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Caracas.- La Ley Orgánica de Identificación en su artículo 16 establece que la cédula de identidad constituye el documento principal de identificación de un ciudadano venezolano; pero el gobierno de Nicolás Maduro desde 2016 plantea arbitrariamente que el carnet de la patria sea el pase del venezolano para acceder a ciertos beneficios económicos que pertenecen a la República, hasta el punto de violar derechos fundamentales.
El 31 de mayo, el gobernante anunció un subsidio de la gasolina a través del carnet de la patria, pero luego, su vocero y ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, aclaró que el subsidio se regiría a través del sistema patria, una plataforma digital que sirve, entre otras cosas, para gestionar los pagos de bonos que da el gobierno.
De acuerdo con lo que se indica en el portal web del sistema, se trata de una plataforma que protege al carnet de la patria. Sin embargo, no todas las personas que se inscriben en esa página poseen el documento impuesto por Maduro. Aquellos que no estuviesen inscritos allí pasarían a pagar el combustible a precio internacional, específicamente a 0.5 dólares el litro.
El sociólogo Trino Márquez señala que esa fue la forma abusiva que encontró el gobierno para controlar, coaccionar y chantajear a la población venezolana. Por su parte, el director de Acceso a La Justicia, Alí Daniels, expone que, en primer lugar, la gasolina es un servicio público y por lo tanto ofrecerlo a un precio para unos y a un precio para otros ciudadanos viola el principio de universalidad de los servicios públicos, es decir, garantizar el suministro para todos por igual, sin discriminación.
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Al actuar de forma contraria, el gobierno de Nicolás Maduro viola el artículo 19 de la Constitución, en el cual se establece que el Estado debe garantizar el goce y ejercicio de los derechos humanos. Más adelante, en el artículo 21 se expone que todas las personas son iguales ante la ley y no se permiten discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo, condición social o cualquier otra que menoscabe los derechos de una persona.
No obstante, el abogado especializado en derechos humanos expone que exigir estar inscrito en un sistema para tener acceso a la gasolina va más allá de la discriminación porque se pone en riesgo a aquellos pacientes con enfermedades crónicas que dependen del servicio para recibir el tratamiento o trasladarse hasta un centro de salud. Con esto, el gobierno viola el principio humanitario. “Se está jugando con la vida de las personas", destaca.
“El Estado no puede sujetar un derecho fundamental a una identificación que no está establecida en la Constitución", aclara Daniels, quien además señala que lo que ocurre en Venezuela con la gasolina podría ser tratado como un delito de lesa humanidad porque hay un ataque sistemático en contra de la población. De hecho, el artículo 7 literal k del Estatuto de Roma indica que crímenes de lesa humanidad pueden ser “actos inhumanos que causen intencionalmente o atenten gravemente contra la integridad o la salud mental o física de un individuo".
“Venezuela podría dejar un precedente sobre cómo los derechos económicos pueden ser utilizados por el Estado para controlar a la población", enfatiza el abogado.
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Reina el desamparo
El sociólogo Márquez agrega que resulta contradictorio que el gobierno decida quién echa gasolina y a qué precio, cuando su bandera ha sido “Pdvsa es de todos". Además de ser una imposición, es una medida que segrega y es inaceptable desde el punto de vista jurídico.
Ahora bien, en la práctica se ha visto que estar inscrito en el sistema patria o tener el carnet no es garantía de poder llenar el tanque de gasolina. Al respecto, el profesor asegura que el carnet de la patria es muy útil cuando los recursos abundan, pero no cuando escasean, y solo el círculo de poder es el que tiene derecho.
A su juicio, los venezolanos están desamparados, atemorizados y se sienten humillados. “Venezuela está martirizada por las políticas tan negativas que ha tenido este gobierno. La gente se siente desprotegida", argumenta.
Parte de ese sentimiento de indefensión se debe a que el gobierno, tanto el de Hugo Chávez como el de Maduro, apostó a la desarticulación de las organizaciones civiles: debilitó y persiguió a partidos políticos, sindicatos, gremios, y hasta a medios de comunicación.
“La gente no es sumisa, es pragmática. Sabe que si protesta la encarcelarán, la atacarán, le caerá el aparato represivo del gobierno", puntualiza.
El reciclaje de la imposición
No es la primera vez que el gobierno obliga a las personas a inscribirse en un sistema o a sacarse el carnet para recibir un subsidio por gasolina. En 2018, Maduro también asomó esta posibilidad y creó un Censo Nacional de Transporte, con el cual supuestamente los conductores recibirían beneficios con repuestos y gasolina. Incluso se llegó a plantear un combustible a precio internacional, pero no se concretó. Esta vez, Maduro se escudó en que había pagado en dólares los barriles de petróleos que llegaron de Irán hace apenas semanas para imponer un costo en divisas.
Este mecanismo de control también se ha utilizado como condición para comprar las cajas de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) o para recibir los medicamentos de alto costo del Instituto Venezolano de Seguros Sociales. En enero de 2018, cuando se promocionó el plan 0-800 Salud Ya, le preguntaban a la gente si tenía carnet para entonces entregarle el medicamento que requería.
Ambos expertos aseguran que se utilizan los recursos de todos los venezolanos para entregar “privilegios indebidos" a unos cuantos, lo cual es violatorio de la Constitución.
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