El camino hacia el proceso electoral del 28 de julio está marcado por una serie de irregularidades que, de acuerdo con los análisis de la ONG Defiende Venezuela, representan la violación de derechos para la oposición, a pesar de que el gobierno firmó el acuerdo de “Elecciones Libres y Democráticas” en Barbados.
Las primeras señales de este panorama, según la organización no gubernamental, se dieron con el desconocimiento de los resultados de la elección primaria, y las inhabilitaciones de María Corina Machado y de Henrique Capriles Radonski.
Defiende Venezuela agrega a esto las detenciones arbitrarias de varios integrantes del equipo político de Vente Venezuela, la negativa del Consejo Nacional Electoral (CNE) en dejar inscribir a Corina Yoris través de la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), los pocos puntos de registro para nuevos votantes y actualización de datos, y las limitaciones impuestas por las embajadas y consulados para aceptar cambios de residencia e inscripción de electores migrantes.
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Derechos violados
Ezequiel Monsalve, coordinador de litigio internacional de la ONG Defiende Venezuela, identificó los siguientes cuatro derechos civiles y políticos que, asegura, han sido flagrantemente violados durante este proceso:
1- Derecho a la participación en asuntos políticos:
El acceso equitativo a la participación política se ve obstaculizado por la persecución y criminalización de la disidencia política.
La represión contra líderes opositores, la censura mediática y las amenazas a la libertad de expresión limitan gravemente la capacidad de los ciudadanos para involucrarse de manera significativa en la toma de decisiones políticas y en la construcción de una sociedad democrática.
Un claro ejemplo de esto, es que a Corina Yoris no le permitieron inscribirse como candidata mediante la tarjeta de la MUD. De hecho, hasta el momento no ha habido un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades gubernamentales sobre esta prohibición.
Ningún órgano administrativo puede restringir los derechos políticos a elegir y ser elegido, menos aún imponer obstáculos para postularse a cargos públicos
Es vital que se garantice el derecho a la participación política en condiciones de igualdad y con apego a las reglas…
— PROVEA (@_Provea) March 24, 2024
2- Derecho al sufragio:
Esto implica el derecho a elegir y ser elegido, como se establece en el artículo 63 de la Constitución y se ejerce mediante votaciones libres, universales, directas y secretas.
El derecho al voto no se limita únicamente al acceso a las máquinas de votación, sino que debe hacerse en un contexto libre y con una participación sin ningún tipo de discriminación.
3- Derecho a asociarse:
Esto se vio materializado con la exclusión de varios partidos de la contienda electoral, las imposiciones de restricciones mediante la disolución y/o intervención de partidos opositores y el encarcelamiento de miembros de partidos políticos.
Esto limita severamente la capacidad de los ciudadanos para organizarse y participar en la vida política y social del país, generando un ambiente de temor y represión.
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4- Derecho a manifestarse:
La represión violenta de protestas pacíficas por parte de las fuerzas de seguridad en Venezuela ha sido ampliamente documentada. Se han reportado detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza y violaciones graves de los derechos humanos durante manifestaciones.
Lo que ha generado un clima de miedo y autocensura, inhibiendo la capacidad de los ciudadanos para expresar sus opiniones y demandas legítimas de manera pacífica y democrática.
Lee aquí el Reporte 2023 sobre la Represión en Venezuela del Foro Penal
Llamado a la comunidad internacional
Desde Defiende Venezuela alertaron que la situación de los derechos humanos en Venezuela es profundamente preocupante, al violarse los derechos civiles y políticos, incluyendo la manipulación de procesos electorales, la represión de la libertad de asociación, la participación política limitada y la violencia contra manifestantes pacíficos, evidencian una grave erosión de las normas democráticas y el estado de derecho en el país.
Por ello hacen un llamado a la comunidad internacional para que continúe denunciando estas violaciones y presione por medidas concretas que promuevan la restauración de los derechos fundamentales y la búsqueda de soluciones pacíficas y democráticas para la crisis en Venezuela.
