Familiar de preso político: “Tenemos 54 días sin saber de mi hermano"

Por el COVID-19, detectado el 13 de marzo en el país, funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar suspendieron visitas familiares a los presos políticos que están recluidos en ese centro y no permiten que se comuniquen telefónicamente con sus parientes

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Familiares del capitan de navío Luis De La Sotta piden a la misión de Michelle Bachelet que exija fe de vida de los presos de la Dgcim | Foto: cortesía/referencial

Caracas.- La última vez que vieron al capitán de navío Luis Humberto De La Sotta fue el 14 de marzo, un día después de que se anunciara la detección de dos casos de COVID-19 en el país. Ese sábado, su madre pudo hablar con él durante dos horas, una menos de la que regularmente le permiten los custodios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, ubicada en Boleíta. Sus familiares reclaman a la oficina de la alta comisionada de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que exija una fe de vida, no solo del capitán, sino de todos los presos políticos que permanecen en los sótanos del centro de inteligencia.

Molly De La Sotta es hermana de Luis Humberto. Cuenta a El Pitazo que, para la fecha de la última visita, el militar tenía tres meses sin salir al patio para recibir sol y dos semanas sin aire acondicionado en La casa de los sueños, un sótano nuevo al que lo trasladaron el 1° de enero de este año, junto a otros 10 militares.

En ese lugar hay 16 celdas que miden apenas 3 metros de ancho por 2 metros de largo, las puertas son de hierro y no tienen ducha. Dentro de la celda cuentan con una litera, un retrete y un lavamanos.

Tenemos 54 días sin saber de mi hermano, sin visita médica, sin llamadas telefónicas. En la Dgcim dijeron que todo había sido suspendido por el COVID-19, hasta la entrega de alimentos y agua", dijo De La Sotta. 

Pese a la prohibición que les hicieron en un primer momento, los custodios han permitido la entrega de agua y medicinas en tres oportunidades durante la cuarentena. La primera vez fue 20 días después de haber eliminado la visita: aceptaron agua y medicamentos. Luego, el 27 de abril, la Dgcim recibió una bolsa por preso político, tras insistir tres veces. La última vez, que fue el 1° de mayo, los familiares pudieron entregar agua, una lata de atún, una botella de ensure y un paquete de galletas. Ese día, los funcionarios dijeron que llamarían en un mes para recibir más insumos.

¿Quién es Luis Humberto De La Sotta?

El capitán de navío era el segundo comandante de la 8va Brigada de Comandos del Mar que funciona en la Bahía de Turiamo, estado Aragua. El gobierno de Maduro lo acusó de acompañar a María Corina Machado en un plan para derrocar al mandatario. Fue detenido el 18 de mayo de 2018 por funcionarios de la Dgcim, luego de denunciar que el vicealmirante Edward Ojeda Sojo, nombrado segundo comandante de la Infantería de la Marina, utilizaba vehículos de la unidad para fines personales.

Su caso está en un limbo jurídico. En la audiencia preliminar le imputaron instigación a la rebelión y contra el decoro militar. Aunque la jueza del Tribunal Militar 1° de Control de Caracas, Claudia Pérez de Mogollón, ordenó el pase a juicio en diciembre de 2018, aún se desconoce qué tribunal llevará el caso.

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Atención médica

Con la llegada del general Carlos Terán Hurtado a la Dgcim en agosto de 2019, los presos políticos recibieron atención médica. Luego de ese chequeo, operaron al capitán De La Sotta de una carnosidad que ya le impedía ver. Todavía requiere una intervención para retirar cálculos en los riñones, pero las autoridades no lo han permitido.

Desde mediados del año pasado, una comisión de la oficina de Bachelet se encuentra en el país. Han visitado la cárcel de Ramo Verde, pero el gobierno de Maduro no le permite ingresar a los sótanos de la Dgcim, que no tienen condiciones de reclusión.

“Ellos no reconocen ese lugar como un centro de reclusión, a pesar de que los tribunales ordenan llevarlos ahí. La comisión de Bachelet sabe que hay civiles y militares, como el caso de mi hermano, que tienen dos años en los sótanos sin condiciones, violándose todos los tratados internacionales (…) Ellos solos nos dicen que nuestras preocupaciones las llevan a altas instancias", señaló la hermana del militar.  

Recordó que el canciller de la República, Jorge Arreaza, aún no ha respondido la correspondencia de la ONU sobre la Dgcim, enviada en noviembre del año pasado. “La Dgcim actúa con absoluta impunidad, bajo la mirada de la ONU, que debería proteger los derechos humanos en Venezuela", agrega.

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