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lunes, 3 julio, 2023

¿Quién es el funcionario de la Contraloría que firma inhabilitación de María Corina Machado?

Antonio José Meneses Rodríguez fue una persona cercana a Manuel Galindo, contralor entre 2014 y 2018. Hoy pertenece al entorno de la primera dama, Cilia Flores

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La Contraloría General de la República inhabilitó a la dirigente política María Corina Machado para ejercer cargos de elección popular por 15 años. Lo hizo después de una investigación patrimonial en la que se determinaron errores y omisiones en las declaraciones juradas, según la institución. Antonio José Meneses Rodríguez es quien suscribe el documento, pero, ¿quién es este funcionario y cuáles son sus vínculos con el Gobierno? 

El exfiscal venezolano y abogado penalista Zair Mundaray indicó que el director general de Procedimientos Especiales de la Contraloría, Antonio José Meneses Rodríguez, es una persona cercana a Manuel Galindo, contralor desde 2014 hasta 2018, y tiene un vínculo cercano con la primera dama, Cilia Flores. Además, Galindo fue investigado por hechos irregulares y de corrupción junto a su hija Mayra Galindo en 2017, pero el procedimiento judicial quedó paralizado. 

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La hija del entonces contralor Galindo, Mayra Alejandra Galindo, ocupaba la presidencia de la Fundación para Servicios de Salud y Previsión Social de la Contraloría (Sersacon). Mediante esa figura podía contratar bienes, servicios y disponer de activos de la institución, que en 2017 encabezaba su padre.

Antonio José Meneses Rodríguez, el mismo que firma la inhabilitación de María Corina Machado, figura como miembro principal de Sersacon, según resolución No. 01-00-000173 del 7 de marzo de 2017, publicada en Gaceta No. 41.119 del 22 de marzo del mismo año.

Protegido del madurismo

Antes de llegar a la Contraloría General, Antonio Meneses fue designado gerente general de Asesoría Jurídica de la Procuraduría General de la República gracias a los vínculos de Cilia Flores con Manuel Galindo, quien quedó en el cargo de procurador luego de que ella lo designó de manera ilegal para sustituirla, explicó Zair Mundaray en entrevista telefónica con el equipo de El Pitazo. 

«A Galindo lo pasan a la Contraloría para avalar actividad estatal sin contratación pública, que es uno de los grandes focos de corrupción. Él es uno de los artífices de esa vagabundería, pero en vez de crear una empresa, crea una fundación y se la entrega a su hija, quien pone a Meneses en la junta directiva. Por lo tanto, son ellos mismos los que disponen de los recursos de la Contraloría», precisó Mundaray.

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En ese sentido, Mundaray afirmó que Antonio José Meneses Rodríguez es un personaje importante en esta trama de corrupción, pero secundario porque la atención estaba en Galindo, porque había testigos importantes que conocían que se apropió de grandes cantidades de dinero e incluso de bienes públicos mediante la fundación.

Por otra parte, en 2021, el Poder Ciudadano postuló como candidato a Meneses para integrar el Consejo Nacional Electoral (CNE), tal como consta en la lista pública de la Asamblea Nacional.

«Es una desfachatez y jamás podría ocupar ese puesto, pero posiblemente aparezca nuevamente en la lista y hay que estar atentos. Ya sabemos que es una persona capaz de hacer lo que el régimen diga, independientemente de la legalidad», dijo Mundaray.

Inhabilitación inconstitucional

«Contra Maria Corina no procede nada de lo que hicieron. La única forma de inhabilitarla es mediante una condena por delito de corrupción. Es decir, los inhabilitados tenían que ser Galindo, su hija y Meneses, porque ellos sí cometieron delitos», afirmó el abogado penalista.

El especialista explicó que a la dirigente política ni siquiera le notificaron sobre algún procedimiento administrativo y no tiene una causa judicial, pero de pronto aparece una inhabilitación inconstitucional de 15 años, lo que representa una violación al debido proceso. 

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«La alternativa de María Corina, desde el punto de vista jurídico, es ir por la vía contencioso-administrativa. Tendría que solicitar la nulidad del acto y pedir que se revise ante el contralor, quien deberá verificar la decisión del director que la dicta. Sin embargo, eso es casi que un saludo a la bandera porque, evidentemente, es una decisión por orden de Nicolás Maduro», agregó Mundaray. 

Aseguró el abogado que la inhabilitación no es un tema jurídico. «Usaron al peor funcionario que pudieron escoger porque es uno que ha incurrido en innumerables vicios. Tenía que ser un personaje así, sin escrúpulos, que aspira a seguir avanzando en obtener poder bajo esta fórmula delictiva que implica el régimen de Maduro».

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