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Caracas.- Aunque todavía hay más preguntas que respuestas, la Comisión Especial para la Seguridad Policial e Inteligencia, órgano creado el pasado 7 de abril por el presidente de la Asamblea Nacional y presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, busca no darles tregua al narcotráfico y a la corrupción. Pero por encima de todo busca desmantelar el Estado criminal que, a juicio de la oposición, ha instaurado el gobierno de Nicolás Maduro.
Los integrantes de la referida comisión son personas que han venido trabajando en estos temas desde hace un tiempo:
El diputado Carlos Paparoni, quien también funge como representante regional contra la corrupción, tiene más de un año en el trabajo sobre el rastreo de cuentas del país y los distintos movimientos en bancos internacionales. De igual modo, también ha venido investigando lo relacionado con la trama de corrupción que envuelve a los llamados Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap).
David Smolansky y el comisario Iván Simonovis, encargados de seguridad e inteligencia, tienen ya un tiempo al lado de distintos organismos internacionales. En el caso de Smolansky hay que agregar el tema migratorio. Con ambos conversó El Pitazo.
Al ser una comisión de seguridad e inteligencia, sus miembros adelantan poco de lo que serán las primeras acciones. Lo primero que aclara uno de sus miembros, David Smolansky, es que trabajarán con los gobiernos que apoyan y reconocen a Juan Guaidó.
Smolansky explica que esta comisión especial presidencial tendrá dentro de sus funciones, en primer lugar, dictar líneas estratégicas de seguridad ciudadana, “estrictamente en el área policial». Segundo, retomar la cooperación con la Administración para el Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés) y otros organismos internacionales que tienen como función principal la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.
En tercer lugar, el organismo se propone hacer el rastreo financiero de los dineros que son producto de la corrupción y el narcotráfico. Tanto Smolansky como Iván Simonovis explican que reiniciar el trabajo con la DEA, el FBI y otras agencias permitirá tener un contacto más formal con estos organismos, y esta comunicación facilitará mayores investigaciones y el levantamiento de información.
Simonovis señala que este reingreso de Venezuela en tratados previamente firmados «dará la base legal para poder ejecutar las próximas acciones". “Los anuncios de procesos judiciales contra Maduro y todos los demás -que es lo que esta haciendo Estados Unidos- forman parte del piso legal para todo lo que viene después", afirma el entrevistado.
Para el comisario, el caso de Venezuela es inédito, pues el Estado venezolano encabezado por Maduro cumple con las características de lo que es una organización criminal, que además tomó el poder, y para enfrentar y lidiar con un problema tan grave como este hace falta la unión de muchas fuerzas. Aseguró que están trabajando en un tema de asistencia legal mutua con la que muchos países deben colaborar con información para, precisamente, unir fuerzas y derrotarlos.
Cada uno de los miembros de esta nueva comisión tiene responsabilidades y estrategias que deben apuntar al cese de la usurpación, indica Simonovis.
Nuevo foco: la policía
Algo que poco se ha mencionado en el discurso opositor es lo relacionado con los cuerpos policiales, porque el mensaje se ha centrado casi en su totalidad en el sector militar. Según señalan los entrevistados, la referida comisión buscará llenar ese vacío “articulando, motivando e incentivando" a los funcionarios policiales.
Trabajar en la profesionalización de cara a un gobierno de transición será también otro de los objetivos, de acuerdo con Smolansky, para quien los cuerpos policiales “jugarán un rol fundamental en ese período".
Quien fue alcalde del municipio caraqueño El Hatillo y despojado de su investidura por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), señala que una de las razones que ha forzado a cientos de miles de venezolanos a salir del país es la inseguridad. Por ello, la intención es lograr disminuir los índices de violencia y que eso contribuya al retorno de los migrantes.
Sin bulla y sin prisa
Smolansky destaca como valor importante la discreción para no revelar estrategias y agrega que desde hace tiempo se viene trabajando en el levantamiento de información que, quizás, no es de conocimiento público.
Esta comisión debe presentar un informe ante la plenaria del Parlamento; sin embargo, no hay fecha prevista para ello ni estimaciones de cuándo ocurrirá. “Estamos empezando a trabajar y tener las primeras reuniones y en su momento anunciaremos cuándo será la fecha de presentación y otros detalles. Por ahora prefiero no adelantar ya que se trata del manejo de temas sensibles y de seguridad nacional", dice Smolansky.
Smolansky y Simonovis insisten en dos puntos: lo primero es la motivación para desmantelar lo que califican de Estado criminal; el segundo es que el Gobierno interino revise los convenios para ver en qué punto están.
El trabajo de la comisión no es un hecho aislado de la reciente acusación que hizo el Departamento de Justicia ni de la operación antinarcótico que anunció el Gobierno de Estados Unidos. Smolansky adelantó que vendrán muchas otras acciones. Para materializarlas se ha venido trabajando con otros países, pero hasta ahora no se han hecho públicas.
¿Qué esperan de la comisión?
Además de lo explicado sobre el desmantelamiento de lo que consideran la organización criminal encabezada por Maduro, los entrevistados esperan contribuir con un buen plan de seguridad policial y con la estabilidad de un gobierno de transición. También esperan que Venezuela “deje de ser un paraíso para el tráfico de drogas". La duración del órgano será una decisión de Juan Guaidó.
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