Tanto Lula da Silva, presidente de Brasil, como Gustavo Petro, presidente de Colombia, pusieron en duda la legitimidad del gobernante venezolano y rompieron relaciones con otro aliado: Daniel Ortega
Por: Venezuela Vota / La Hora de Venezuela
Los votos de los venezolanos no solo se registraron en las máquinas de votación, sino que resonaron en todo el mundo. La demanda de la publicación de las actas electorales al Consejo Nacional Electoral (CNE) ha sido la bandera de la comunidad internacional. Aunque también le ha servido de reflexión a quienes han sido afines a Nicolás Maduro. El Pitazo repasa las reacciones que ha generado la elección presidencial del 28 de julio en el escenario internacional y que, a un mes del sufragio, sigue siendo el tema principal de las organizaciones y los Estados.
Informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)
El anuncio de los resultados electorales por parte del CNE es un hecho que “no tiene precedente" en las elecciones democráticas contemporáneas. Así lo definió el Panel de Expertos de las Naciones Unidas en su informe preliminar publicado el 13 de agosto. La alocución de Amoroso pasó a la historia de los sufragios por la falta de publicación detallada de los resultados. También por validar un proceso ausente de integridad y transparencia, dos elementos esenciales para el desarrollo de unas “elecciones creíbles".
Los cuatro expertos que siguieron la jornada electoral reportaron que no hubo un seguimiento a las disposiciones legales y regulatorias nacionales, además señalaron que los plazos establecidos fueron incumplidos. Esas transgresiones tuvieron “un impacto negativo" en la confianza del resultado anunciado por el CNE entre “una gran parte" del electorado venezolano.
Otra de las irregularidades durante la gestión de los resultados fue la interrupción “brusca" de la transmisión electrónica. El CNE no le explicó al panel qué sucedió en las horas posteriores al cierre de las mesas. Luego Amoroso denunció un ciberataque terrorista que retrasó la tabulación, pero la delegación tampoco recibió información al respecto. Además, las autoridades cancelaron tres auditorías postelectorales, una de ellas enfocada al sistema de comunicación y que hubiese “arrojado luces" sobre cualquier ataque externo.
Entre las observaciones mencionadas, hubo un cambio de conducta en los miembros del CNE. Desde la llegada del panel a Venezuela hasta el cierre de las urnas, destacaron que las autoridades cooperaron y apoyaron. Incluso, interactuaron con “una amplia gama de interlocutores" y mantuvieron un “diálogo constructivo". Ese comportamiento cambió después del cierre de las mesas. Tanto así que, cuando el panel envió una solicitud para hablar con la Junta Directiva, no hubo respuesta y no se reunieron.
Ante estas omisiones, la ONU hizo énfasis en los protocolos de resultados impresos (las actas). Al ser una “medida de salvaguardia clave de transparencia", revisó una muestra y confirmó que tenían dispositivos de seguridad como los códigos QR, códigos de comprobación con firmas únicas, y las firmas físicas de funcionarios y agentes. La delegación explicó que la comprobación se hizo con las actas de dominio público y las que fueron publicadas por la oposición venezolana.
Pese a no ser una misión de observación, el panel de la ONU fue parte de las delegaciones que siguieron los comicios y ofrecieron una mirada crítica del proceso, algo que no pudo hacer la Unión Europea (UE), ya que Amoroso revocó su invitación dos meses antes de las elecciones.
Informe del Centro Carter
“Es muy gratificante que estén presentes en Venezuela", con esas palabras el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, le dio la bienvenida a los representantes del Centro Carter seis días antes de la jornada electoral. Sin embargo, esa “alegría inmensa" expresada por el general no la replicó el 30 de julio, cuando la ONG concluyó que las elecciones presidenciales no podían ser consideradas como democráticas por no adecuarse a los estándares internacionales.
Así como la ONU, la crítica principal del Centro Carter fue la falta de los resultados desglosados en el anuncio de Amoroso. Eso significó una “grave violación a los principios electorales". También indicó que en ninguna etapa del proceso se cumplió con elementos básicos para mantener la integridad electoral, pero sí “se infringieron numerosos preceptos" de la legislación nacional. Además, acusó a las autoridades del CNE de mostrar parcialidad a favor del gobierno y en contra de la oposición.
La declaración del centro abarcó aspectos preelectorales que influyeron en la jornada del 28 de julio. Mencionó los numerosos inconvenientes que se presentaron para actualizar el registro electoral, tales como los plazos “muy cortos", los escasos lugares para inscribirse y una “mínima campaña" de información y difusión pública. Incluso, denunció las “barreras legales desmedidas y arbitrarias" que tuvieron los ciudadanos para registrarse en el padrón del extranjero.
