necesarias para así proteger los derechos a la vida e integridad personal de Guaita. También solicitó que se le permita desarrollar sus labores periodísticas sin estar sometida a algún tipo de amenaza, hostigamiento o actos de violencia.
2 de septiembre: Perkins Rocha
La CIDH adoptó la Resolución 61/2024, en la que otorga medidas cautelares de protección en beneficio del coordinador jurídico del partido Vente Venezuela y representante del comando Con Venezuela ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), Perkins Rocha Contreras, detenido el 27 de agosto por funcionarios encapuchados y armados.
La Comisión consideró que Rocha se encuentra en una situación de gravedad y urgencia. Por ello, instó al gobierno de Nicolás Maduro a que adopte las medidas necesarias para proteger sus derechos a la vida e integridad personal.
2 de septiembre: Eleanger David Navas Vidal
El 2 de septiembre de 2024, bajo la Resolución 62/2024, se otorgaron medidas cautelares en beneficio del community manager del diario Oriental, Eleanger David Navas Vidal, detenido el 3 de agosto por efectivos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).
Los familiares recibieron información de que lo trasladaron a la cárcel de Yare el 26 de agosto de 2024. No obstante, en ese lugar, les comunicaron que el beneficiario no se encuentra allí. A la fecha, el paradero del joven es desconocido.
En ese sentido, la CIDH solicitó al Estado que permita el acceso y contacto con sus familiares y abogados de confianza, así como precisar las actuaciones realizadas por el defensor público y las condiciones de detención en las que se encuentra.
6 de septiembre: Biagio Pilieri y su hijo
El 6 de septiembre de 2024, la CIDH adoptó la Resolución 63/2024, en la cual otorgó medidas cautelares en favor del miembro del Comando Con Venezuela y dirigente del partido Convergencia Biagio Pilieri Gianninoto, así como a su hijo Jesús Alfredo Pilieri Vasile, responsable juvenil del mismo partido.
El 28 de agosto fueron detenidos por presuntos efectivos del Sebin tras participar en una manifestación. Jesús Alfredo Pilieri fue puesto en libertad el 29 de agosto. No obstante, Biagio Pilieri, continúa preso y sus familiares no tienen certeza de dónde se encuentra.
En ese sentido, la Comisión pidió que se adopten las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de ambos dirigentes. Asimismo, solicitó que se informe si Biagio Pilieri ha pasado por valoración médica.
6 de septiembre: Nélida del Rosario Sánchez Oropeza
El 6 de septiembre, bajó la Resolución 64/2024, el organismo otorgó medidas cautelares a la coordinadora de Formación Ciudadana Electoral de Súmate, Nélida del Rosario Sánchez Oropeza, detenida el 26 de agosto por funcionarios del Sebin y trasladada el 29 hasta El Helicoide.
Sánchez Oropeza estaría en condiciones sanitarias inapropiadas según los cuidados que requieren las enfermedades que padece -afección cardíaca, fibromialgia y asma-, lo que representaría un grave riesgo para su salud.
La CIDH advirtió que su detención podría tener por objeto intimidar a la propuesta beneficiaria, obstaculizando el ejercicio de sus labores de defensa de derechos humanos. Por lo tanto, solicitó al Estado que adopte las medidas necesarias para proteger su vida e informar las razones de su privativa de libertad.
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