Caracas.- Pilas de sacos con escombros, una fachada a medias, áreas tanto médicas como administrativas desmanteladas y un estacionamiento lleno de huecos es lo que queda del Hospital Dr. Dr. Leopoldo Manrique Terrero. El centro de salud, también conocido como Periférico de Coche por su ubicación al suroeste de Caracas, fue cerrado el 8 noviembre de 2018 por una remodelación, ordenada luego de que explotara uno de los transformadores que surtía energía eléctrica a la edificación.
Las obras originalmente debieron culminar en marzo, pero los reiterados cambios de directiva y la opacidad con la que se ha manejado su ejecución ocasionaron que los trabajos fueran pospuestos cinco veces. Hasta la fecha de la publicación de este trabajo no existe siquiera un lapso tentativo de entrega de las labores que garantice la reapertura.
La denuncia fue realizada por Zuleika Pérez, dirigente sindical del Periférico de Coche y quien hasta el día del forzado cierre trabajó como enfermera por más de 10 años ininterrumpidamente en esa institución. Pérez rechaza el retraso y la falta de celeridad en la rehabilitación de las áreas derribadas de forma injustificada, según cuestionó.
LEE TAMBIÉN
HASTA 500 DÓLARES MENSUALES GASTAN DIABÉTICOS PARA ASEGURARSE TRATAMIENTO EN VENEZUELA
«No se justifica que hayan demolido casi todas las áreas del hospital, cuando la explosión ocurrió en el sótano», recriminó.
Ni camas, ni mobiliario, ni equipos médicos quedan dentro del centro asistencial, que es el único en su tipo en la zona y en el que se atendía a alrededor de 2.000 personas por día.
«La remodelación empezó con retraso, un mes después de la explosión. Sin previo aviso el antiguo director mandó a sacar el mobiliario, los insumos y los equipos y nunca se nos informó a dónde iban a ser llevados. No hay ningún departamento apto para recibir pacientes. Todo es escombro», relató.
Sin dirección
Para el momento de la evacuación, realizada por un equipo de Protección Civil, el director del Periférico era Earle Siso, quien actualmente ocupa la dirección interina del Hospital Clínico Universitario. En febrero fue designado como director general Miguel Rangel. Al mes de asumir el cargo, Rangel prometió en reunión con los trabajadores que en un plazo de 90 días, es decir, el 6 de junio, el hospital iba a ser reabierto, recordó Mauro Zambrano, dirigente del Sindicato de Clínicas y Hospitales.
Zambrano enfatizó que los cambios administrativos se dieron a la par de las modificaciones en el cronograma de entrega. No obstante, nunca se esclarecieron formalmente las circunstancias que causaron la explosión, principal razón esgrimida para el desmantelamiento de los pisos 2,3 y 4, así como los espacios de la cocina.
LEE TAMBIÉN
GREMIO DE ENFERMERÍA TANTEA CON PARO DE 48 HORAS POSIBILIDAD DE HUELGA INDEFINIDA
«Supimos, extraoficialmente, que la explosión se produjo presuntamente por la sobrecarga de los circuitos del sótano, debido a las tomas ilegales que hacían los vendedores informales que están instalados afuera del hospital. Pero esto nunca fue confirmado por un peritaje o un informe técnico de Corpoelec o los bomberos», señaló.
El sindicalista sostuvo que desde una semana después de efectuado el desalojo de pacientes hospitalizados y la suspensión total de los servicios, los trabajadores advirtieron sobre el temor de que la clausura se fuese a extender por tiempo indefinido. Doce meses después han comprobado con pesar que el miedo no era infundado.
Opacidad total
Pérez y Zambrano denunciaron que todo el año que ha transcurrido desde el cierre, ni la comunidad, ni los trabajadores conocen el nombre de las tres empresas que han realizado trabajos, ni los montos aprobados para la realización de las reparaciones, que han incluido desde reemplazo de cerámicas hasta repavimentación del piso del estacionamiento. Todos en fase preliminar.
«Al principio se conoció que eran tres empresas, a las que se les asignaron espacios diferentes, supuestamente para agilizar los trabajos. Dos de esas han suspendido varias veces las obras por falta de pago. Nunca hemos sabido sus nombres, ni de cuánto es la inversión», indicó Pérez.
Esta omisión contraviene lo dispuesto en el artículo 172 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas, en el que se estipula la obligatoriedad de que los nombres de las empresas y fondos asignados sean de conocimiento público, mediante la instalación de vallas.
«Todas las entidades político territoriales y las organizaciones de base del Poder Popular, deberán garantizar la instalación de vallas que faciliten la identificación de los proyectos de obras aprobados», estableció la referida norma.
El objetivo de las vallas, que deben instalarse en los primeros 10 días hábiles luego de iniciado el trabajo, es «garantizar la contraloría social y la supervisión de los proyectos», como dispuso el reglamento, publicado en la Gaceta Oficial N° 40.603.
En lugar de la valla con el nombre del contratista, el número de contrato y la descripción de los trabajos, está una vieja ambulancia inservible, parada al lado de unos sacos con escombro. El recinto es vigilado por funcionarios de la Guardia Nacional en el que alguna vez fue el centro hospitalario de tipo III más importante del sector.
DÉJANOS TU COMENTARIO