Otros señalamientos fueron las intervenciones judiciales a los partidos opositores para reducir el liderazgo social de los mismos y beneficiar al oficialismo. Esto influyó en la conformación de las candidaturas, sobre todo para la PUD que no pudo inscribir a Machado, ganadora de las primarias, por una inhabilitación política. Tampoco a quien cedió su candidatura, la profesora Corina Yoris. Pese a eso y con el apoyo de Un Nuevo Tiempo (UNT), González Urrutia pudo ser registrado como candidato.
El 20 de agosto, casi un mes después de que su ministro de Defensa destacara la “seriedad" y el “prestigio" del Centro Carter, Maduro calificó como una “imbecilidad" el pronunciamiento de la ONG, a cuyos miembros describió como “restos mortales" durante una transmisión de su programa ‘Con Maduro+’ en Venezolana de Televisión (VTV). La perspectiva gubernamental sobre la misión cambió luego de que la declaración no fuese condescendiente con la postura oficialista.
Crítica y respaldo internacional
Uno de los pronunciamientos más resonantes sobre Venezuela fue el discurso de Washington Abdala, representante de Uruguay en la Organización de Estados Americanos (OEA), institución que se reunirá este 28 de julio en una sesión extraordinaria para tratar la situación postelectoral junto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“¿Creen que ocho millones de venezolanos salieron a hacer turismo por el mundo?", exclamó el uruguayo frente al resto de miembros, luego de afirmar que González Urrutia había ganado las elecciones. En esa reunión del 16 de agosto se aprobó por consenso una resolución para exigir al CNE la publicación de las actas electorales.
Entre las organizaciones que han respaldado los dos boletines publicados y la sentencia del TSJ está la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP). Esta institución, cuyo secretario general es el exvicepresidente venezolano Jorge Arreaza, está conformada por Bolivia, Cuba, Nicaragua, Venezuela y seis países de las Antillas. La alianza dijo que la decisión del máximo tribunal, presidido por Caryslia Rodriguez quien ha militado en el PSUV, fue “una muestra irrefutable de la institucionalidad venezolana".
Por otra parte, la ONU, que envió al panel de expertos para seguir las elecciones, y la UE discreparon de la organización bolivariana. La Misión de Determinación de Hechos advirtió sobre la falta de independencia del ente electoral y el TSJ. Mientras que el alto representante de la comunidad europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, reiteró el 23 de agosto su desconocimiento a los resultados anunciados por el Amoroso e insistió en que sean publicados de forma verificada.
En cuanto a los mandatarios, Miguel Díaz-Canel (Cuba), Daniel Ortega (Nicaragua) y Vladimir Putin (Rusia) apoyaron la ratificación del tribunal. En contraste con ellos, Gabriel Boric (Chile) dijo que el TSJ “consolidó el fraude" y reafirmó que hay “una dictadura que falsea elecciones". Luis Lacalle Pou (Uruguay) siguió la línea de su homólogo chileno al reiterar el fraude y decir que “la dictadura cierra las puertas a una vida institucional y democrática". Bernardo Arévalo (Guatemala) aseguró que la crisis en Venezuela es “indiscutible" y Santiago Peña (Paraguay) calificó como “inaceptable" la validación del tribunal.
Los países americanos que rechazaron el fallo publicaron un comunicado conjunto el 23 de agosto. Además de los Estados mencionados, Argentina, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Panamá, Perú y República Dominicana se sumaron al desconocimiento y exigieron que se haga una auditoría imparcial e independiente. Incluso, el Departamento de Estado estadounidense y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Canadá coincidieron en que la sentencia “carece de credibilidad". Por su parte, la vicepresidenta Kamala Harris instó al CNE a apegarse a los “más altos estándares de transparencia" y le exigió publicar resultados detallados.
Al ser consultado sobre la tensión entre Estados Unidos y Venezuela, el abogado y analista político de LOG Consultancy, Giulio Cellini, aseguró a El Pitazo que después del 28 de julio las relaciones colapsaron, se deterioraron y proyectó un aumento de las sanciones. El 21 de agosto la agencia Reuters, a partir de sus fuentes en el Consejo de Seguridad Nacional estadounidense y el Departamento del Tesoro, informó de la elaboración de una lista de sesenta funcionarios que serán posiblemente sancionados por lo ocurrido en las elecciones presidenciales.
En el contexto postelectoral se espera un recrudecimiento de la conflictividad y crispación de las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela
Giulio Cellini, analista político de LOG Consultancy
Aparte de los Estados, las organizaciones no gubernamentales también alzaron la voz por la situación postelectoral de Venezuela. El 1 de agosto, en el marco de las protestas, ocho instituciones publicaron un comunicado conjunto para condenar los elevados índices de violencia y la represión gubernamental. Amnistía Internacional (AI) y Freedom House junto a otras seis ONG reclamaron por el respeto y la garantía del derecho a la libertad de expresión y la protesta pacífica.
Las posturas de Brasil, Colombia y México
Algunos de los aliados más cercanos a Maduro no han apoyado su reelección ni la ratificación del TSJ sobre los boletines publicados. Tres días después de que el CNE proclamó al mandatario, los gobiernos más afines a su gestión no lo reconocieron. El 1 de agosto Lula da Silva (Brasil), Gustavo Petro (Colombia) y Andrés Manuel López Obrador (México) pidieron la publicación de las actas a la autoridad electoral para que haya una verificación imparcial de los resultados.
“Hay posturas que no terminan de quedar claras", dijo el internacionalista egresado de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Lauren Caballero, cuando El Pitazo le preguntó sobre la posición del Gobierno brasileño. Explicó que no se ha definido si seguirá mostrando un apoyo irrestricto al oficialismo venezolano como hizo antes de las elecciones. Tampoco si habrá negociaciones para mantener las relaciones económicas o para ayudar a Venezuela a evadir un potencial incremento de las sanciones, a raíz del tema institucional.
Durante una entrevista con CNN el 22 de agosto, el asesor político de Lula, Celso Amorim, comentó que, pese a que el gobernante venezolano no ha cumplido su promesa de que se publicarían las actas, ha preferido “creer en él". Además, insistió en la propuesta de hacer nuevas elecciones con la UE como observador, pero esta institución debe “ser tolerante" y aliviar las sanciones para que el CNE le permita participar.
Con respecto a la repetición de elecciones, Petro hizo esta propuesta el 15 de agosto, aunque no convenció al Gobierno venezolano. “Nosotros no practicamos la diplomacia de micrófono", le respondió Maduro un día después. También le dijo a VTV que jamás opinaría sobre qué debe hacer un país sobre sus asuntos internos. Luego recordó que es garante del proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y opinó que “está terrible" la guerra en Colombia.
El 24 de agosto el canciller colombiano, Luis Murillo, informó que seguía trabajando en “todos los diálogos necesarios" con homólogos de la región sobre la situación política de Venezuela. Entre esos representantes está México, cuyo presidente mostró una conducta pasiva el día anterior, cuando se le preguntó sobre la sentencia del TSJ en una rueda de prensa matutina. “Vamos a esperar a que se conozcan las actas", respondió.
La postura del Gobierno mexicano fue replicada por España. La agencia EFE aseguró que fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores reiteraron que no habrá un reconocimiento a los resultados del CNE hasta que “de manera íntegra y verificable", se muestren las actas. Estos documentos fueron publicados por la oposición que, desde el 2 de agosto y ante la inacción del CNE, ha recopilado 25.073 actas (83,50%) en la página web ‘Resultadosconvzla.com’. Los materiales almacenados en el sitio web fueron verificados por el panel de expertos de la ONU.
Se está apostando por un regreso a la Constitución, a la política racional, para que se permitan las auditorías en el marco de una negociación. Eso se extenderá durante meses, pero el tiempo juega en contra para quienes quieren que se respete la voluntad popular y a favor del sostenimiento del modelo actual
Lauren Caballero, internacionalista egresado de la UCV
Las amistades de Maduro rompieron sus lazos el 27 de agosto. En una cumbre de la Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra América (ALBA), el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, definió como “arrastrada", “pobre" y “vergonzosa" la posición que Brasil y Colombia han tomado. La respuesta de Petro fue contundente: “Al menos no arrastro los derechos humanos del pueblo y de mi país".
La tensión entre los mandatarios estalló en agosto. El embajador brasileño en Nicaragua, Breno de Souza da Costa, fue expulsado por el Gobierno sandinista el 8 de agosto y, el mismo día, Lula desterró a su homóloga nicaragüense, Fulvia Castro. Ortega no detuvo su actitud conflictiva al romper relaciones con Brasil, sino que la agudizó. Le ofreció a Maduro “combatientes sandinistas" para acompañarlo en una presunta “batalla" en Venezuela donde, a un mes de los comicios, se han reportado 24 muertos por la represión postelectoral.
Una de las conclusiones más evidentes de lo ocurrido en este mes es que Nicolás Maduro reafirmó que tiene escasa, por no decir nula, credibilidad. La serie de reacciones internacionales redujo la limitada legitimidad que le otorgan algunos países e hizo desconfiar a sus aliados más cercanos. En medio de las contradicciones del oficialismo y la presión de la comunidad internacional, el CNE se abstiene de hablar. Sin embargo, su silencio no genera dudas en el electorado, sino que le causa mayor convicción sobre lo que reflejan las actas electorales.
Miles de venezolanos en las zonas más desconectadas del país visitan El Pitazo para conseguir información indispensable en su día a día. Para ellos somos la única fuente de noticias verificadas y sin parcialidades políticas.
Sostener la operación de este medio de comunicación independiente es cada vez más caro y difícil. Por eso te pedimos que nos envíes un aporte para financiar nuestra labor: no cobramos por informar, pero apostamos porque los lectores vean el valor de nuestro trabajo y hagan una contribución económica que es cada vez más necesaria.
HAZ TU APORTE
